La defensa de los ocho directivos y exdirectivos de BBVA, entre los que se encuentran el exconsejero delegado Ángel Cano o el exjefe de seguridad Julio Corrochano, citados a declarar esta semana en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que se habrían realizado bajo la presidencia de Francisco González a José Manuel Villarejo, será cubierta por la póliza de defensa jurídica contratada por la entidad.
Según han trasladado a Europa Press fuentes conocedoras, la compañía de seguros contratada por BBVA asumirá los gastos de la defensa de los ocho empleados y exempleados de la entidad que han sido llamados como investigados, tal y como ocurre en la mayoría de las empresas de tamaño relevante.
Además de Cano y Corrochano, se suma una 'tanda' de seis declaraciones más: la sustituta de Corrochano en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de seguridad Nazario Campo Campuzano; el director de red banca comercial Ignacio Pérez Caballero; al que fuera jefe de riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; al miembro hasta 2018 del comité de dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.
Por otro lado, un portavoz del banco ha asegurado a Europa Press que "no se va a prejuzgar a nadie" y que actuará en base a hechos que puedan ser "contrastados", tras ser preguntado por si tomará alguna medida contra los directivos que aún continúan trabajando para la entidad, evitando dar más detalles al respecto.
'Forensic'
El bufete Garrigues presta sus servicios jurídicos al banco desde que en junio de 2018 inició una valoración externa de la información y documentación recopilada sobre la contratación y los servicios prestados por la firma Cenyt, propiedad del encarcelado excomisario José Manuel Villarejo.
No obstante, el pasado mes de enero la entidad dio un paso más en sus trabajos de investigación interna para determinar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de Francisco González con la firma de detectives Manuel Villarejo, para lo que fichó a PwC y contrató al despacho de abogados Uría Menéndez, que trabajan en la realización de un informe 'forensic' al que ha destinado un equipo dedicado en exclusividad a este asunto.
En la investigación, que continúa su curso y cada vez se vuelve más compleja al irse retroalimentando, la entidad trabaja intensamente. Al mismo tiempo, tal y como ha repetido en varias ocasiones, BBVA seguirá colaborando con la Justicia como lo ha hecho hasta ahora, después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, abriera una pieza separada sobre la relación entre el banco y el excomisario encarcelado en el conocido como 'caso Tándem'.
Una pieza que es ya una causa
Se trata de la novena pieza separada del llamado caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo y entre las que figuran contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA, tareas estas en las que de acuerdo a los investigadores se habría servido de su condición de policía y que habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
De acuerdo a fuentes jurídicas consultadas, la relación entre mercantiles del comisario, como el grupo Cenyt, y BBVA se habría prolongado durante una década en la que se sucedieron encargos para tareas diversas, lo que ha convertido esta pieza separada en una 'macrocausa' en sí misma con numerosas ramificaciones, incluida la que señala directamente a Corrochano como presunto interlocutor de Villarejo con la dirección del banco.
La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.
