El plan para reducir la jornada laboral y el 'hachazo' fiscal que PSOE y Sumar quieren aplicar supone una amenaza clara sobre la competitividad de las empresas familiares. Así lo ha asegurado este martes en Bilbao Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Tras la clausura de su congreso familiar, ha incidido en la necesidad de buscar un "equilibrio" entre los intereses del Gobierno, los empresarios y los trabajadores.
"Podemos acabar matando la gallina de los huevos de oro", ha afirmado Sendagorta, tras recordar el papel básico que las empresas familiares juegan en la prosperidad del país. El presidente del IEF ha asegurado que aún es pronto para calcular el impacto económico que tendría aplicar, de forma generalizada, una jornada laboral de 37,5 horas. "Los primeros interesados en conciliar, en buscar un equilibrio entre la vida familiar y laboral somos nosotros, los empresarios familiares", ha señalado.
Para ello, en su opinión, es básico mantener la competitividad del tejido empresarial. "Nosotros no sólo competimos con empresas de Sevilla o de Cáceres. Competimos sobre todo fuera. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay compañías que operan con un marco fiscal distinto".
Sendagorta no ha querido valorar cómo afectará a las empresas familiares la subida del impuesto de Sociedades anunciada ("aún es pronto, ni siquiera he visto el contenido del acuerdo"). Eso sí, ha insistido en que la Constitución debe ser el marco irrenunciable para garantizar el progreso social y económico en España, en referencia a las negociaciones para amnistiar a Carles Puigdmont.
"El respeto institucional y el marco constitucional son esenciales para el desarrollo de nuestras empresas y para nuestro progreso como país. Seguiremos insistiendo, con claridad, a todos los agentes sociales, empezando por nosotros mismos, en la necesidad de cuidar y fortalecer ambas cosas", ha señalado en su discurso de clausura del congreso anual del IEF.
Rechazo de las patronales
El acuerdo entre PSOE y Podemos ha sido criticado este martes con dureza por las tres principales patronales del país. CEOE, Cepyme y ATA han lanzado un comunicado en el que denuncian el fuerte impacto que tendría esta medida sobre grandes empresas, pymes y autónomos. Y, en definitiva, sobre "el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España".
"Resulta sorprendente que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales", indica el comunicado conjunto.
