España debe, de momento, 700 millones de euros a fondos y firmas internacionales. Una factura que llega por la condena en los tribunales internacionales de arbitraje por la retirada de las primas a las renovables en 2013. La posición de España es que no va a pagar 'ni un euro' de esa cuenta, porque la legislación europea no se lo permite. Ese posicionamiento ha llevado a los ganadores de estos laudos a buscar un 'plan b': los embargos de bienes españoles en el extranjero para cobrar sus deudas. 

Según confirman fuentes conocedoras de estos procesos a Vozpópuli, las firmas internacionales y sus asesores legales manejan una lista de 2.000 activos que tiene el Reino de España localizados en extranjero por un valor cercano a los 3.000 millones de euros. Unos bienes 'embargables' en el que tribunales internacionales, como en Reino Unido, han dado la razón a los afectados para iniciar estos procesos. 

Algunos activos han ido saliendo a la palestra en las últimas semanas en los medios españoles conforme los fondos han empezado a impacientarse ante la posición del Reino de España. Las sedes del Instituto Cervantes y de l'Agència per a la Competitivitat de L'Empresa en Londres, los activos de Navantia en Australia o la deuda pendiente que tiene la aseguradora del Prestige con España tras la tragedia medioambiental de 2002. 

Como informaba esta semana este medio, esta riada de informaciones relacionada con posibles embargos está vinculada a las comunicaciones que se han conocido que han mantenido en los últimos meses el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, y el Reino de España.  

Un intercambio de cartas oficiales que ha permitido a los fondos internacionales percibir que el Banco Mundial está interesado en la decisión de "no pago" por parte de España. El organismo considera que si el país mantiene la decisión de no pagar incumple sus obligaciones, deslegitima los arbitrajes, las disputas internacionales en materia de inversiones quedaría anulada y sentaría precedente porque cualquier otro país podría actuar de esta forma. 

¿Negociación?

"Nuestro deseo no es seguir embargando y confiscando activos de España, sino llegar a una resolución efectiva del problema a base de sentarnos a negociar y pactar una salida en base a lo determinado en los laudos internacionales. Apelamos, por tanto, a la sensatez y a un entendimiento que creemos que es posible. Las obligaciones reconocidas ascienden a 1.250 millones de euros y, cuando concluyan todos los procesos, estimamos que serán de 2.000 millones", explican fuentes cercanas a uno de los ganadores de estos pleitos a España. 

Uno de los aspectos que más incomoda a estas firmas es que han intentado en estos años sentarse con los diferentes gobiernos para encontrar una solución. Una vía donde, fundamentalmente, el Gobierno español y la Abogacía del Estado asuman sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Pero, insisten, el Reino de España se ha negado a participar en esas discusiones.

"Son cantidades importantes para nosotros, pero apenas suponen el 0,2% del PIB para España. Por dicha cantidad no merece la pena provocar el daño institucional que está sufriendo el país y que solo irá a más si avanzan los procedimientos de incautación y embargo de sus activos en el extranjero", añaden representantes de una de las causas. 

 No obstante, el actual Gobierno decidió hace cuatro años tender la mano a estos inversores con una oferta en la que establecía que las plantas afectadas por el recorte de 2013 mantendrían intacta su retribución anual del 7,39% hasta 2031 siempre y cuando renunciasen a iniciar acciones legales contra el Estado. Y en el caso de tener ya algún procedimiento en marcha, retirarlo. También se acordó rebajar ligeramente la tasa de rentabilidad razonable de las renovables (desde el 7,39% hasta el 7,09%) en los próximos seis años.  Este acercamiento no funcionó.

Una década de pleitos

El embargo es un paso más en los movimientos de los afectos de cobrar lo que han ganado en los tribunales por una causa de hace una década. Se estima que España lleva invertidos 129 millones de euros en la contratación de despachos internacionales de abogados para su defensa de estos casos.

El origen del conflicto entre España y la comunidad inversora está en la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con las primas a las renovables que había aprobado en 2007 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional avalaron la reforma del Ejecutivo popular. Este cambio normativo supuso, según las estimaciones de 2013, una reducción de los beneficios de estas instalaciones de 1.700 millones de euros. 

Esta medida no gustó a los inversores internacionales que habían invertido bajo el amparo de la normativa de Zapatero, de ahí que pusieran en marcha una oleada de arbitrajes, la mayoría ante el CIADI, que se han saldado de forma mayoritaria a favor de sus intereses, si bien España se ha anotado algunas victorias.

Eiser contra el Reino de España

Eiser fue la primera compañía que logró una victoria frente a España por el recorte a las primas de las energías renovables. La energética y su filial luxemburguesa presentaron la solicitud de arbitraje en diciembre de 2013 ante el CIADI invocando el Tratado de la Carta de la Energía.

La compañía llevó a España ante la corte del Banco Mundial por el impacto que tuvieron las reformas del Gobierno sobre dos plantas de energía fotovoltaica que tiene en Extremadura y Castilla-La Mancha. En mayo de 2017, España fue condenada a pagar 128 millones y días después Eiser presentó una petición de reconocimiento del laudo ante un Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), que es el procedimiento anteriormente citado.

Son cantidades importantes para nosotros, pero apenas suponen el 0,2% del PIB para España. Por dicha cantidad no merece la pena provocar el daño institucional que está sufriendo el país

No obstante, este laudo fue finalmente anulado después de que España desvelase un conflicto de interés de uno de los árbitros que había permanecido oculto durante el proceso. Junto a Eiser, España fue condenada por casos que se elevaban hasta los 1.000 millones con firmas como Nextera, Antin, Toyota o HSBC. El Reino de España también ha logrado victorias con laudos favorables en la Cámara de Comercio de Estocolmo contra Isolux y Charanne. También logró imponerse a la alemana Stadtwerke München y al fondo BayWa.

Los inversores han llevado a España ante los tribunales internacionales de arbitraje hasta en 50 ocasiones, reclamando 9.500 millones de dólares por verse afectados en sus inversiones en el país. Es decir, hay muchos inversores afectados por el 'hachazo' a las renovables esperando como se resuelven el resto para avanzar con su causa.

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