El Gobierno ha vetado las enmiendas de PP, Cs, Vox y PNV que pretenden trasladar el impuesto a las energéticas que propone la Comisión Europea al español. Dentro de un total de 43 vetos, el Ejecutivo ha censurado el intento de la oposición y del Grupo Vasco de mejorar el gravamen español, muy diferente del comunitario, para lo que alega que no hacerlo supondría una "disminución de ingresos".
Llama la atención este rechazo, que no sería necesario aunque el Gobierno no pretenda incorporar ninguna de estas enmiendas, cuando los partidos que las promueven no suman mayoría suficiente y no parece que el resto de sus socios vayan a votar a favor de ellas. El Ejecutivo lanza un gesto de confianza y suficiencia respecto a su propio impuesto frente al europeo y se permite censurar formalmente en el Congreso el impuesto acordado por la Comisión y los Estados miembros.
Ente las enmiendas vetadas, una del PP pretende que el impuesto a energéticas grave un 33% los beneficios extra que excedan un 20% la media de los cuatro años anteriores, que sea finalista y que afecte a las empresas residentes y establecimientos permanentes. Además, veta tres enmiendas de Vox en el mismo sentido. Una prevé que se grave el beneficio extraordinario, otra lo define como el incremento de la base imposible de Sociedades de 2022 comparado con la del periodo y una tercera prevé que sea finalista.
A su vez, Ciudadanos promueve en una enmienda que se grave un 33% el beneficio que exceda un 20% al de los tres años anteriores y en otra que sea finalista.
En este contexto resalta que un socio del Gobierno también pida adaptar el impuesto europeo. Una de las enmiendas del PNV plantea gravar un 33% el beneficio que exceda de la media de los cuatro años anteriores.
El impuestazo
La intención del Gobierno es gravar los ingresos de las principales empresas energéticas. La apuesta de la Comisión Europea es atajar los "beneficios extraordinarios" de petroleras y gasistas.
La proposición de ley que registraron en el Congreso PSOE y Unidas Podemos el 28 de julio pretende recaudar el 1,2% de la cifra de negocio de 2022 y 2023 de todas aquellas empresas del sector energético cuyos ingresos de 2019 hayan superado los 1.000 millones de euros. No distingue los diferentes negocios de la compañía y grava todos los ingresos obtenidos por el grupo en España.
Bruselas, por su parte, pone encima de la mesa una propuesta de Reglamento europeo que ha denominado "Contribución solidaria temporal". Esta contribución consiste en un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las empresas del sector de los combustibles fósiles. El cálculo se realiza en base a las ganancias de 2022 que estén por encima del 20% de aumento sobre los beneficios medios de los cuatro años anteriores, entre 2018 y 2021.
La propuesta de la Comisión sólo afronta los beneficios extraordinarios y separa el castigo de otras actividades de las energéticas sin hacer uso del denominado Oil & Gas. Es decir, su impuesto se limita a la actividad petróleo, gas, carbón y las refinerías. Prevé que tenga un carácter finalista para ayudar a los afectados por la crisis energética.
La propuesta española se alejaría de las iniciativas planteadas por algunos países de su entorno y del Reglamento de la Comisión Europea, que plantea la contribución durante solo un año a las empresas de la industria del Oil & Gas a través de un impuesto a los beneficios extraordinarios y no a los ingresos.
Las enmiendas del PSOE y Podemos
El pasado 29 de septiembre, la Comisión Europea ya mostró que dará libertad a los Estados miembros con el impuesto. Como avanzó Vozpópuli, el borrador de Reglamento que se conoció entonces permite elevar el tipo e, incluso, que no se aplique sobre beneficios. Sin embargo, el sector entendía que esta posibilidad se daba a países como Italia que ya tienen un impuesto parecido en vigor, en el caso italiano, desde abril. Mientras que España tiene todavía margen de maniobra en la tramitación parlamentaria.
El pasado jueves, acabó finalmente el plazo de enmiendas parciales y entre las que registraron PSOE y Podemos no había ninguna que pretenda adaptar el impuesto al europeo en los parámetros más determinantes. Sí que hubo una corrección, para dotarle de carácter finalista: "El rendimiento de la prestación se ingresará en el Tesoro Público y se utilizará para cualquiera de los siguientes fines (...) medidas de apoyo financiero para desarrollar la autonomía energética, en particular inversiones en consonancia con los objetivos de REPowerEU establecidos en el Plan REPowerEU y en la Acción conjunta europea REPowerEU, tal como proyectos con una dimensión transfronteriza", plantea una de las enmiendas. Para pagar el gasoducto BarMar, por ejemplo.
