El Consejo General de Economistas (CGE) rebaja su previsión de crecimiento para 2022 en cuatro décimas motivado por el conflicto Rusia-Ucrania. Hasta ahora estimaba un crecimiento para este año de entre el 5,6% y el 5,8%, pero "dado el alto nivel de incertidumbre existente", ahora prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español se podría situar en torno al 5,2-5,4%.
La primera consecuencia del conflicto para la economía española es el impacto en el precio de la energía por la gran dependencia de Europa de la energía rusa, tanto del petróleo, gas, o metales preciosos e industriales, así como de otras materas primas. "Aunque se habría previsto que este primer semestre tendería a moderarse la inflación, estos acontecimientos van a surtir el efecto contrario", aseguran.
Según datos publicados por el INE este lunes, el Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en febrero una tasa del 7,4% en términos interanuales, la más alta de la crisis energética que vive España desde el pasado año y 1,3 puntos por encima de la tasa de enero (6,1%). De esta forma, los precios siguen en niveles récord de hace tres décadas, no subían tanto respecto al mismo mes del año anterior desde julio de 1989.
Por su parte la tasa de variación interanual de la inflación subyacente se sitúa ya en el 3%, la cifra más alta desde 2008. "Es posible, además, que este dato, al ser adelantado no tenga en cuenta la subida de los precios de los últimos días, teniendo en cuenta que el petróleo cotiza ya por encima de los 100dólares el barril, agravado, en nuestro caso, por la apreciación del dólar frente al euro al convertirse en moneda refugio, lo que contribuye a aumentar el precio, aún más, de la energía", señala el CGE.
Freno en la producción y el consumo
Asimismo, los expertos apuntan que los posibles problemas en las cadenas de suministro, que ya parecía que se estaban relajando, pueden frenar la producción. "Hay que indicar en este sentido que el Índice PMI compuesto de la actividad total de la Zona Euro en febrero ha sido de 55.8 frente a 52.3 de enero, constatándose una intensa aceleración del crecimiento económico que, por desgracia, esta situación puede truncar", apuntan.
El Consejo General de Economistas advierte que "estamos en un momento muy complejo" porque aunque los ingresos públicos han aumentado, vía imposición indirecta, lo cual ha permitido reducir el déficit público que se ha situado en noviembre en 4,61% del PIB; la expectativa de una inflación más persistente a lo largo de 2022, en gran parte como consecuencia de la guerra en Ucrania, hacen prever que los ciudadanos se vean obligados a reducir su consumo y por tanto se entre en el círculo vicioso de que las empresas reduzcan su producción y el crecimiento económico se vea impactado negativamente.
Además, aunque 2021 registró una reducción importante de la tasa de paro, y en enero el comportamiento ha sido positivo, la desaceleración del crecimiento podría acarrear un incremento del número de parados. A este respecto hay que considerar la finalización del aplazamiento de los ERTES, a los que actualmente hay acogidos más de 100.000 trabajadores con empleo total o parcialmente suspendido.
Política monetaria laxa
La deuda pública a 31 de diciembre, según el avance mensual del Banco de España, ha ascendido a 1.428 billones euros, que representa el 118,7% del PIB, "un comportamiento mejor de lo esperado tanto por el Gobierno como por los analistas, aunque es una cifra muy elevada y preocupante", señala el CGE. Para 2022 se espera que siga moderándose, y se sitúe en torno al 117% del PIB.
Esta situación también tendrá su efecto en la política monetaria tanto de Reserva Federal (FED) y del Banco Central Europeo (BCE), que podría hacer que se pospongan las posibles subidas de tipos de interés que se preveían para este año y suavizar las retiradas de liquidez. Se espera que en las próximas reuniones de la FED y del BCE de mediados de marzo se trate la estrategia a seguir.
Por otra parte, los economistas advierten que habrá que analizar y seguir de cerca las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea y Estados Unidos con el apoyo de Reino Unido y Canadá, dado que Rusia es un importante exportador de materias primas a Europa, y principalmente a Alemania.