El Gobierno maquilla el déficit de a Seguridad Social con transferencias crecientes del Estado. En un escenario de subida de las pensiones del 8,5%, si se descuentan estas transferencias y los ingresos del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que van a Fondo de Reserva, el déficit de la Seguridad Social supone el 72% del déficit de los Presupuestos, alerta Fedea, que advierte de que se aleja el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario y se mantiene la tendencia negativa que empezó en 2008.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha publicado este miércoles un estudio de M. A. García que analiza las principales novedades del proyecto de presupuesto del Sistema de Seguridad Social para 2023, que incluye algunas de las principales partidas de gasto e ingreso público y supone más del 40% del total consolidado de la Administración Central. Entre estas partidas, destaca la de las pensiones, que absorbe algo más del 85% del gasto, y está en el punto de mira público debido al fuerte aumento que comportará la actualización con el IPC. A esto se añade una mejora de las dotaciones del Ingreso Mínimo Vital y la Atención a la Dependencia.
En el capítulo de ingresos, se produce un nuevo aumento de las cotizaciones sociales como resultado de la subida de la base máxima con la inflación y el incremento durante 10 años del tipo de cotización en seis décimas para constituir el fondo de reserva previsto en el MEI y que por tanto no deberían contabilizarse como ingresos corrientes.
Fedea realiza una estimación de la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social en 2022, que reduce ligeramente la previsión inicial de déficit, y una proyección alternativa de los ingresos y gastos de 2023, que la eleva en dos décimas.
El informe concluye que la evolución de los ingresos y gastos que calcula elevaría el déficit del Sistema de Seguridad Social hasta el 0,7% del PIB en 2023, y lo aumentaría en dos décimas adicionales, hasta el 0,9%, si se deducen los ingresos extraordinarios obtenidos por el MEI, que deben inyectarse en el (sub) Fondo de Reserva para ser utilizados en el pago de pensiones a partir de 2032.
De ser así, se alejaría del objetivo del Gobierno de alcanzar el equilibrio presupuestario en la Seguridad Social al final de la legislatura, a pesar de haber inyectado transferencias adicionales desde el Estado por valor de 1,4 puntos del PIB (19.888 millones de euros).
Para Fedea, es "preocupante" el "creciente recurso a las transferencias del Estado para financiar unos supuestos “gastos impropios” de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y por tanto no deberían correr a cargo del Estado". Estas transferencias tienen el efecto de "trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, ofreciendo así una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones", avisa el informe.
Substrayendo esta partida de los ingresos del sistema, así como los ingresos del MEI que van al fondo de reserva, su déficit real sería del 2,4% del PIB, lo que supondría el 72% del déficit de los Presupuestos de 2023 y el 60% del saldo negativo de todas las Administraciones Públicas.
Subida a toda costa con el IPC
Conocido el contenido del presupuesto, Fedea considera "incoherente" que en un Sistema con saldo negativo a pesar de haber inyectado una gran cantidad extra de dinero y en el que se espera en breve la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación, se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado que aumentará exponencialmente durante muchos años, y además, se disponga a realizar una aportación a un Fondo de Reserva en un ejercicio en el que los ingresos disponibles son insuficientes para afrontar las obligaciones de gasto.
Finalmente, el informe lamenta la decisión del Gobierno de mantener en estas circunstancias la revalorización de las pensiones a toda costa. "La llegada de un choque externo inesperado y abrupto que ha disparado un episodio de elevada inflación ha demostrado el riesgo de mantener en cualquier circunstancia la actualización de las pensiones con el IPC, facilitando que los pensionistas sean de los pocos colectivos que consiguen proteger su renta ante un fenómeno que esperemos sea excepcional, deteriorando la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la equidad personal y entre generaciones, consecuencia de una desequilibrada distribución de los esfuerzos entre la población española", remacha.
