El Gobierno ha prometido que la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, en la que invertirá 1.700 millones de euros tras su acuerdo con la Generalitat, generará 83.000 nuevos empleos directos. Sin embargo, fuentes del sector aéreo apuntan que esta cifra no está garantizada, pues las compañías aéreas tienen que estar dispuestas a usar El Prat como base de operaciones, la única manera de incrementar el tráfico y el empleo; y el Estado tampoco tiene certidumbre sobre este último asunto.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aseguró este lunes en rueda de prensa que el acuerdo para convertir el aeropuerto barcelonés en un “hub internacional para la movilidad aérea”, mediante “una inversión extraordinaria de 1.700 millones de euros”, se traducirá en la “generación de 83.000 empleos directos” y más de 360.000 indirectos; además de hacer crecer el PIB catalán en 2,1 puntos.
El Gobierno pretende que el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat sea un gran centro de conexión capaz de albergar operaciones de largo radio, que mejoren la conectividad de Cataluña con América y Asia, y poner en marcha iniciativas que potencien la conectividad de los aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava, de modo que se dote de mayor capacidad el sistema aeroportuario de Cataluña.
Hacen falta compañías grandes que necesiten conexiones entre Europa, América, Asia y África y se interesen por El Prat
Sin embargo, las fuentes consultadas por Vozpópuli apuntan que "la inversión en un aeropuerto no garantiza ni de lejos que vayan a generarse 83.000 puestos de trabajo". "Lo que hay que preguntarse es si están garantizadas las operaciones, si hay alguna aerolínea dispuesta a utilizar Barcelona como base de operaciones e interesada en incrementar el número de vuelos, especialmente de largo radio", añaden.
De momento, la principal aerolínea que opera desde Barcelona es Vueling (con 20,3 millones de pasajeros en 2019), pero ésta centra su actividad en vuelos de corto y medio radio, con destinos fundamentalmente europeos. "Eso no genera una operativa suficiente, hacen falta compañías grandes que necesiten conexiones entre Europa, América, Asia y África y vean El Prat como punto geográfico estratégico", comentan las citadas fuentes.
En definitiva, pese a la voluntad de los gestores aeroportuarios de convertir a El Prat en un "hub internacional", hacen falta vuelos de largo radio que lo consoliden. La última palabra la tienen las aerolíneas, que lo deben encontrar atractivo para instalar una base donde los pasajeros hagan escala. Algo que, según las fuentes consultadas por este periódico, "explica por qué hay tantos aeropuertos inútiles en España".
De hecho, un reciente informe del Ayuntamiento de Barcelona defendía que "los hubs los crean las compañías aéreas". El estudio, elaborado por la agencia pública de desarrollo urbano Barcelona Regional apuntaba que "no se puede considerar que el aeropuerto de Barcelona tenga unos volúmenes de conexión que lo sitúen dentro de la categoría de hub” y "las condiciones del mercado tampoco son favorables para la aparición de una compañía que ofrezca vuelos de conexión desde el aeropuerto”.
La batalla medioambiental
Finalmente, otro de los problemas a los que se enfrenta el Ejecutivo es la batalla medioambiental que ha generado este proyecto. El Gobierno de Ada Colau se ha opuesto en numerosas ocasiones a la ampliación del aeropuerto con la prolongación en 500 metros de la tercera pista al considerar que disparará las emisiones contaminantes y afectará al entorno natural de La Ricarda, un espacio protegido en la Red Natura 2000.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovechado una comparecencia este martes para explicar que el acuerdo de ampliar El Prat está condicionado a que se garantice "el respeto absoluto a las exigencias medioambientales de la Comisión Europea". Además, ha asegurado que el acuerdo "no concreta" si se producirá una ampliación de la tercera pista, algo que el sector aéreo ve fundamental para acoger vuelos intercontinentales.
Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, también ha defendido que "el cumplimiento de las obligaciones ambientales es un elemento imprescindible para cualquier desarrollo que pueda hacerse". Además, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha insistido en que el crecimiento del aeropuerto supondrá “la mínima afectación posible” para el entorno natural.
1.600 millones para Barajas
Tras la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat de Cataluña de este lunes, Isabel Rodríguez también anunció que se invertirán 1.600 millones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas; aunque en ese caso el Ejecutivo no especificó el número de puestos de trabajo que se generarían tras la citada inversión. Hay que recordar que el actual presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, era el candidato del PSC para la vicepresidencia económica en la Generalitat.
En la rueda de prensa posterior a la reunión bilateral del Estado con el Govern de Cataluña, Rodríguez destacó lo “fácil” que ha resultado, asegurando que se ha "recuperado la normalidad en las relaciones” después de tres años marcados por la crisis política y sanitaria. La portavoz destacó la importancia de "estar juntos, todos unidos" y que "nadie quede atrás en la recuperación económica de nuestro país".
De momento, se ha acordado que "la solución concreta" sobre la ampliación de El Prat se determinará en el próximo Plan Director, que será posterior al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que debe aprobarse antes del 30 de septiembre. Además, previamente se hará una consulta previa a la Comisión Europea por la afectación medioambiental que puede tener el proyecto.