El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, calcula que casi la mitad de los autónomos del país, un total de 1.400.000 autónomos, tendrá que acogerse a la prestación por cese de actividad, por la obligación de cerrar su negocio con motivo del confinamiento por el coronavirus o bien por haber sufrido una caída del 75% en sus ingresos.
Hasta la fecha, el ministro ha señalado que hay un millón de autónomos que ya han pedido la prestación y que por tanto no están pagando su cuota a la Seguridad Social, y prevé que al menos otros 400.000 podrían solicitarla próximamente.
Al millón de autónomos que actualmente cobran el subsidio de desempleo se suman los 4 millones de personas que actualmente están afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) -de los que 2,8 millones corresponden a ERTEs tramitados por el SEPE, es decir, para empresas que operan en más de una comunidad autónoma y el restante son afectados por ERTEs autonómicos-, y unos 900.000 trabajadores que fueron despedidos de forma individual entre el 14 y el 31 de marzo.
A pesar de lo negativas que son estas cifras, Escrivá ha señalado que en lo que va de abril (del 1 al 21 del mes) ha habido 20.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, pero una reducción de 15.000 autónomos. En total, el número de autónomos en el país ha caído en 55.000 desde que estalló la crisis del coronavirus.
Se devolverán las cuotas de marzo y abril
Para los autónomos que tuvieron que pagar su cuota a cierre de marzo habiéndose acogido a la prestación, el ministro ha explicado que la Tesorería General de la Seguridad Social devolverá esa cuota a todos los que se les ha cobrado; mientras que para la cuota de abril, la inmensa mayoría de los que percibieron la prestación el viernes pasado ya no tendrán que pagar esa cuota, aunque habrá algunos a los que se les cobrará y posteriormente se les devolverá.
Escrivá ha descartado la posibilidad de perdonar la cuota de forma generaliza. "La mitad de los autónomos no van a tener que pagar la cuota. Si tuviéramos más recursos, habríamos hecho otra cosa", se ha defendido un miembro de su equipo, en alusión a que 1,4 millones de autónomos que se van a acoger a la prestación representan la mitad de autónomos que hay en el país.
"Una solución universal de este tipo no la hemos contemplado, y si la contempláramos nos preguntarían que porque no perdonamos las cotizaciones a todas las empresas del país, es algo que no ha ocurrido tampoco en otros países", ha zanjado el ministro.
La renta mínima, a finales de mayo
El ministro ha anunciado que el Gobierno no tiene previsto llevar el proyecto de la renta mínima, denominado Ingreso Mínimo Vital, al Consejo de Ministros hasta la segunda quincena del mes de mayo.
"Va a ser un complemento de rentas, nos gustaría llevarlo al Consejo de Ministros en la segunda quincena del mes de mayo y está pensando para personas que tienen rentas muy bajas", ha precisado en una reunión telemática organizada por el Consejo General de Economistas.
El ministro ha explicado que la renta mínima se concebirá como un complemento salarial y será compatible con el empleo. "Queremos rastrear la información patrimonial de la Agencia Tributaria para diseñar la prestación con los mejores estándares de los países europeos, para que una parte importante sean los incentivos de entrada al mercado laboral, por lo que la prestación va a ser compatible durante un tiempo con el empleo".
"Aunque está pensada para ser una prestación estructural, cuanto más número de hogares consigamos integrar y sacarlos de la situación en la que están, mejor", ha señalado, y ha precisado que no siempre la situación de pobreza viene derivada del desempleo, sino que a veces se produce incluso por problemas sanitarios (por ejemplo, enfermedades mentales, ha dicho). Esa es la razón por la que considera que la renta debe ser compatible con el trabajo.
El ministro tiene previsto también reordenar el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y ha garantizado que la introducción de la renta mínima obedece a una petición reiterada de la Comisión Europea, y que de hecho existe en muchos otros países -en formato de un ingreso mínimo o de un impuesto negativo en la renta, "pero esto último llevaría mucho más tiempo y no está tan metido en nuestra continua".
