Rosario Silva de Lapuerta (Madrid, 1954) ha formado parte de la composición de la sala del Tribunal de Justicia de la UE que ha dictado sentencia sobre la comercialización de las cláusulas suelo y que obliga a los bancos españoles a devolver las cantidades cobradas a sus clientes por este producto. Se trata de una experta en derecho comunitario y una convencida europeísta, y cuenta con el honor de haberse convertido, en el año 1978, en la primera mujer Abogado del Estado.
Es hija de Federico Silva, ministro de Obras Públicas con Franco, entre 1965 y 1970, y sobrina del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta. Si Rosario Silva de Lapuerta es la española que más alto ha llegado en la carrera judicial institucional europea, su hermana Marta es la jefa de los abogados que representan al Estado Español, abogada general del Estado-directora del servicio jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Marta Silva de Lapuerta ha sido también secretaria general de Sacyr Vallehermoso y secretaria de la Junta Directiva del Real Madrid.
La juez española del Tribunal Europeo de Justicia es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y al principio de su carrera fue destinada como Abogado del Estado en Málaga. También ha servido como Abogado del Estado en el Servicio Jurídico del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y posteriormente en el Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La carrera de Rosario Silva de Lapuerta está estrechamente ligada al desarrollo del sistema jurisdiccional comunitario. Ha sido Jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Subdirectora General de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional en la Abogacía General del Estado (Ministerio de Justicia); miembro del Grupo de Reflexión de la Comisión sobre el futuro del sistema jurisdiccional comunitario; Jefe de la Delegación Española en el Grupo de Amigos de la Presidencia para la reforma del sistema jurisdiccional comunitario en el Tratado de Niza.
Profesora de Derecho Comunitario en la Escuela Diplomática de Madrid, codirectora de la revista Noticias de la Unión Europea, Rosario Silva de Lapuerta es juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el 7 de octubre de 2003. Este año ha renovado su mandato como jueza del tribunal europeo hasta octubre del año 2021.
El Tribunal de Justicia Europeo está compuesto por un juez de cada Estado miembro y por abogados generales. Los jueces y los abogados generales son designados, de común acuerdo, por los gobiernos de los Estados miembros por un periodo de seis años, renovable. En total, 28 Jueces y 11 Abogados Generales componen el tribunal. Los Jueces y los Abogados Generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos propuestos para el ejercicio de las funciones de que se trate. Su mandato es de seis años con posibilidad de renovación.
Cuando el caso sobre el que dicta sentencia es de especial complejidad, o así lo reclama un Estado miembro, el tribunal europeo se reúne en Gran Sala (15 jueces), como ha ocurrido con las cláusulas suelo. En casos excepcionales el tribunal actúa en Pleno, y en el resto de los asuntos se examinan en Salas de cinco o tres jueces.
Informe del Abogado General
La sentencia de las cláusulas suelo comunicada ayer por el Tribunal de Justicia Europeo sorprendió a más de uno porque no sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Abogado General el pasado mes de julio.
Los Abogados Generales asisten al Tribunal de Justicia y presentan "con imparcialidad e independencia", un dictamen jurídico en los asuntos que se les asignen. En julio el Abogado General propuso que se limitara en el tiempo los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo.
En sus consideraciones sobre las cláusulas suelo, el Abogado General tuvo en cuenta la situación macroeconómica española al indicar que en el momento en que se pronuncia acerca de los efectos en el tiempo de su resolución, "un órgano jurisdiccional supremo puede ponderar la protección de los consumidores con las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron las cláusulas «suelo»".
Aunque las conclusiones del abogado no son vinculantes, suelen coincidir en la mayoría de los casos con el contenido de las sentencias. Sin embargo, la juez Rosario Silva de Lapuerta ya advirtió este año en una entrevista publicada el pasado mes de abril que los jueces pueden estar en desacuerdo y no seguir el mismo criterio.
"El papel del abogado general es importante y un lujo para cualquier juez el tener un experto que presente una serie de conclusiones", expresó Silva de Lapuerta. "El juez ponente del Tribunal de Justicia de la UE puede reaccionar siguiendo o no las conclusiones del abogado general y realiza un explicación de porqué ha seguido el criterio del abogado general. Pero los miembros de la Sala pueden estar en desacuerdo y se adopta una decisión que no siga el criterio del abogado general" explicó. "Hay que tener en cuenta que el abogado general se encuentra en una posición de mayor libertad ya que puede ofrecer varias opciones en sus conclusiones, mientras que el juez está en la obligación de decidir una única opción, que es la que luego se recoge en la sentencia", añadió.
