Florentino Pérez mueve ficha. Tras la denuncia de la Fiscalía de Barcelona contra el Barça por el caso Negreira, el presidente merengue ha encontrado el momento para manifestarse, a título individual, sobre las acusaciones que sacuden en las últimas semanas las oficinas del Camp Nou. El mandatario del Real Madrid ha convocado a su Junta Directiva con carácter urgente de cara a oficializar una posición al respecto, como podría ser la de personarse en el proceso judicial a título particular, esto es, al margen de LaLiga.
Sería la primera vez en mucho tiempo que Florentino Pérez maniobra oficialmente contra los intereses de su par blaugrana, Joan Laporta, con quien, desde su asunción en Can Barça en 2021, le une una relación de complejos y profundos intereses. El presidente del club azulgrana se ha erigido en su gran apoyo en España para lanzar el proyecto de la Superliga europea con el que Pérez apunta a revolucionar el fútbol europeo. Esa unión se ha trasladado a la ley del Deporte y a los tribunales contra LaLiga para impugnar el acuerdo antiSuperliga de la patronal que preside Javier Tebas con el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners. También se ha evidenciado en el recurso común al fondo americano Sixth Street para financiar sendos clubes.
Desde el club merengue han querido mostrar prudencia hasta la fecha y mantener un equilibrio con sus otros intereses, sin posicionarse de la mano de LaLiga en su comunicado "repudiando" los pagos del Barça al exnúmero dos del arbitraje, José María Enríquez Negreira. No obstante, fuentes cercanas al Madrid venían apuntando a Vozpópuli que Florentino sopesaba un giro en las relaciones con el Barcelona y, en especial, con su presidente, Joan Laporta, quien fue partícipe del vínculo de su club con el exnúmero dos de los árbitros.
Las posibles consecuencias del caso Negreira podrían en suma forzar la salida deportiva del Barça del proyecto de Superliga -ahora sobre la mesa de decenas de clubes al margen de los fundadores-, si bien es un extremo que pende aún de múltiples factores, empezando por el vínculo contractual de los culés con la empresa tras la iniciativa. No obstante, señalan fuentes conocedoras, existen cláusulas que recogen un cambio sobrevenido de las circunstancias, como el que plantea la posible constatación de la corrupción "continuada" en el tiempo de los sucesivos presidentes del Barcelona.
Las fuentes consultadas discrepan igualmente sobre el alcance de las medidas que podría tomar Florentino Pérez en su condición de presidente de la Superliga contra quien pese a viejas diferencias ha sido en tiempos recientes su bastión. “No se hará nada hasta que el Tribunal de Justicia de la UE falle sobre la Superliga”, matiza uno de los informantes consultados. Dicha sentencia está prevista para esta primavera.
Florentino ve sospechas "fundadas" de corrupción
Por lo pronto, para manifestarse ahora de cara a la opinión pública, desde el Madrid esgrimen "la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía" en la denuncia conocida este viernes, que apunta contra "el F. C. Barcelona" como persona jurídica y dos de sus presidentes "por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira", en palabras que ha hecho suyas el Real Madrid. El ministerio público, en suma, ha concluido que el Barça pagó a quien fuera el número dos de los árbitros entre 1994 y 2018 "para que los árbitros le favorecieran", finalizando los pagos una vez Negreira abandonó el Comité arbitral.
Así las cosas, lo cierto es que el Barça pende de un hilo: la institución se enfrenta a una serie de penas que ponen en riesgo su viabilidad como club -el grueso de sus ingresos está supeditado a la división masculina de fútbol. El descenso de categoría e incluso la inhabilitación para competir por hasta cinco años aparecen entre las medidas que podrían reclamar las entidades afectadas, como LaLiga, por los presuntos ilícitos de los que se acusa a los blaugrana: haber girado siete millones de euros al número dos del comité arbitral entre 1994 y 2018 para influir en el arbitraje y adulterar la competición en su beneficio, como ha concluido la Fiscalía. Y, como añaden desde LaLiga, siendo relevante para las acusaciones la mera intención de influir en los árbitros y no necesario probar que se consiguió dicho objetivo ilícito, si bien desde la patronal de los clubes prefieren ser "cautos" en cuanto a la concreción de la posible condena.
