La última parte de la reforma de las pensiones se aprueba como Real Decreto-ley, con lo que la norma de más calado que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que pretende asegurar el sistema de las pensiones hasta 2050 no ha sido analizada por el Consejo de Estado ni por la AIReF. Tampoco por otros organismos como el Consejo Económico y Social (CES) ni se ha elevado a audiencia pública permitiendo aportaciones de ciudadanos, organismos, instituciones y expertos. Ni por supuesto, como le han afeado los Grupos Parlamentarios este miércoles en el Congreso a José Luis Escrivá, con las Cortes por parte de la Comisión del Pacto de Toledo.
El ministro ha ofrecido a los grupos tramitar el Decreto tras su convalidación como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas, precisamente lo que se intentó evitar a toda costa con la reforma laboral. Una vía por la que podría incrementarse el gasto, pero también que permitiría introducir posibles aportaciones adicionales de la Comisión Europea. Con todo, es probable que no dé tiempo a que se apruebe o que el proyecto quede bloqueado en la Cámara como otros muchos de calado.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado este martes que la reforma llegue ya acordada entre el Gobierno y la Comisión Europea y que además se tramite como decreto. "Las pensiones, por Decreto", ha advertido con incredulidad. "O lo tomas o lo dejas", ha incidido, y ha insistido en que las negociaciones sobre este asunto con el Gobierno y especialmente con el ministro de Inclusión podría haber sido "manifiestamente mejorables".
A finales de 2021 el estilo negociador de Escrivá ya causó gran malestar entre sus socios de gobierno y eso que la primera parte de la reforma de las pensiones, menos polémica que la segunda, se tramitó como proyecto de ley. Lo que enfadó a los grupos y provocó airadas críticas de ERC y PNV fue que la clave de bóveda de la reforma, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pretende hacerla sostenible se introdujo in extremis en el proyecto sin consultar a los grupos.
Pues bien, ahora todo el bloque, con un destope de cotizaciones, un recargo de solidaridad, subida del cómputo y la duplicación del MEI, se aprueba como Decreto. En los últimos meses, se han vivido momentos de máxima efervescencia legislativa antes de que empezara un año de fin de legislatura y de campaña electoral constante en los que han sido constantes las iniciativas del Gobierno para puentear al Consejo de Estado. Una de las formulas más usadas ha sido la proposición de ley para evitarse todo el procedimiento legislativo previo al Parlamento, lo que se ha hecho en la reforma del Código Penal y de la sedición o en la que crea los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas.
Cuando el Gobierno no utiliza al Congreso para puentear al máximo órgano consultivo legislando con proposiciones de ley, se salta directamente al Consejo de Estado, como en la Ley del 'solo sí es sí' cuyo fracaso al estar reduciendo penas y excarcelando a violadores resuena en todo el dictamen, o la 'Ley Trans', proyectos en los que no se le ha tenido en cuenta. Aunque los informes del máximo órgano consultivo no son vinculantes, sí son preceptivos en muchos casos, o facultativos, y deben utilizarse como guía para pulir errores técnicos y enriquecer los argumentos jurídicos.
Este modus operandi, unido a las prisas y urgencias que le exige el Gobierno cuando sí le consulta han enfadado al Consejo de Estado, que ha llegado a alertar en un dictamen sobre la manera de legislar del Gobierno y a avisar de que se está afectado al "control de legalidad y constitucionalidad" y a las "garantías" y le exige "respeto". Así se ha despachado el máximo órgano consultivo en su informe, que entró en el Congreso el 3 de noviembre, sobre lo que considera a todas luces un engendro legislativo, un proyecto de ley de transposición de tres Directivas de la Unión Europea y que fusiona cuatro leyes sin relación.
La importancia de la evaluación de la AIReF
Además, del Consejo de Estado, la tramitación como proyecto de ley habría permitido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluar la reforma. A diferencia de la senda de estabilidad, en este caso, su análisis no viene obligado por ley, pero es de vital importancia, y en una tramitación ortodoxa habría sido reclamado por los grupos parlamentarios, que habrían solicitado comparecencias de la presidenta de la Autoridad Independiente. Es decir, se habría pronunciado e influido antes de que se aprobara definitivamente.
La AIReF venía analizando lo que se conocía de la reforma y en una comparecencia en el Senado en diciembre, su presidenta, Cristina Herrero, avanzó que su opinión de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, que se iba a publicar en diciembre, se retrasaba a enero a la espera de que Escrivá hiciera pública su reforma. Lo que se sabía entonces, apuntaba a que cuestionaría la sostenibilidad de la reforma.
Fuentes de la AIReF trasladan que finalmente presentarán su opinión el viernes 24 de marzo.
Una vez que se conoció que el golpe a las cotizaciones sociales que asesta el Gobierno para que Bruselas acepte el coste de su reforma de las pensiones se duplica, la patronal salió el viernes en tromba para criticar una nueva subida de impuestos encubierta que recae sobre empresas y trabajadores y alertar de que dañará el empleo. El ministro de Inclusión ha justificado este incremento en Twitter apelando a "los datos" frente a "las opiniones". Precisamente unos datos contradictorios con los que él mismo esgrimía en abril de 2019, cuando era presidente de la AIReF, y unas opiniones de CEOE y de expertos y economistas que entonces defendía. Justo antes de ser ministro, Escrivá sostenía que las cotizaciones sociales en España superan "en seis puntos la media de la OCDE" y que no había que subirlas en ningún caso.
En cambio, el argumento que defiende como ministro es que España está muy por debajo de la media de la UE en cotizaciones sociales, para lo que introduce letra pequeña en su planteamiento, habla del coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios, que sostiene que está dos o tres puntos por debajo de la media europea. Esto es, apela a los salarios y no lo relaciona con la productividad de cada país, cuando la productividad española es significativamente inferior a la de los países que reseña el ministro, de manera que no se puede pagar lo mismo porque se perdería competitividad.
Los análisis de la AIReF que presidía Escrivá en 2019 insistían en el impacto de subir las cotizaciones en el empleo: "Cualquier medida de ingresos adicionales, ya sea a través de mayores cotizaciones o de las principales figuras impositivas debe tener en cuenta a su vez el impacto sobre la demanda interna, tanto a través del comportamiento de los hogares como de las empresas, demandantes de empleo. Desde el punto del gasto del Estado, es necesario también considerar el margen existente para reducir otras partidas de gasto del Estado que compensen la subida de la partida de las pensiones, que parece ser limitado".
Este miércoles los sindicatos han reunido a sus comités confederales para analizar y finalmente aprobar la reforma, que el Gobierno prevé validar como Real Decreto-ley en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves. Luego tendrá un mes, hasta el 16 de abril, para convalidarlo en el Congreso.
