El Gobierno impuso un gravamen temporal a energéticas y entidades financieras por los ‘beneficios extraordinarios’ que obtuvieron en 2022. Y que se mantendrán durante los próximos dos ejercicios. Estas gasnancias 'extraordinarias’ de 2022 también han aparecido en las empresas que controla el Ejecutivo gracias a sus participaciones en compañías del Ibex. Exactamente, 427 millones de euros 'extraordinarios' comparados con 2021 por el dividendo que les corresponde de estas empresas.
Aena, Enagás, Caixabank, Red Eléctrica e Indra se han comprometido este mes con sus accionistas públicos. El dividendo acumulado se eleva hasta los 755,6 millones de euros por el beneficio obtenido en 2022. Un 130% más que los 327 millones que recibieron las empresas que dependen del Gobierno en el anterior ejercicio.
El principal responsable de este aumento es Aena, que tras congelar durante dos años su dividendo, recupera en 2022 uno de las remuneraciones a los accionistas más atractivos del Ibex 35. El consejo de administración del gestor aeroportuario español, presidido por Maurici Lucena (exdiputado del Parlament de Cataluña por el PSC), pone encima de la mesa 4,75 euros brutos por cada acción. Un reparto de 712 millones de euros entre sus accionistas, de los que 363 millones de euros van para Enaire.
La empresa pública empresarial, adscrita al Ministerio de Transportes, es dueño del 51% del gestor aeroportuario y, hasta 2020, era una de las empresas semipúblicas más rentables para el Estado por el dividendo que reparte. "Estamos muy satisfechos de confirmar que por primera vez desde el estallido de la pandemia la compañía retoma lo que ha sido una seña de identidad", explicó Lucena en su conferencia de resultados.
Un 60% más de Caixabank
CaixaBank paga a Hacienda por el gravamen temporal y al Frob por accionista. El banco reparte este año un dividendo en efectivo de 0,2306 euros brutos por acción con cargo a los beneficios de 2022. Este pago es un 58% más que el del año anterior (0,1463), y representa el 55% del beneficio que ha obtenido la compañía en el ejercicio (pay out), en línea con la política que se aprobó para este año de repartir entre el 50% y el 60% de los beneficios.
La entidad financiera distribuirá un total de 1.700 millones de euros entre sus accionistas, de los que aproximadamente la mitad los percibirán la Fundación La Caixa y el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El organismo público recibirá un total de 250 millones de euros por este dividendo frente a los 190 millones que recibió en 2021, un 60% más.
La SEPI recauda 141 millones
Indra vuelve a dar alegría al Estado. Este mismo martes, la empresa que preside Marc Murtra, también antiguo representante público del PSCM, anunció un pago a sus accionistas de 0,25 euros por acción por el beneficio de 2022, lo que supone un 67% más que los 0,15 euros que repartió por el año anterior.
Un compromiso de 11,1 millones de euros para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es dueña 25,1% de Indra. El pasado ejercicio, la empresa estatal ingresó por esta partida 6,7 millones de euros. Indra acumulará este año dos ejercicios consecutivos repartiendo beneficio entre sus accionistas, después de que se congelase en 2014 esta recompensa al accionista.
La SEPI también también tiene derecho al dividendo de Enagás, por ser el máximo accionista con el 5% de la compañía. El gestor técnico del sistema gasístico, que dirige otro directivo vinculado al PSOE como Arturo Gonzalo, pasa este año de pagar 1,72 euros por acción a los 1,74 euros que dará a sus accionistas por su beneficio de 2022. Esto supone que la empresa estatal aumente un 0,3% sus ingresos por esta remuneración, hasta los 22,8 euros.
Por último, Red Eléctrica pagará 108,7 millones de euros a la SEPI. La entidad pública hace valer su papel de máximo accionista con el 20% que controla del gestor de las infraestructuras eléctricas. En su caso, el dividendo de un euro por acción de la empresa que preside la exministra socialista Beatriz Corredor se mantiene igual que en 2021. Una cifra que no está lejos de lo que tienen que pagar empresas como Repsol, Endesa, Naturgy o Iberdrola por el gravamen temporal.
