Hay dos instantes en 2023 que ejemplifican la irritación del empresariado español con la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez. Son dos botones de muestra del estado de ánimo de quienes invierten y generan empleo en este país, muy críticos la mayoría con Moncloa en privado, pero no tanto en público. Lo refleja un hecho evidente: salvo contadas excepciones, pocos empresarios han arremetido con nombre y apellidos contra la decisión más controvertida que ha adoptado el líder socialista desde que es presidente (la ley amnistía).
El primero de esos instantes tuvo lugar el lunes 23 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en plena polémica por las cesiones a los soberanistas. El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, dio la bienvenida a los asistentes al Congreso Anual del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). La introducción en euskera generó incomodidad entre un grupo considerable de empresarios, que rompieron el silencio con murmullos indisimulados, hasta el punto de que el gobernante vasco tuvo que detener su discurso, visiblemente molesto. El asunto generó tal polvareda en la región que el presidente del IEF, Andrés Sendagorta, tuvo que pedir perdón en público al Gobierno vasco.
El segundo se produjo tres semanas más tarde, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. El secretario de Estado de Transportes, David Lucas, intervino en un evento empresarial sobre el Corredor Mediterráneo, el jueves 16 de noviembre, justo el día en que los diputados votaban la investidura de Sánchez en el hemiciclo. Lucas anunció en directo que el líder socialista acababa de ser elegido presidente del Gobierno. El auditorio respondió con una abucheo coral, que obligó a la organización a pedir respeto hacia el ponente.
El nivel de hartazgo de infinidad de empresarios ha crecido en 2023 hasta niveles inéditos. Pero la mayoría se ha parapetado tras el anonimato de los silbidos o la protección de las organizaciones empresariales. Por distintos motivos, desde el interés meramente particular hasta el miedo a las consecuencias de dar la cara, pasando un factor esencial: para los más grandes, España importa cada vez menos como destino inversor.
Los empresarios que se han manifestado sin complejos contra la inseguridad jurídica se cuentan con los dedos de una mano. Lo hizo el presidente de Mercadona, Juan Roig, en el mismo acto -casualidad o no- donde fue abucheado David Lucas. No se anduvo por las ramas y aseguró que si la inestabilidad política que sufre España se replicara en Portugal, Mercadona se replantearía sus planes de expansión. En ese mismo encuentro, otro empresario, Vicente Boluda -que lidera la Asociación Valenciana de Empresarios-, denunció "la deriva destructiva y divisiva" promovida por el Gobierno de coalición.
Huertas, el más claro con la amnistía
Roig es una rara avis entre los grandes empresarios familiares, similar al presidente de Mapfre, Antonio Huertas, el único del Ibex que criticó en público la amnistía. Ambos tuvieron el arrojo de opinar en medio del fuego cruzado político; una acción bastante osada, teniendo en cuenta la enorme base de clientes que Mapfre y -sobre todo- Mercadona tienen en España. Ese riesgo no lo comparten empresarios como Boluda, dueño de una naviera; o como Rafael del Pino, cuya constructora se pudo 'permitir' llevarse la sede a Países Bajos (Ferrovial sólo realiza grandes obras públicas).
Las declaraciones de Roig o Huerta prendieron de inmediato como la pólvora en las redes sociales, con llamamientos al boicot incluidos en el caso de Mapfre. Es ese temor a la reacción social el que ha frenado -o acobardado- a otros directivos indignados con Sánchez. La mayoría ha optado por canalizar el enfado a través de patronales y asociaciones, las cuales, a su vez, han protestado con distinto tono por los difíciles equilibrios internos.
El caso más evidente es el de CEOE, liderada por Antonio Garamendi, que tardó 11 días en sacar un comunicado oficial contra la amnistía, contados desde que PSOE y ERC sellaron su acuerdo. El peso de una patronal tan importante como la catalana Foment del Treball explica la tardanza y, sobre todo, un hecho: el comunicado no citaba en ningún momento la palabra "amnistía".
Las distintas sensibilidades del empresariado aclaran también por qué los catalanes Cercle d'Economía, Pimec o la propia Foment respaldaron rápidamente la negociación entre Moncloa y la Generalitat; una vía a la que plantó cara con rotundidad el Círculo de Empresarios. "Comprar votos a cambio impunidad no tiene precedentes en ningún país de nuestro entorno", denunció la organización afincada en Madrid.
En aquellos días de refriega política, sorprendió el silencio sobre la amnistía de las grandes compañías del Ibex, desde las energéticas (Iberdrola, Naturgy, Endesa o Repsol) a los bancos (CaixaBank, Santander o BBVA), pasando por las constructoras e inmobiliarias (Acciona, Ferrovial o Sacyr). Y, por supuesto, Inditex, la más grande de todas.
¿Cobardía empresarial? Dentro del Ibex hay distintas visiones para explicar el bajo perfil.
Por un lado, pesa el temor a las represalias, sobre todo, de quienes más dependen del BOE. Tanto los energéticas como los bancos han sido víctimas de impuestos especiales, cuya extensión se está negociando en la actualidad.
Hay directivos que han optado por centrarse menos en lo dicho y más en lo hecho. Los ejemplos más claros son los de Ferrovial e Iberdrola
Por otro, hay directivos que han optado por centrarse menos en lo dicho y más en lo hecho. El ejemplo más evidente es del de Del Pino, que pasó a la acción meses antes de anunciarse la amnistía, al olfatear la creciente inseguridad jurídica y regulatoria. Hay otro caso más reciente, el de Iberdrola.
El presidente de la segunda mayor empresa del Ibex 35, Ignacio Sánchez Galán, apenas ha hablado en un 2023 complicado para Iberdrola. Pero dio un sonado plantón a Pedro Sánchez en la última cumbre de Davos. Y, lo más importante, aprovechó otra cita internacional (la COP28 de Dubái) para firmar un acuerdo millonario de inversión que excluía a este país. Esa es la misma senda que están explorando otras corporaciones, cada vez más internacionales y menos españolas.
Ansurez
Ya lo dijo Ramiro Ledesma,"solo los ricos pueden permitirse no tener patria"
Pepepelotas
Bien por los dos mencionados, las grandes patronales no representan a la mayoria de las pequeñas empresas de este pais, de hecho han firmado convenios y subidas del SMI que están hundiendo la economía. El SMI no se puede subir otra cosa es que una vez superado un periodo de trabajo se hagan subidas, pero el SMI esta matando la economía.
HUNTER
El IBEX, con la servil Botín del Santander a la cabeza, han estado riendole las gracias al Dictador pese a los desplantes y saqueo al que les somete. Y ahora ya va a por ellos a saco empezando por Telefónica. Que se vayan a la pt Mrda hatajo de cobardes.