José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, considera que en el cuestionamiento que hace la Comisión Europea del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que debe hacer sostenible la reforma de las pensiones que liga su revalorización al IPC, "se equivoca".
En una jornada sobre las pensiones de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Escrivá ha insistido en el mensaje de que se trata de un debate "técnico" en el marco de las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, que hasta ahora se ha analizado con "técnicos" de la Comisión, y peguntado por segunda vez por este asunto, lo ha considerando un debate "de tercer nivel". "Yo sé mucho de reglas fiscales y de reglas técnicas, estoy muy cómodo en el debate".
El ministro ya reconoció hace unas semanas que Bruselas prefiere la reforma de las pensiones del PP de 2023, que creó el Factor de Sostenibilidad, por ser automático, frente al MEI, que es semiautomático. Sin embargo, ha calificado este nueves el Factor de Sostenibilidad de "desquiciado" y dañino para los jóvenes.
Según Escrivá, este debate no afecta en nada al MEI de cara a 2023 ni a los años siguientes, sino a si será semiautomático dentro de una década, pero el problema es que es semiautomático porque el propio Gobierno prevé que no sea suficiente y que lo tenga que endurecer otro Ejecutivo en el futuro. De esta forma, no se puede hacer automático por nombrarlo así, sino cambiando el propio sistema para que sea sostenible.
En este sentido, Escrivá ha insistido en que no cambiará en 2023, pero ha asegurado que no se dejará al siguiente gobierno, sino que el Ejecutivo actual lo modificará. Según él, con efectos dentro de una década.
El MEI consiste en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2030, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones. Poco más que el gasto extra en 2023 por indexar al IPC en 2022.
A partir de 2031, habrá una revisión cada tres años para verificar si este aumento de las contribuciones es suficiente para cubrir el gasto adicional previsto. Si no lo fuera, se establece que el Gobierno de entonces dispondrá de activos del fondo de pensiones hasta un máximo del 0,2% anual.
Si con todo la desviación no fuera cubierta, se prevé que el Ejecutivo de 2034 adopte medidas para paliar el gasto, enmarcadas en el Pacto de Toledo y negociadas con los agentes sociales, hasta un límite del 0,4% del PIB. Si esto todavía no fuera suficiente, se plantea añadir un incremento adicional de la cotización, también con límite en el 0,4% del PIB.
Negociación en marcha
La elevación de las bases máximas de cotización, que irá asociada a un destope de la pensión máxima, es otra de las medidas contempladas en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas y forma parte de lo que se ha venido en llamar la segunda pata de la reforma de pensiones, actualmente en discusión con los agentes sociales. En la documentación que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea, el Gobierno se proponía aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar este año, aunque su implementación abarcaría las próximas tres décadas.
Los sindicatos se venían quejando además sobre esta mesa de negociación, que se abrió en septiembre junto con la de la reforma para ampliar el cómputo de cálculo de la pensión, de que el Gobierno no estaba ofreciendo detalles sobre cuánto o cómo quiere ampliar las bases máximas y los años del cómputo.
El Gobierno planea la eliminación total de los topes salariales a la hora de cotizar para un plazo largo de aproximadamente 30 años. Este proceso se acompañará de un aumento gradual de las pensiones máximas, aunque, según ha advertido Escrivá, no en la misma proporción. A la subida anual con el IPC se le añadirá un "ritmo adicional" de subida, la que se negocia ahora con los agentes sociales, que según el ministro, no impactará en 2023, se tiene que negociar ahora a qué años afecta, ha dicho.
El Gobierno proyecta para 2023 un fuerte incremento de la recaudación por cuotas por la elevación de las bases máximas de cotización en un 8,6% y por la evolución prevista para la economía. En concreto, la Seguridad Social ingresará el año próximo 192.102 millones de euros, un 10,6% más que en 2022, de los que 152.075 millones procederán de las cotizaciones sociales, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior del 11,5%, lo que le permitirá financiar el 74,5% del Presupuesto total de la institución.
