El impuesto a los bancos no se usará para el plan de ayuda a los hipotecados. El Gobierno descarta financiar con el 'impuestazo' las medidas que negocia con las entidades para proteger del rally del euribor a las familias vulnerables y de clase media en riesgo de dificultades. Esta posibilidad no está encima de la mesa en las conversaciones actuales que mantienen el Ministerio de Asuntos Económico y las patronales bancarias, como trasladan fuentes gubernamentales a Vozpópuli.

Para evitar un choque frontal con el Banco Central Europeo (BCE), el Ejecutivo corrigió varios puntos del texto de la proposición de ley para crear el nuevo gravamen en la fase de enmiendas. Los partidos de la coalición, PSOE y Podemos, registraron una enmienda para que la recaudación de unos 3.000 millones de euros por la tasa se destine a "unos determinados fines", como exigió el banco central en su dictamen del 2 de noviembre para evitar que se utilizara para reducir el déficit público.

UGT propuso un fondo de rescate para los hipotecados que tendría un coste de 650 millones y ayudaría a 340.000 familias"

UGT ha propuesto crear un fondo de rescate de hipotecas con el dinero que se recauda con el 'impuestazo'. Tendría un coste de 650 millones y ayudaría a cerca de 340.000 hipotecados, según las estimaciones del sindicato, que pidió que las familias pudieran acudir al fondo en caso de que el euribor supere el 1,5%. En la actualidad, este indicador se acerca al 3%.

"El plan para aliviar a los hipotecados más vulnerables no contempla movilizar recursos públicos", indican fuentes próximas al Gobierno. De hecho, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está diseñando un 'rescate' a medio camino entre las advertencias de los banqueros para no extenderlo de forma generalizada y las exigencias de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, quien se mostró muy crítica con las propuestas iniciales de la banca.

La batería de medidas se basaría en dar más plazo para pagar la hipoteca y ofrecer carencias, pero con límites claros. En el caso de los más vulnerables, las entidades propusieron ampliar hasta cinco años el plazo de los préstamos, pero solo cuando las cuotas se encarezcan al menos un 30% tras la revisión del euribor y siempre que los ingresos del domicilio se limiten a 24.318 euros al año.

Batería de medidas

Estas medidas se incluirían como una ampliación del Código de Buenas Prácticas, que es voluntario para las entidades. El Gobierno quiere cerrar este mes las negociaciones para poner en marcha las medidas ya en diciembre.
Y prevé ingresar unos 3.000 millones por los dos años (2023 y 2024) en los que estará vigente en principio el 'impuestazo' y en los que gravará el 4,8% de los ingresos típicos y las comisiones por la venta de productos financieros.

Aunque con la inclusión de todas las entidades extranjeras independientemente de si tienen o no ficha bancaria en España es previsible que la recaudación supere lo estimado. También hay que tener en cuenta que el efecto de la subida de tipos en las cuentas podría ser mayor si sigue sin dar tregua la alta inflación.

El euribor a doce meses, al que se referencian la mayoría de las hipotecas variables en España, cerró octubre en máximos desde diciembre de 2008, por encima del 2,6%. Este aumento encarecerá las cuotas hipotecarias en más de 200 euros, cuyos efectos se empezarán a notar sobre todo en las que se actualicen en la recta final del año.