El Gobierno mejorará el fallido pacto de hipotecas presionado por las subidas de tipos del BCE -que este jueves ha elevado otros 0,25 puntos porcentuales los tipos de interés y los ha llevado al 3,75%, y ha anunciado que las mantendrá "durante el tiempo que sea necesario"-, y por su impacto creciente en las familias. Precisamente se prevé que su efecto sea más agresivo a partir de julio, cuando se cumple un año de la primera subida de tipos del eurobanco, en un escenario de un verano negro para los hipotecados.
Horas antes de que el BCE anunciara que mantendrá los tipos en niveles altos para devolver la inflación al objetivo del 2%, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido afirmativamente este jueves en RNE a la pregunta de si el Gobierno prevé ampliar las ayudas del pacto hipotecario, y ha apuntado a que "justamente", como ya avanzó la vicepresidenta Nadia Calviño, en junio el Gobierno se reunirá con las entidades financieras para evaluar cómo se ha comportado ese "Código de Buenas Prácticas".
Montero ha asegurado que desde el Gobierno están observando cómo se comporta el acuerdo suscrito con las grandes organizaciones bancarias y entidades financieras para minimizar el impacto que pudiera tener la subida de los tipos de interés en las hipotecas. "En caso evidentemente de que no haya funcionado, es obvio que el Gobierno va a instar a que se sigan adoptando medidas que permitan que las personas que tienen una hipoteca puedan tener un aplanamiento de este impacto de la subida de tipos de interés", ha destacado.
En concreto, Montero se ha mostrado favorable a que se revise el pacto para que no queden excluidos quienes tienen hipotecas con aval.
Este miércoles, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, preguntada por las dificultades por las que atraviesan las familias ante el encarecimiento de los alimentos, Calviño ha subrayado que el Gobierno es "más que consciente" y "entiende" la preocupación de las familias y ha señalado a la "política del BCE de rápida subida de los tipos de interés".
1.000 adheridos en febrero
El plan hipotecario entró en vigor en enero tras precipitarse su cierre en noviembre, y lo hizo con la aspiración de que se adhiriera 1 millón de familias. El pasado 15 de febrero, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el portavoz de Bildu Oskar Matute preguntó a Calviño qué pensaba hacer el Ejecutivo para que funcionara, dado que disponía de datos de que sólo se habían sumado 1.000 consumidores.
Calviño respondió que el 9 de marzo se analizaría la situación en una reunión con bancos y consumidores de la que no trascendieron cambios.
En la rueda de prensa de presentación de resultados el pasado 25 de abril, el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, detalló que entre 10.000 y 12.000 familias han solicitado sumarse al pacto, pero no dio cifras de cuántos de ellos se han adherido finalmente. En el caso de Santander, son 1.400 las peticiones, concretó, y advirtió de que su ampliación dependerá de la evolución de los tipos.
El pacto
Facilitar el pago de la hipoteca a más de un millón de familias fue la promesa que el Gobierno lanzó para justificar un pacto hipotecario precipitado con la banca en noviembre. El pacto se labró sobre tres vías. Una primera que reforzaba el alivio para los hogares vulnerables cubiertos por el Código de Buenas Prácticas vigente y para rentas inferiores a 25.200 euros al año. En este caso se permite rebajar el tipo de interés durante el periodo de 5 años de carencia (hasta Euribor - 0,10% desde el Euribor + 0,25 actual), y se ofrece la posibilidad de hacer una segunda restructuración de deuda y la ampliación a dos años del plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda.
En la segunda vertiente del acuerdo se ampliaba el ámbito de aplicación de dicho código para que aquellos hogares que no cumplen el requisito previo de incremento del esfuerzo hipotecario del 50% puedan acceder a una carencia de dos años, un tipo más favorable durante ese plazo y el alargamiento de hasta 7 años en sus préstamos. En este caso, el Gobierno estimaba que se acogerían más de 300.000 familias.
Y para cumplir con las exigencias de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de alcanzar a las clases medias, el Ejecutivo forzó un acuerdo para crear un nuevo código que permitiera a las familias con rentas inferiores a los 29.400 euros anuales aliviar la carga financiera de las hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, mediante la congelación de la cuota durante 12 meses y el alargamiento hasta 7 años del plazo de amortización del crédito.
Este último punto fue el que más ampollas levantó entre los bancos, por el coste que le podría suponer vía provisiones y que finalmente se solventó con un cambio contable para evitar una reclasificación directa de los créditos como morosos.
Avales y 'fichero de morosos'
La Asociación Usuarios Financieros Asufin ha denunciado que las hipotecas con aval quedan fuera "de forma automática" del Código de Buenas Prácticas. "La existencia de avalista en buena parte de las hipotecas podría estar detrás del reducido impacto de las medidas de alivio, del que ha advertido el Banco de España", ha señalado.
Las entidades financieras, que al evaluar la solvencia del hipotecado le exigieron un aval porque no tenía ingresos suficientes, ahora se escudan en el mismo para impedir que se les aplique el pacto. "Nos están llegando cada vez más casos que podrían asumir la hipoteca con alguna de las medidas pero que el banco les dice que tendrá que ser su aval el que arrime el hombro", explica Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
También alerta sobre las consideraciones del Banco de España en cuanto a que el acceso a estas medidas implica una menor calidad crediticia de los deudores, de forma que verán limitado la concesión de nuevo crédito.
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Por qué tenemos que pagarle la hipoteca a estos tíos? El que no pueda que venda el piso y que se compre uno asequible, como hemos hecho los demás.