Después de más de una semana de negociaciones, la mesa de trabajo formada por el Tesoro, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y patronales como AEB o CECA sigue sin ponerse de acuerdo en las garantías del Estado. Las entidades financieras confían en que finalmente los avales estén en el orden del 80% para pymes y del 90% para autónomos y micropymes -justo en el límite que marca la Comisión Europea- pero el Gobierno teme que esta decisión se pueda ver como una concesión a la banca y no a las personas, según las fuentes consultadas por Vozpópuli.
En este fin de semana se han producido varias reuniones en las que unos y otros han dado su discurso, pero sin llegar a un acuerdo que convenza a las partes. De hecho, la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, comunicó este lunes que el plan de los avales públicos aún no está listo.
Y es que, aparte del supuesto daño de imagen, el Ejecutivo teme una avalancha de morosos que termine por lastrar aún más el déficit. Este es el punto que más preocupa a la número tres de Sánchez, que tiene que lidiar con unas cuentas del Estado bastante apretadas. No obstante, fuentes financieras aseguran que si no se dan las garantías necesarias, tarde o temprano el Gobierno tendrá que enfrentarse a un problema, "que no se resolverá sólo".
El equipo de Calviño también ha puesto como excusa la prima de riesgo. Considera que unos avales demasiado generosos podrían llevar a un aumento del precio del bono español con respecto al alemán, lo que se traduce en una financiación más cara para el país. Y teniendo en cuenta el elevado nivel de deuda, no es el escenario que se plantea ahora mismo. No obstante, el riesgo es bastante inferior ahora que el Banco Central Europeo (BCE) ha prometido un plan de compra mucho más generoso, de 750.000 millones de euros y que estará en vigor hasta finales de 2020.
Tampoco ayuda la presión de Unidas Podemos en las negociaciones. A pesar de no tener competencias económicas, la formación morada insiste en que es necesario poner en marcha una renta mínima y también una moratoria en los alquileres. Medidas que son apoyadas, en parte, por miembros del Consejo de Ministros pero que no casan con los 100.000 millones de euros en avales.
Nuevas exigencias
Calviño ha pedido a la banca que comience a prestar ya, con la excusa de que las garantías serán retroactivas. Pero las entidades no se fían de este mensaje porque al no especificar la cuantía del préstamos que no tendrá riesgo es muy difícil saber de cuánto será la línea de crédito que se puede dar al cliente.
Sea como fuere, lo cierto es que los bancos comienzan a hartarse de la pasividad del Ejecutivo y exigen respuestas inmediatas para poder comenzar a ofrecer la liquidez a las pymes y grandes empresas que lo necesiten. Los bancos critican que en esta situación de crisis el Gobierno haya decidido esperar hasta el próximo martes -tras el Consejo de Ministros- para desgranar los pormenores de las garantías públicas, y más teniendo en cuenta que las 'reglas del juego' ya se conocen.
Por otro lado, el Gobierno espera que Europa de un paso al frente y ponga en marcha los conocidos como eurobonos -bautizados ahora como coronabonos en el sector financiero- para así no tener que hacer frente el Estado sólo con el riesgo de la deuda del tejido empresarial. Los eurobonos o bonos de estabilidad europeos son títulos teóricos de deuda pública, a emitir por el conjunto de todos los países de la zona euro, cuyas cantidades no necesariamente deberán ir expresadas en euros.
