Economía

España lleva 16 años incumpliendo las reglas fiscales que Europa quiere reactivar en 2024

La última vez que España tuvo unos niveles de deuda y déficit público iguales o inferiores al 60% y 3% del PIB, respectivamente, fue en 2007. En 2022 se situaron en el 111,6% y 4,8%

  • Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. -

Tras más de tres años suspendidas, la reactivación de las reglas fiscales que ahora negocian los Veintisiete, con un protagonismo del eje franco-alemán en medio de la Presidencia española de la UE, ha traído consigo una avalancha de exigencias al Gobierno de España por parte de supervisores, organismos económicos y servicios de estudios nacionales. Piden un plan de ajuste que permita cumplir las futuras reglas que París y Berlín pretenden acordar bilateralmente, con la intención de presentar una propuesta legislativa en noviembre.

La Comisión Europea presentó su propuesta hace ya un año, y España hizo lo propio tres meses después. Sin embargo, las posiciones de los ministros alemán, Christian Lindner, y francés, Bruno Le Maire, siguen alejadas. Mientras Le Maire propone centrarse en la sostenibilidad de la deuda teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los países, en línea con el planteamiento de la Comisión; Lindner cree que "no es creíble reducir los niveles de deuda sin un déficit anual sostenible" y sugiere un "margen de seguridad" más allá de la referencia del 3% respecto al PIB.

Sea como fuere, se espera que el nuevo marco de estabilidad mantenga los límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% para la deuda. España lleva 16 años sin cumplir las dos reglas de forma simultánea. La última vez que el déficit público bajó del 3% fue en 2018 (año en el que gobernó primero el PP y luego el PSOE), pero entonces la deuda pública se situaba en el 100% (desde 2010 supera el 60%). Hay que remontarse a 2007 para encontrar el último momento en que España gozó de un déficit inferior al 3% del PIB (concretamente, un superávit del 1,9%) y una deuda inferior al 60% (del 35,8%).

"En 2022, sólo nueve países de 27 cumplieron con las reglas fiscales actuales. España lleva 16 años incumpliendo esta norma", destaca Equipo Económico (Ee) en el informe publicado esta semana sobre perspectivas para España. La última revisión que el INE hizo del PIB el pasado mes de septiembre, que elevó el crecimiento experimentado en 2021 y 2022, ha reducido automáticamente la ratio de deuda en dos puntos y en unas décimas la del déficit (al 111,6% y 4,8%, respectivamente), pero aún así siguen por encima de los máximos marcados en Europa, suspendidos desde 2020 por la pandemia y la guerra.

Este año el Gobierno espera que la deuda pública se sitúe en el 108,1% del PIB y el déficit en el 3,9%, para situarse ya en 2024 en el 106,3% y 3%, respectivamente. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) no cree que tal recorte en el déficit sea posible sin medidas adicionales: "A falta de ajustes, el déficit se situará en el 3,6% en 2024 y la deuda pública superará el 106%, por encima de los niveles prepandemia", detalla en el informe publicado este jueves. Su escenario central apunta a que el déficit "no alcanzaría el 3% hasta el 2028 y la deuda se situaría todavía por encima del 102% en ese año".

Portugal como ejemplo

En este contexto, prácticamente todos los organismos económicos y servicios de estudios están reclamando planes de ajuste creíbles. El último ha sido Funcas. "La persistencia de un déficit público elevado es un factor de vulnerabilidad para España, en un contexto de reactivación de las reglas fiscales y de retirada del apoyo del banco central, tanto en materia de tipos como de compra de deuda. A esto se suma el aumento de las rentabilidades, desde tasas inferiores al 1% para los títulos a 10 años hasta el entorno del 4%, lo que va a suponer un aumento del pago de intereses en relación al PIB", advirtió este jueves.

En este sentido, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, puso el ejemplo de Portugal. "Hay países que han conseguido recientemente reducir sus niveles de déficit o endeudamiento sin que la economía descarrile, como Portugal, y lo han hecho con un plan de medidas que va más allá de programas puntuales. Por ejemplo, reconsiderando toda serie de desgravaciones, exenciones o reducciones fiscales; y también evaluando el gasto público generalizado en todas las administraciones. Eso ha permitido a Portugal conseguir un equilibrio presupuestario y una reducción de la deuda", destacó.

También Equipo Económico se refiere en su último informe al país vecino como "una historia de éxito". "Desde el fin de la crisis de deuda soberana europea, Portugal ha asumido un importante compromiso para equilibrar sus cuentas públicas. Esto ha permitido a Portugal reducir su ratio deuda/PIB en más de 15 puntos porcentuales desde 2012, mientras que en España ha aumentado", señala el servicio de estudios. Además, menciona que la tasa de paro portuguesa está en la media europea, mientras que la de España la duplica.

Este verano el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ya advirtió de que España sigue a la cola entre los países de la OCDE en libertad económica por sus “elevados niveles de deuda y déficit público”, que limitan la capacidad de crecimiento. El Índice que publica el think tank de CEOE valora la respuesta que tiene cada gobierno en el ámbito de su programación presupuestaria para intervenir la actividad económica, así como su compromiso con la gestión financiera responsable de los recursos. En ese sentido, España se sitúa en la posición 36 de los 38 países de la OCDE en salud fiscal.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España (BdE) han reclamado al Gobierno responsabilidad fiscal ante el próximo regreso de las reglas fiscales en Europa, empezando por retirar las ayudas contra la crisis que no estén focalizadas en los más vulnerables. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha recordado en varias ocasiones que España no debe superar una tasa de aumento del gasto público del 2,6%, el límite que impone la disciplina de la UE en su última recomendación a nuestro país.

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