Portugal se ha posicionado como un aliado de España durante la crisis energética de Europa, como refleja el ‘mecanismo ibérico’ que comparten. Pero, a su vez, el Gobierno que lidera Antonio Costa compite con el de Pedro Sánchez a la hora de captar las inversiones ‘verdes’ que reclama la hoja de ruta de la Comisión Europea, aquella con la que pretende independizarse del suministro ruso y lograr precios energéticos asequibles para los consumidores.
Hace un par de semanas, mientras la actualidad española se centraba en el inicio de la campaña electoral, Portugal mostraba a las eléctricas españolas su importancia en Europa con la visita de dos días de la comisaria de Energía, Kadri Simson. Un viaje que le ha servido a la comisaria para conocer de primera mano la evolución de proyectos de eólica marina, que todavía están lejos de ser una realidad en aguas españolas, y visitar la sede de las principales compañías eléctricas locales.
Uno de los puntos de la agenda energética del Gobierno de Costa y la Comisión Europea fue el encuentro privado de Simson con las grandes eléctricas. La reunión contó con la presencia de Endesa, Iberdrola, EDP, Galp, Greenvolt, la Asociación Portuguesa de Energías Renovables (APREN) y la Agência para a Energia (ADENE). La comisaria conoció la sensibilidades de las empresas y su implicación en el logro de los objetivos del 'REPower EU' en Portugal.
También permitió a la representante de la Comisión "agradecer" en Portugal el trabajo de estas compañías en afianzar el sistema energético durante la crisis que se ha vivido estos últimos años. Simson le trasladó a empresas como Iberdrola, Endesa o EDP que mantener la inversión en Europa en energías renovables es “urgente”.
Los representantes de las eléctricas también tuvieron tiempo de 'pedir', trasladando sus inquietudes sobre el futuro del mercado eléctrico europeo y la necesidad de aplicar una reforma que afiance tanto la seguridad de suministro como la rentabilidad de las diferentes tecnologías de producción eléctrica.
Dentro de Europa, las empresas ven a la Administración portuguesa como una de las que mejor entiende sus necesidades para desplegar las grandes inversiones de sus planes estratégicos. Según destacan, este tipo de conversaciones y diálogo de escala europea no sucedieron en la visita a España de la propia comisaria el pasado mes de febrero.
Portugal: regulación “clara y estable”
La contienda abierta entre los grandes grupos energéticos españoles con el Gobierno de Pedro Sánchez, principalmente por el denominado ‘impuestazo’, lo ha aprovechado Antonio Costa. Desde que las empresas reconociesen su disconformidad con la medida y su malestar con Moncloa por intentar ‘demonizarlos’, el Ejecutivo portugués se ha estrechado la mano públicamente con los ‘jefes’ de estas empresas en varias ocasiones.
Iberdrola es una de ellas. La compañía que lidera Ignacio Sánchez Galán anunció a finales de 2022 una inversión de 3.000 millones de euros en los próximos años en Portugal en proyectos solares, eólicos y de almacenamiento, así como a nuevas soluciones como el hidrógeno verde.
La regulación de Costa convence al gigante eléctrico español. “Las medidas anunciadas en los últimos meses por el Gobierno del primer ministro Costa y las nuevas iniciativas en curso muestran el claro liderazgo de Portugal", explica en diciembre Ignacio Sánchez Galán tras reunirse este miércoles con el primer ministro portugués.
Repsol es otro ejemplo de esta tendencia. La compañía anunciaba en marzo una inversión de 657 millones de euros para ampliar su complejo industrial de Sines, un evento al que también acudió el propio Antonio Costa. Repsol firmó poco días después un macroproyecto de reforestación con Costa, valorado en más de 400 millones de euros.
Para sellar el acuerdo se desplazó hasta Lisboa el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para fotografiarse junto al primer ministro portugués y dos miembros de su Gobierno. Esta cercanía de las empresas con el Gobierno de Costa que está lejos de producirse con el de Sánchez.
España ejercerá la Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 y se abre la oportunidad de que empresas y Gobierno estrechen su relación ante un aumento de la agenda comunitaria en territorio español.
