Publicado: 01/07/2024 11:34
Actualizado: 01/07/2024 12:02
Aumento en el uso de las horas extraordinarias, compensación de la reducción con más días de vacaciones sin un cambio real de las jornadas laborales, expulsión del tiempo de trabajo efectivo de pausas o permisos, aumento de contratos a tiempo parcial de escasas horas, y puesta en riesgo de la desconexión digital si se mantienen exigencias de rendimiento. Son algunas de las consecuencias de la reducción de jornada unilateral con el mismo salario que ultima el Gobierno de las que advierte un artículo de José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y UCM), Jesús Lahera (UCM y Fedea) y Analía Viola (Fedea) que publica este lunes Fedea.
En el trabajo se argumenta que esta iniciativa política unilateral parte de dos premisas cuando menos discutibles. La primera es la necesidad de una Ley para reducir la jornada laboral cuando España tiene una jornada legal máxima dentro de los márgenes habituales en Europa y la negociación colectiva tiene toda la capacidad para reducirla y distribuirla con gran flexibilidad. De hecho, gracias a la negociación colectiva, la jornada laboral semanal media en España se sitúa entre 37 y 38 horas (1.700-1.752 horas anuales).
La segunda es que reducir la jornada laboral por Ley incrementa la productividad y no tiene efectos adversos sobre los costes unitarios de producción. Existe consenso entre los economistas sobre la dirección, al menos dominante, de la causalidad que subyace a la negativa correlación que se observa entre la duración de la jornada y la productividad. El crecimiento de la productividad nos hace más ricos y nos lleva a demandar, entre otras cosas, más tiempo de ocio y, por tanto, una jornada laboral más corta, señala el artículo.
En la dirección contraria, sin embargo, avisa de que el efecto no es ni automático ni universal. Hay circunstancias y ocupaciones en las que una jornada más corta puede traducirse en una mejora de la productividad, aunque no necesariamente de la misma magnitud, pero también hay muchas otras en las que esto no es cierto.
Por tanto, augura que reducir forzosamente la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, supondrá una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas, dado que se calcula que la medida afectará al 67% de los ocupados según la EPA (o al 74% de los trabajadores sujetos a un convenio colectivo).
Esta imposición podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB, alertan los autores del trabajo, que esperan, además, que las empresas traten de revertir sus efectos sobre los costes en la negociación de futuros convenios.
Argumentan que la reducción de la jornada laboral debe ser devuelta a la negociación colectiva mediante la firma de un gran acuerdo marco entre los agentes sociales con este objetivo.
A su juicio, este acuerdo debería tener cuatro objetivos principales: reducir la jornada laboral sin modificar la jornada máxima legal vigente, en estrecha vinculación con los márgenes de productividad y organización del trabajo; revisar los sistemas de distribución horaria flexible, introduciendo garantías para los trabajadores sobre la previsibilidad de sus horarios de trabajo, y reforzar los sistemas fiables de registro horario con un compromiso de evitar horas extraordinarias no retribuidas y un aumento pactado en los convenios de la retribución de la hora extraordinaria.
En cuarto y ultimo lugar, señalan que debe realizarse una mayor integración de la conciliación familiar en el diseño de los sistemas de distribución horaria de las jornadas laborales de los convenios colectivos, evitando el recurso a procedimientos de solicitud individual.
Las pymes, las más afectadas
Este acuerdo social marco confirmaría la tendencia generalizada ya existente hacia la reducción de la jornada laboral sin la interferencia arriesgada de una Ley que la imponga sin atender a las necesidades y peculiaridades de los distintos sectores y empresas, insisten.
Por último, apuntan que si una ley así es finalmente aprobada, debería prever, al menos, un largo período transitorio antes de su entrada en vigor (de un mínimo de dos años) para permitir la adaptación de la propia negociación colectiva.
A su vez, Cepyme ha publicado este lunes un informe en el que detalla los efectos de esta medida en las pymes, a su juicio, las más afectadas por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La baja productividad, los menores recursos organizativos y la menor presencia de convenios de empresa hacen más vulnerables a las pymes a una medida que afectará a tres de cada cuatro trabajadores en mayor o menor medida, el 75% de los asalariados.
Los sectores que más lejos se encuentran de jornadas de 37,5 horas son Información y Telecomunicaciones, Transporte, Comercio y Hostelería, detalla la patronal de las pymes. Hay empresas que todavía no han podido reducir su jornada: el 8% de los trabajadores están en 39,5 horas o más semanales.
Cepyme cuantifica el coste directo mínimo de la reducción de jornada asciende a 11.800 millones de euros. La Confederación advierte de que aumentarán los costes laborales, la conflictividad y la incertidumbre impactando especialmente en las pequeñas empresas.