En plena sequía, y a pesar del esfuerzo político en remarcar el cambio climático y del apoyo de los fondos europeos, el Gobierno no ejecuta en su totalidad las inversiones públicas en políticas relacionadas con el agua y los regadíos, mientras crecen las alarmas en algunas regiones y en el campo. Las partidas evidencian una cierta dejadez e improvisación.

Así, por capítulos de gasto presupuestario, de los 532 millones de créditos previstos en inversiones reales, las Obligaciones Reconocidas Netas (pagos comprometidos) sólo han llegado a los 267 millones, según la información de la Intervención General del Estado de noviembre de 2023 (últimos datos públicos). Falta la liquidación de diciembre, pero no supondrá cambios significativos. Es decir, el grado de cumplimiento se ha quedado en la mitad de los créditos habilitados, pese a contar con las ayudas de la UE. En todo caso, esta cifra no es nada significativa, ya que supone que los ministerios sólo han empleado en recursos hídricos el 3,7% de las inversiones públicas totales programadas en los Presupuestos Generales (más de 14.000 millones).

Aunque no se trata de inversiones directas, también existen otras partidas de gasto en otros capítulos dedicadas al agua. Así, las transferencias de capital realizadas a entidades y empresas públicas (ayudas para sufragar estos gastos) se han acercado a los 900 millones frente a los casi 1.000 millones previstos. Esta cifra sólo representa el 2,7% de los 37.000 millones de presupuesto total de los ministerios en estas operaciones de capital. Y, por su parte, las aportaciones mediante activos financieros (créditos que no se computan a la hora de calcular el déficit público y que luego hay de devolver) alcanzaron los 400 millones frente a los casi 700 previstos con un grado de cumplimiento del 58%. Es decir, el Gobierno sólo otorga a infraestructuras relacionadas con el agua el 1,7% del conjunto de los créditos de que dispone (unos 40.000 millones), para activar los programas inversores de las empresas públicas.

¿A cuánto se eleva el gasto público total que el Gobierno dedica a las políticas de agua y sus infraestructuras? En su totalidad, es decir, sumando las inversiones reales, las transferencias de capital y los activos financieros, a los que hay que sumar los gastos de personal y corrientes inherentes entre otros, sólo ha empleado en 2023 unos 1.600 millones, frente a los casi 2.500 millones presupuestados de que dispone. Se trata de la mitad del presupuesto que dedica, por ejemplo, a subvencionar el transporte terrestre o a transformar “el modelo turístico hacia la sostenibilidad”. Lo que supone que, incluyendo los fondos europeos, el Ejecutivo sólo ha gastado el 65% del Presupuesto habilitado. Es decir, ha dejado de utilizar un tercio de los créditos totales consignados en esta materia en los Presupuestos. 

Pocas medidas contra la sequía

En todo caso, lo más llamativo es que la mitad de este gasto (más de 800 millones) no se ha destinado directamente a infraestructuras para paliar los efectos de la sequía sino a la “transformación digital” del agua y, por ejemplo, a ordenar y elaborar la normativa de los recursos hídricos. Todo esto da a entender que a pesar de las alarmas del campo y de los ciudadanos (en Cataluña la situación sigue deteriorándose con la provisión de agua para el consumo de las desaladoras de la Comunidad Valenciana, mientras que en Andalucía se están activando los planes de restricción) el Gobierno sigue ajeno a la búsqueda de alternativas aunque cuente ahora con más recursos financieros.

Por ejemplo, las ayudas previstas de los fondos europeos en estos tres capítulos presupuestarios alcanzaban en 2023 los 1.400 millones y sólo se ha dispuesto de unos 900 millones. Mientras, el Plan Hidrológico Nacional, posiblemente desactualizado, ya que se aprobó en 2001 y sólo fue modificado en 2005, duerme en los cajones de los ministerios y proliferan las tractoradas con el agua también entre las reivindicaciones del sector.

Las partidas de gasto en recursos hídricos, que siguen bajo las competencias del Estado, se concentran en los ministerios de Agricultura y Política Territorial (las confederaciones hidrográficas tienen su propio presupuesto con un capítulo de inversiones reales de 180 millones). De los programas llama la atención, por ejemplo, que Agricultura tenga replicado, a cargo de los fondos europeos, el Plan de Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad de los Regadíos por un importe de 207 millones y 260 millones respectivamente. Pero ninguno de ellos se ha activado (algo similar sucedió en 2022 con un importe de 303 millones).

Es decir, los planes de “Ahorro de Agua y Eficiencia Energética” de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SIEASA), pese a ser modificados presupuestariamente, no se han realizado. Existe otro programa en este departamento (ajeno a los fondos de la UE) de Gestión de los Recursos Hídricos para el Regadío”, pero de los 155 millones de gasto previsto sólo se ha realizado hasta noviembre (último dato disponible) el 44% (unos 66 millones). 

Acción de Transición Ecológica

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica incluye seis programas de actuaciones en políticas de agua. La mitad de ellos (los más elevados) corresponden a fondos europeos. Lo que da una idea de lo que va a suceder en este sector cuando se acabe el apoyo de Bruselas. Así, unos 485 millones (el gasto realizado se aproxima a su totalidad) se incluyen en el Programa de Seguimiento y Restauración de Ecosistemas Fluviales a través del Fondo de Restauración Ecológica y Resilencia (creado para ejecutar inversiones de apoyo al agua y del dominio público hidráulico) y de la sociedad estatal Acuaes (con el curioso objetivo de reducir la extracción de agua subterránea).

En este plan también se destina casi 10 millones, que no se han ejecutado en grado alguno, para infraestructuras de la Fundación Biodiversidad, la mejora del margen del Delta del Ebro y la ampliación del barranco La Casella en la Comunidad Valenciana para evitar inundaciones. Mientras, a los dos programas de Transformación Digital del Agua se ha destinado unos 400 millones, que se han ejecutado íntegramente, incluyendo las aportaciones al Fondo de Restauración Ecológica para la prevención meteorológica y para la predicción de la calidad del aire por parte del Barcelona Supercomputing Center.  

Es evidente que estas inversiones no sólo no se han ejecutado en su totalidad, pese a contar con dotación crediticia, sino que además parecen insuficientes; sobre todo, cuando se acaben los fondos europeos

En cuanto a los planes de este ministerio ajenos a los fondos de la UE, han tenido una desigual liquidación. Por ejemplo, el de Gestión de Infraestructuras del Agua estaba dotado con 305 millones y hasta noviembre sólo se habían ejecutado 133 millones (44%). Mientras, el Programa de Calidad del Agua, ha supuesto un gasto de menos de 120 millones (58%) cuando contaba con un crédito definitivo de 203 millones. Y del Programa sobre la Normativa y Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos se han gastado 365 millones de los 396 millones presupuestados (92% de ejecución). 

Lo que es evidente es que estas inversiones y actuaciones no sólo no se han ejecutado en su totalidad pese a contar con dotación crediticia, sino que además parecen insuficientes; sobre todo, cuando se acaben los fondos europeos. Mientras, el Gobierno y la oposición (enfrascados en sus guerras políticas) siguen mirando al cielo a ver si la lluvia resuelve las carencias del longevo Plan Hidrológico Nacional y reduce el impacto del cambio climático. 

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