El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha tenido que ceder en las negociaciones para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y aceptar finalmente que haya un mecanismo disponible para proteger a cada empresa que lo necesite, con el consiguiente aumento del gasto público que esto implica.
El ministro ha pasado del "no puede haber café para todos" a acatar la creación de un nuevo ERTE de limitación de actividad que permitirá que cualquier empresa de cualquier sector que se encuentre afectada por cualquier tipo de limitación o restricción a la actividad o movilidad pueda acogerse a un ERTE y sus empleados cobrar la prestación por desempleo. Esas empresas, además, disfrutarán de exoneración del pago de cotizaciones sociales con lo que además de aumentarse el gasto público por las prestaciones, se hundirán los ingresos de la Seguridad Social.
"Lo que hay que hacer es diferenciar, no todo el mundo necesita el mismo nivel de protección y apoyo (...) Estamos dispuestos a dar ayudas vía prestaciones o exoneraciones para empresas afectadas, pero el nivel de apoyo y diferenciación no puede ser el mismo, porque el impacto es diferente", decía hace unos días Escrivá, quien además de defender que sólo se prorrogaran los ERTE por fuerza mayor para algunos sectores era partidario de conceder sólo exoneración de cuotas a los trabajadores que fueran reincorporados a la actividad.
En ambas cosas ha tenido que claudicar el ministro, lo que ha permitido a su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, proclamar desde la Moncloa el sexto acuerdo que consigue con patronal y sindicatos. Ambos lados de la mesa de diálogo social celebran la medida, así como las empresas de sectores que hasta hoy parecía que se iban a quedar sin paraguas en el que cobijarse, como la hostelería o el comercio.
Millones y millones de euros
La cuestión está en que el coste de los ERTE es elevado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó al inicio de la pandemia que el Estado desembolsaría 21.414 millones de euros en los ERTE hasta el 30 de junio y, según sus cálculos, unos 9.000 millones más hasta el 30 de septiembre, lo que elevaría la factura hasta el entorno de los 30.000 millones.
Finalmente el gasto no ha sido tan elevado, gracias a la reactivación de la actividad durante los meses de verano. El propio Gobierno estimó un coste de casi 24.000 millones en este mecanismo hasta el 30 de septiembre -en un documento que envió a Bruselas en julio- y este martes el ministro Escrivá lo ha revisado a la baja, hasta los 22.000 millones (cerca de 2 puntos de PIB).
La Unión Europea ha aprobado la entrega a España de 21.300 millones de su fondo SURE -creado para contribuir al pago de prestaciones por desempleo-, pero con este dinero no será suficiente para cubrir el pago de los ERTE a partir de ahora.
Mínimo 4.000 más
Calcular el gasto público en el que incurrirá el Estado entre octubre y enero es complicado, dado que depende de la incierta evolución de la pandemia, de las restricciones que se impongan en cada zona o del número de empresas que decidan recurrir a los ERTE, entre otros factores impredecibles. El ministro Escrivá ha señalado que, como mínimo, el gasto será "en el mejor de los casos" de 1.000 millones de euros al mes, pero ha insistido en que la cifra es "tentativa".
"Hay que tener en cuenta la enorme incertidumbre con la que se hacen previsiones en esta situación", ha añadido el ministro, que ha destacado el esfuerzo presupuestario extraordinario que está haciendo el Estado.
El problema está en que el Estado no tiene un superávit fiscal para afrontar estos desembolsos. En 2020 emitirá 100.000 millones de euros más de deuda pública de lo que estaba previsto, con lo que la cifra final de emisiones rondará los 300.000 millones, y aún con eso puede tener dificultades para afrontar todos sus pagos, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero procedente de Bruselas no llega de forma inmediata.
