No hay testimonio gráfico de los encuentros realmente importantes. Pedro Sánchez se dejó fotografiar en Dubai con Luiz Inácio Lula da Silva, con Ursula von der Leyen y, por supuesto, durante su intervención en la sesión plenaria de la COP28. Hubo otros contactos bilaterales, sin embargo, fuera de agenda y de los focos. Fue en esas reuniones anónimas donde empresarios y emisarios de los grandes fondos soberanos dieron un baño de realidad a la delegación española, encabezada por el presidente del Gobierno, y su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El mensaje transmitido puede resumirse en pocas palabras: el ambicioso proceso de transición energética que plantea España requiere invertir muchos miles de millones, y ese dinero no llegará sin incentivos fiscales y un marco regulatorio más estable. Hay argumentos sólidos que sustentan tanto la primera como la segunda premisa.

Por un lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), presentado el pasado 28 de junio, plantea la movilización de 294.000 millones de euros de aquí a 2030; el 85% de esa inversión debe proceder, en teoría, del sector privado. Es decir, deben jugar un papel vital los fondos de inversión (sobre todo, los soberanos); y, por supuesto, compañías como Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa o Cepsa. Sin ir más lejos, esta última selló en la COP28 una alianza con el naviera danesa Maersk, para levantar en Huelva la mayor planta metanol verde de Europa. También en Dubái, Iberdrola firmó otro acuerdo de 15.000 millones con Abu Dabi para invertir en hidrógeno renovable y en eólica marina.

Por otro lado, el Gobierno mantiene, contra el criterio de la Comisión Europea, el impuesto 'temporal' a las grandes empresas energéticas. También ha alimentado -con su ley de amnistía- la sensación de inseguridad jurídica entre los inversores, que ven a España como un país cada vez menos seguro para invertir y donde las empresas soportan una elevada presión fiscal.

La necesidad de atraer inversión y los reparos de quienes deben hacerlo casan demasiado mal, de ahí que los interesados en aprovechar las envidiables oportunidades del PNIEC hayan decidido transmitir su malestar al Gobierno. La COP28 era el escenario ideal. La cumbre del clima, que concluyó este miércoles, pasará a la historia por el récord de asistentes. Según el balance provisional, la cita de Dubái duplicará con creces los 40.000 visitantes que se pasaron en 2022 por Sharm el-Sheikh (sede egipcia de la COP27). Sólo por el Pabellón de España pasaron 1.177 personas, representantes de 270 entidades de distintos ámbitos.

"La COP se ha convertido en una gran feria de las energías renovables, una plataforma formidable para hacer negocios", cuenta un empresario que ha estado estos días en Dubái. Lo que arrancó en 1995 como un foro impulsado por el activismo ideológico se ha convertido en un ente ingente, en el que ha entrado el gran capital. No sólo los inversores 'nativos' en renovables, sino también los que siempre han explotado energías fósiles y ahora trabajan en su giro estratégico. La mejor prueba es que el anfitrión de la COP28 ha sido Dubái, miembro de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más influyentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Son los fondos soberanos de esas naciones, vecinas en el Golfo Pérsico, las que han dispuesto su chequera de petrodólares a disposición de Occidente. Con España a la cabeza, un país con mimbres suficientes para convertirse a medio plazo en una potencia energética en Europa. "Pedro Sánchez ha comprendido en la COP que las políticas opresivas o exclusivas no tienen futuro. No se puede exigir a las industrias con mayor poder transformador que arrimen el hombro, penalizando a la vez su capacidad inversora", apuntan fuentes conocedoras de los contactos bilaterales. "Los fondos han sido muy claros: si el marco fiscal no se adapta de forma sostenible, no podrán invertir. Le han dado un baño de realidad".

El viraje de Pedro Sánchez con las energéticas

Las conversaciones en Dubái explican el sorprendente viraje del Gobierno con el impuesto a las energéticas, defendido a capa y espada hasta hace escasos días, y que figura en el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar. No es casual que fuera la propia Teresa Ribera, la que anunciara que el impuesto está en proceso de revisión. Y lo hizo, precisamente, en Dubái. Pocos días después lo confirmaron en público Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los técnicos del Ministerio están trabajando en dos vías. La primera apunta a la flexibilización del polémico impuesto. El Ejecutivo tiene decidido que lo revisará, pero cierra las puertas a retirarlo por ahora. Necesita mantenerlo para cumplir lo pactado con Sumar y -no lo olvidemos- para seguir recaudando, en un momento en que otras figuras impositivas (IRPF, IVA y, sobre todo, Sociedades) empiezan a ralentizarse.

La segunda vía de acción es el análisis de bonificaciones que sirvan para estimular la inversión. Esas ayudas compensarían, en parte, el impacto del impuesto en las cuentas de las compañías; las mismas que el Gobierno necesita para que España lidere la transformación verde.

Entre los afectados cunde aún el pesimismo, si bien el giro atisbado en la COP28 abre una ventana de esperanza. "Hablar de incentivos a las inversiones industriales era ciencia ficción hasta hace nada", confiesan desde la cúpula directiva de una empresa energética. "Queda mucho por concretar, pero al menos la música es distinta".

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