Una exempleada bancaria almeriense ha denunciado al Estado español ante la Comisión Europea. Se trata de Mar Uriarte, la testigo que ha alumbrado una presunta trama de blanqueo de capitales chinos en la entidad Bantierra-Caja Rural de Aragón, ahora en instrucción en el Juzgado 16 de Madrid.
Uriarte, que cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, dice estar 'vetada' en el sector bancario tras ser despedida de Bantierra en 2017 (el año en el que la Fiscalía presentó la querella por la trama denunciada por la propia almeriense) y acusa a las autoridades españolas de "desprotección". En ese sentido, esgrime entre otras cosas que, tras presentar una demanda por su despido, fue presuntamente forzada a conciliarlo por un letrado de la administración de justicia, que le "obligó" a "llegar a un acuerdo de indemnización de 3.000 euros tras 10 años de trabajo". Lo denunció ante el Ministerio sin haber encontrado eco. Lleva, paralelamente, dos años sin poder encontrar un trabajo fijo en el sector bancario.
Así las cosas, ha presentado un escrito de denuncia ante la secretaría del máximo órgano ejecutivo europeo. La denuncia de Uriarte va contra el Estado español por "vulneración del artículo 61.3 de la V Directiva Europea del empleado del sector financiero que denuncia blanqueo de capitales".
La directiva europea, más favorable al denunciante
Según la directiva, actualizada en el año 2018, los "Estados miembros garantizarán que las personas, incluidos los empleados y representantes de la entidad obligada que comuniquen sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo estén protegidas legalmente de toda amenaza, medida de represalia o acción hostil, y en particular de toda medida laboral adversa o discriminatoria", como así también "derecho a presentar de forma segura una reclamación ante las autoridades competentes respectivas" y "derecho a una tutela judicial efectiva a fin de preservar sus derechos en virtud del presente apartado".
Desde la Comisión Europea explican que estudiarán la denuncia "en un plazo de 12 meses"
Dicha legislación europea, actualizada en el año 2018, está actualmente traspuesta a la legislación española a través de los artículos 30 y 65 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, notablemente menos intransigente que la nueva directiva europea. "Toda autoridad o funcionario tomará las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualquier amenaza o acción hostil a los empleados, directivos o agentes de los sujetos obligados que comuniquen indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo" (artículo 30). "No constituirán infracción de ningún tipo en el ámbito de la normativa laboral por parte de la persona comunicante, ni de ella podrá derivar trato injusto o discriminatorio por parte del empleado" (artículo 65).
12 meses
"En España, el Estado no quiere cumplir con la Directiva Europea de protección de denunciantes de blanqueo de capitales, ya que cuando he solicitado explicación de la vulneración de la IV o V Directiva Europea, ni lo han razonado ni he obtenido respuesta. El resultado ha sido que padezco un trastorno ansioso depresivo diagnosticado y una amenorrea secundaria que me ha impedido tener hijos con mi pareja", reivindica la exempleada de Bantierra.
Desde la Comisión Europea explican que estudiarán la denuncia "en un plazo de 12 meses", antes de definir "si cabe abrir un procedimiento formal de infracción contra el país en cuestión".
Segunda llamada a Europa
La denuncia presentada ante la Comisión no es el único frente que tiene abierto Uriarte en Europa. El pasado mes de diciembre, la exempleada de Bantierra elevó otra denuncia ante el Banco Central Europeo.
En ese escrito, Uriarte acusaba al Banco de España de permitir el 'rescate' de Bantierra pese a que la querella por blanqueo en la entidad ya había sido presentada por la Fiscalía Anticorrupción, una acusación que el BCE investiga en estos momentos.
