Este jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados el nuevo gravamen energético. Y ya va rumbo al Senado. El denominado ‘impuestazo’ avanza en su tramitación y las empresas afectadas ya se preparan para su efecto. Aunque avisan que, tal y como ha salido de la Cámara baja, la medida es un claro riesgo para las inversiones en energía verde que necesita el país para su descarbonización.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), la asociación que lideran Repsol, Cepsa y BP, ha explicado este viernes que este gravamen compromete las inversiones de descarbonización que prepara el sector para colaborar en el plan de transición energética del propio Gobierno.
Estas empresas muestran cierta frustración porque no se han incluido durante el trámite parlamentario las deducciones de dichas inversiones, lo que supone un claro desincentivo para hacerlas, tal y como ha alertado en su informe el Fondo Monetario Internacional.
También preocupa a la asociación de Repsol y Cepsa que no se hayan corregido en trámite parlamentario problemas como la posible doble imposición con el impuesto sobre sociedades o la aplicación del gravamen a actividades ajenas a la energética.
Sector estratégico
En definitiva, en una coyuntura como la actual, estas empresas definen como “desacertado” el castigo a un sector que se define como “clave y estratégico” para la seguridad y garantía del suministro energético, poniendo en riesgo sus inversiones y la creación de empleo.
El sector del refino lamenta la oportunidad perdida que ha supuesto la tramitación parlamentaria de la norma en Comisión, ya que se mantienen relevantes incongruencias e inoportunidades señaladas de inicio por la propia Asociación. Entre ellas, destacan los errores en la definición de la base imponible.
Tampoco se han incluido medidas que incentiven, o al menos no impidan, las inversiones necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía y para garantizar el aprovisionamiento en la UE, deduciendo del gravamen la realización de inversiones, o el compromiso de realizarlas en el futuro (2022-2027) mediante planes de inversiones, destinadas a la descarbonización y a la transición energética.
Batalla legal
También consideran que el impuesto es asimétrico, porque dos empresas que obtienen el mismo volumen de negocio pueden tener diferentes estructuras de costes, pero tienen que afrontar una misma fiscalidad. Las empresas energéticas con menores márgenes tienen tasas impositivas efectivas más altas.
Las empresas tienen claro que se defenderán. La avalancha de pleitos va a empezar su curso en diciembre, cuanto se publiquen en el BOE los Modelos de declaración, aunque el momento más ortodoxo para iniciar la batalla legal es al liquidar el impuesto: en febrero, el pago fraccionado de banca y energéticas, entre abril y junio para los grandes patrimonios.
