España nunca ha destacado por facilitar la creación de nuevas empresas pero avanzó en este sentido cuando en 2013 el anterior Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la 'Ley de apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización', una norma que ahora ha sido parcialmente derogada.
La razón se encuentra en la propia naturaleza de la ley, ya que cuando se creó se estipuló que algunos de sus artículos sólo estarían vigentes mientras la tasa de desempleo en España se mantuviera por encima del 15%.
Ahora que la tasa de paro ha bajado de ese umbral (se situó en el 14,55% a término del tercer trimestre y ha bajado hasta el 14,45% a cierre de año), el Gobierno ha procedido a derogar algunas de sus partes clave mediante el Real Decreto-ley que aprobó el 28 de diciembre.
Entre las conquistas perdidas se encuentran las deducciones por el contrato laboral indefinido para emprendedores, los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven o la contratación indefinida de un joven por microempresas y autónomos, entre otras.
"Queda mucho camino por recorrer"
“La Ley de 2013 fue un paso importante pero aún queda mucho camino por recorrer porque para nada tenemos el entorno regulatorio favorable que hay en otros países”, lamenta a Vozpópuli Alicia Coronil, directora de Economía del Círculo de Empresarios.
Los problemas principales, en su opinión, son que la financiación está demasiado bancarizada (un 70% procede de los bancos) porque no hay incentivos fiscales a otras fuentes de financiación, y la burocracia sigue siendo “excesiva”, lo que se traduce en que hacen falta más días y más capital inicial para montar una empresa.
Estas trabas se traducen en que el número de empresas que se han creado en España no para de bajar, mientras que sube cada vez a más ritmo el número de compañías que se disuelven.
No obstante, la derogación de esta Ley de 2013 no es lo único que empeorará las condiciones para montar una empresa en España en el año 2019.
Nuevas trabas
Pedro Sánchez ha aprobado una serie de medidas por Real Decreto que elevarán los costes laborales de las empresas, como la subida del 22,3% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, por ende, en las cuotas mínimas a la Seguridad Social que pagan los empresarios.
Esto, unido a la subida del 7% en las bases máximas de cotización (las que pagan por los trabajadores con sueldos más altos) conllevará un incremento de costes para las empresas, que ya son bastante altos en comparación con otros países.
Según explica José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), la carga fiscal que recae sobre las empresas es mucho mayor en España que en el resto de Europa.
En concreto, las cotizaciones sociales que pagan las compañías en nuestro país representaban un 8,2% del PIB antes de aprobarse esta subida de bases, un porcentaje muy superior al del 6,8% que supone en la media de la Unión Europea. Por el contrario, las cotizaciones que abonan los trabajadores suponen el 3,2% del PIB, frente al 5,3% que representan en la UE.
El Ejecutivo de Sánchez está trabajando también para derogar lo que considera “los aspectos más lesivos” de la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012 y ha anticipado ya que volverá a dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los de empresa, que eliminará la ultraactividad y que implantará como novedad el control de horas.
Las tres ideas no han sido bien recibidas por la patronal ya que creen que dificultarán la labor de las empresas, por lo que podrían desincentivar la constitución de nuevas compañías.
Eliminar las barreras aportaría 1,2% al PIB
A estas trabas hay que añadir las barreras que tradicionalmente han existido en España al emprendimiento, que según recoge la OCDE en su último informe sobre la economía española, son bastante superiores a la que existen en la media de sus países y eliminarlas aportaría 1,2 puntos al PIB de aquí a cinco años y 1,4 más a largo plazo.
Destacan, además, que no es positivo que haya leyes que discriminen a las empresas en función de su tamaño (por empleados o facturación), ni que haya diferencias normativas entre comunidades autónomas.
En esto último coincide la experta del Círculo de Empresarios: “No ayuda nada la falta de unidad de mercado; 17 tipos de ayuda, 17 organismos con 17 políticas de ayuda diferente distorsionan, en comparación con otros países que tiene una única agencia independiente”.
Todas las complicaciones que presenta España para las empresas justifican que se sitúe en el puesto 57 del Índice de Libertad Económica, elaborado por The Heritage Foundation y divulgado por la Fundación FAES y el Foro Regulación Inteligente.
A cierre de 2018 España tiene una nota de 65,7 puntos sobre 100 -ha mejorado en 0,6 puntos frente a 2017- lo que la sitúa en el vigésimo puesto de la UE y por debajo de la media regional.
