El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), la gran corte que integrará la actividad internacional de la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, busca secretario general.
El pasado 18 de octubre, el recién constituido CIAM lanzó una convocatoria para seleccionar al que será el nuevo secretario del organismo y los interesados han tenido hasta el pasado 1 de noviembre para enviar sus currículums. Según consta en el anuncio, el elegido debe contar “con experiencia acreditada en el mundo del arbitraje internacional” y “poseer dotes de liderazgo”. Además, “deben tener experiencia en entornos internacionales, capacidad de trabajar en varios idiomas y amplia disponibilidad para viajar”. El CIAM no especifica las condiciones económicas del puesto y señala que se negociarán directamente con el candidato.
El nuevo secretario general se unirá al también recientemente elegido presidente José Antonio Caínzos, socio de Clifford Chance y todo un peso pesado del arbitraje en España. Desde el sector apuntan a que la convocatoria ha despertado mucho interés y señalan que el nuevo secretario debe tener unos galones similares para que la nueva corte logre su principal objetivo: convertirse en una plaza de referencia internacional al mismo nivel que París o Londres. Las vicepresidencias las ocupan Elena Otero-Novas, Urquiola de Palacio y Juan Serrada.
El Pleno del CIAM, que previsiblemente verá la luz en los primeros compases de 2020, está constituido por José María Alonso, Begoña Castro, Adolfo Díaz-Ambrona, Josef Fröhlingsdorf, Giulio Palermo, Pilar Perales, Dámaso Riaño, Julio César Rivera y Francisco Ruiz Risueño, además del citado Caínzos y los tres vicepresidentes.
Sera este 'consejo de sabios' el que decidirá el nombre del nuevo secretario, previa propuesta del presidente. El seleccionado trabajará mano a mano con tres vicesecretarios ya nombrados: Díaz-Ambrona, Riaño y Ruiz Risueño.
A la espera del Constitucional
Además de diseñar un organigrama de peso, el sector del arbitraje aguarda la decisión del Tribunal Constitucional sobre un recurso de amparo que, literalmente, decidirá el futuro del arbitraje en España.
Se trata de un recurso presentado por la viuda del marqués de Paul en el marco de la disputa por la herencia de los Larios. El escrito, preparado por el abogado y árbitro Bernardo Cremades, fue presentado hace más de un año y ha sido admitido a trámite recientemente. La decisión que tome el Constitucional establecerá el papel de la Justicia ordinaria en la anulación de arbitrajes, una de las principales preocupaciones del sector por la gran inseguridad jurídica que genera.
A día de hoy, tras dictarse un laudo arbitral, la normativa permite que una de las dos partes (o las dos) presente un recurso de nulidad ante la Justicia ordinaria. Y aquí está el quid de la cuestión, porque los tribunales entran al fondo del asunto de los laudos y los valoran como si fueran sentencias revisables y no como decisiones finales.
Esto se debe a que los tribunales sitúan el arbitraje dentro del artículo 24 de la Constitución española (derecho de tutela judicial) en vez de en el artículo 10 (autonomía de voluntad), lo que en opinión del sector sería más adecuado, ya que garantizaría el 'blindaje' de los arbitrajes y solo se podría revisar si se han cumplido las garantías procesales.
