Publicado: 01/10/2024 04:45
Actualizado: 01/10/2024 08:49
Indra se consolida como el aliado estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez en Defensa. La sintonía entre las partes está empezando a impactar en el día a día del consorcio de empresas encargado del desarrollo y suministro de los vehículos de combate sobre ruedas llamados a vertebrar el Ejército de Tierra, los 8x8 Dragón.
La compañía que preside Marc Murtra está haciendo pesar su posición en el accionariado de la unión de empresas para estrechar su vínculo con los intereses de Moncloa. En esa línea se enmarca la flamante negativa a que se judicialicen las reclamaciones del ministerio de Defensa por retrasos en el desarrollo de los prototipos; una decisión que no sería puntual sino con recorrido de cara al futuro, según las fuentes consultadas.
La última multa fue cursada desde el ramo que lidera Margarita Robles en la primera mitad de este 2024, por un valor cercano a los diez millones de euros. Fue Indra la que fundamentalmente desistió de prestar su conformidad para recurrir la sanción, que forma parte de los cuestionamientos vertidos desde el Gobierno por el nivel de cumplimiento del programa, tanto de desarrollo como de suministro de los blindados. Para estas actuaciones, el Ejecutivo ha autorizado una inversión de alrededor de 2.000 millones a lo largo de esta década, dentro de un plan progresivo hasta 2035.
La judicialización del proceso para frenar la citada multa millonaria -equivalente a un 10% de todo el expediente de los prototipos- requería unanimidad dentro del accionariado del consorcio, del que participa la ahora también accionista de Indra, la española Sapa, y la americana General Dynamics a través de Santa Bárbara, que se ha visto finalmente obligada a afrontar la multa en proporción a sus acciones al igual que las demás, según informa en sus últimas cuentas anuales presentadas al Registro Mercantil.
La negativa de Indra a pleitear contra el Ejecutivo corrobora en definitiva un cambio en su enfoque hacia la gestión del programa de los 8x8, cuyos impulsores albergaban hasta hace no mucho una posición uniforme en cuanto a la respuesta frente al ministerio de Defensa.
Algunos de estos procesos también vinculados al programa de desarrollo de los prototipos sellado originalmente por el Gobierno de Mariano Rajoy llegaron a ser judicializados, si bien los primeros dos fallos de la Audiencia Nacional han sido favorables a Defensa a expensas de un posicionamiento del Supremo.
Ofensiva del Gobierno junto a Indra por Tess
La nueva posición adoptada por Indra se enmarca dentro de un marco de conversaciones a iniciativa del propio Ejecutivo para que la cotizada en el Ibex 35 pase a tener el control mayoritario de Tess Defense, el consorcio creado en 2020 para canalizar el suministro de los VCR 8x8 y del que participan las mismas tres empresas tras los prototipos junto con la española y también accionista de Indra Escribano.
No por nada representantes del más alto nivel de Santa Bárbara en Estados Unidos estuvieron ya en Madrid el pasado verano para avanzar en una dirección de acuerdo con directivos de Indra y altos mandos del ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles. Sobre la mesa de discusión están en definitiva alternativas en pos de un nuevo reparto accionarial en Tess Defense.
Para Indra, la línea roja pasaría por consumar un reparto que garantice la españolidad del consorcio. Los americanos habrían llegado a mostrarse dispuestos a ceder la mayoría pero estarían reclamando seguir participando del capital de Tess, aunque sea con un paquete minoritario, lo que conllevaría que otro accionista español ponga de su parte cediendo acciones.
Las fuentes consultadas coinciden igualmente en señalar que las conversaciones cristalizarán en un acuerdo, aunque discrepan en cuanto a los plazos. Por un lado, se traslada que la operación podría consumarse este mismo 2024; por el otro, que podría demorarse al menos otro ejercicio, en función de cómo avancen las operaciones en las que trabaja Indra para obtener los suficientes recursos financieros.