La partida presupuestaria de "elecciones y partidos políticos" con la que el Gobierno financia el funcionamiento ordinario de los partidos, su seguridad y también los gastos extraordinarios derivados de la celebración de elecciones superará este año el récord de más de 600 millones de euros, una cifra que nunca antes se había alcanzado, por la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre y la celebración de comicios autonómicos, municipales y europeos el pasado mayo.
El Gobierno en funciones se vio obligado a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, elaborados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para ese año y en los que la partida de "Elecciones y Partidos" contaba únicamente con una dotación de 62,8 millones de euros (aunque luego se gastaron 75,6), ya que en ese ejercicio no estaba prevista la celebración de Elecciones.
Sin embargo, en los PGE de 2019 que Pedro Sánchez no consiguió sacar adelante, el Gobierno sí preveía que 2019 iba a ser un año de citas electorales, por lo que elevó este presupuesto hasta los 302,9 millones de euros.
Esa cantidad tampoco ha sido suficiente para sufragar los costes de este año y ni siquiera hubiera valido en caso de que Sánchez hubiera sido investido presidente y hubiera evitado así la repetición electoral el 10-N.
Según los datos de Ejecución Presupuestaria divulgados mes a mes por la Intervención General de la Administración el Estado (IGAE) -que desde marzo de 2003 rinde cuentas sobre cómo va el cumplimiento de los presupuestos-, a cierre de julio de este año el Estado había elevado a 475,8 millones de euros el dinero para "elecciones y partidos políticos", siete veces más de lo previsto en los presupuestos prorrogados de 2018, de los que ya se habían gastado 364,57 millones, confirman a Vozpópuli fuentes del Ministerio de Hacienda.
Récord de gasto
A esos 475 millones que el Gobierno contabilizaba antes de verano habrá que sumar ahora alrededor de 172,8 millones más (los mismos que se concedieron para el 28 de abril), que se distribuyen de la siguiente manera: 134,8 millones para financiar los gastos derivados de la celebración de elecciones y 38 millones de euros para subvencionar los gastos electorales de los partidos políticos. La suma dejará un gasto total en 2019 de más de 600 millones de euros.
Nunca antes se había producido un gasto anual tan abultado para elecciones y partidos políticos, aunque es cierto que el año 2019 es el primero en el que coincide la celebración de Elecciones Generales (en dos ocasiones), de Elecciones Autonómicas y Municipales, y de Elecciones al Parlamento Europeo.
El máximo gasto anterior se produjo en el año 2015, cuando el Gobierno gastó un total de 445,2 millones de euros a cierre de diciembre. En ese año se celebraron Elecciones Generales, que tuvieron que repetirse de nuevo al año siguiente, y Elecciones Autonómicas y Municipales.
La cifra se ha disparado respecto a los 302,9 millones que preveía el Gobierno debido a que la partida de "gastos corrientes en bienes y servicios" casi se ha duplicado. Aquí se incluye el material y los suministros para procesos electorales, consultas populares y estudios y trabajos técnicos, que han costado 311,7 millones (sólo hasta julio) en lugar de 176 millones en todo el año.
Las transferencias corrientes también ha sido mayor de lo esperado: 162,9 millones en vez de 124,9, con un gasto de 122 millones en financiación a partidos políticos (de los que 69 millones son subvenciones por gastos electorales) y 2,7 millones para sufragar gastos de seguridad.
¿Cómo financia el Estado a los partidos?
El Estado financia a los partidos políticos en tres vertientes: las actividades ordinarias para su funcionamiento normal (mediante subvenciones anuales); los gastos de seguridad, que se asignan anualmente y buscan que los partidos mantengan su actividad política e institucional; y, en tercer lugar, sus actividades extraordinarias, determinadas por el exceso de gasto que conlleva la celebración de procesos electorales.
La financiación para la actividad ordinaria y para la seguridad se reparte de esta manera: un tercio del total se reparte proporcionalmente en relación a los representantes del Congreso de los Diputados y los dos tercios restantes se reparten en función de los votos que hayan obtenido los partidos que han conseguido representación en el Congreso en las últimas elecciones.
Por su parte, la financiación para actividades extraordinarias, es decir, las elecciones, que suponen entre un 20 y un 25% de la financiación total de los partidos, se reparten según la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General.
Para las elecciones generales del 28 de Abril, el Ministerio de Hacienda estipuló acorde a esa Ley que se daría una bonificación de 21.167,64 euros por cada diputado y senador (igual que en las elecciones de junio de 2016), además de 0,81 euros por cada voto al Congreso y 0,32 por cada voto al Senado, siempre que hayan obtenido representación parlamentaria. El envío de publicidad y papeletas se paga también con 0,21 euros por elector.
La cuantía resultante de ese cálculo es de casi 52 millones correspondientes a los comicios del 28A, y los partidos políticos se quejan de que todavía no los han cobrado porque el Gobierno en funciones no ha hecho el pago.
