La movilidad eléctrica está muy centrada en las grandes ciudades, pero el futuro del coche eléctrico pasa por el largo recorrido ahora que ya empezamos a ver como algunos modelos son capaces de ofrecer más de 300 kilómetros en carretera, pero el principal problema sigue siendo el de las recargas lejos de las urbes. Y es que a los costes que supone la instalación de un punto de recarga rápida por parte de empresas particulares se une una legislación enrevesada que no hace fácil poder montar un punto de estas características en lugares estratégicos en las carreteras españolas.
Pero el impulso que parece que el Gobierno quiere dar al coche eléctrico va a contemplar entre otras cosas una modificación de la orden ministerial que regula los accesos a las carreteras del Estado y vías de servicio, vigente de 1997, para facilitar la instalación de puntos de recarga del vehículo eléctrico en negocios ubicados en las mismas, como por ejemplo, hoteles, restaurantes o gasolineras.
Actualmente la norma obliga a que la instalación de puntos de recarga en carretera siga los mismo trámites que los previstos para las estaciones de servicio tradicionales con surtidores de gasolina o gasóleo las cuales, entre otros trámites, deben pedir autorización al Ministerio de Transportes que, a su vez, puede obligar a la implantación o mejora de los accesos desde la vía, como por ejemplo construir un doble carril o un carril de aceleración más largo.
Sin embargo, el cambio legal permitirá que los negocios ubicados en las inmediaciones de las vías puedan implantar un punto de recarga eléctrica sin necesidad de solicitar esta autorización y de hacer modificaciones adicionales al acceso a sus instalaciones.
Cambio en la ley
Según avanzó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el objetivo de esta modificación es promover el despliegue, por parte de operadores privados, de una red de recarga de vehículos eléctricos para avanzar hacia el objetivo de minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar su impacto medioambiental.
En la memoria que acompaña al borrador de proyecto de orden de modificación, a la que ha tenido acceso Efe, se explica que la idea es complementar la normativa de 1997, a fin de regular la instalación, junto a las carreteras estatales, de puntos de recarga eléctrica, que son un nuevo tipo de instalaciones con especiales singularidades y que no existían entonces.
Así, se introducirá una adaptación para que cuando una instalación de recarga se plantee como complementaria de la actividad principal del negocio, no se exigirá adecuar los accesos, porque en las condiciones actuales se entiende que apenas genera tráfico añadido y no afectara significativamente en el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras. No obstante , quedan excluidos los supuestos en los que pueden afectar la seguridad viaria.
El documento recoge que si no se aprobara la nueva regulación, se estaría imponiendo a los solicitantes de este tipo de instalaciones complementarias las cargas de adecuar los accesos a la legislación y la normativa vigentes, lo que disuadiría a muchos particulares de promover la implantación de puntos de recarga públicos en sus negocios, algo contrario al compromiso del Ministerio de Transportes cuya intención es ampliar las infraestructuras de puntos de recarga con cierta celeridad, y la actual normativa lo impedía.
