La bonificación 'estrella' a propietarios particulares de la nueva Ley de Vivienda del Gobierno no se aplicará a todo el contrato sino que se extenderá lo que dure la zona del piso en cuestión como "tensionada", señalan a Vozpópuli fuentes gubernamentales.
El anteproyecto de la ley contempla una bonificación del 90% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas declarado por alquilar una vivienda para aquellos pequeños propietarios en zonas "tensionadas" siempre que accedan a rebajar un 5% del precio. Sin embargo, dicho texto no aclara el límite que tienen esas bonificaciones, señalan fuentes jurídicas y del mercado.
El peso de las bonificaciones es que consiguen que el casero vea, pese a otras limitaciones añadidas, ligeramente más rentable al cabo de un año bajar un 5% del alquiler que mantenerlo al mismo precio, según avanzan a Vozpópuli desde la Agencia Negociadora del Alquiler.
El casero tendría segura la bonificación solo por tres años y no por los cinco mínimos que debe durar un contrato de alquiler de vivienda
Sin embargo, al estar estas reducciones fiscales vinculadas a la declaración de "zona tensionada", como matizan a este diario fuentes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el casero tendría segura la bonificación solo por tres años (el período de duración que tienen las "zonas tensionadas", prorrogables por la Administración por un año, según el anteproyecto) y no por los cinco mínimos que debe durar el contrato de alquiler de la vivienda de una persona física tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2019.
"Las bonificaciones, pese a parecer muy atractivas, en la práctica tienen un impacto muy limitado, mientras que exigen modificaciones importantes en los contratos de alquiler", señala a este diario Luis Martín Guirado, director corporativo de desarrollo de negocio de la consultora y tasadora Gesvalt. Fuentes expertas en fiscalidad consultadas por Vozpópuli añaden que "no haría falta subir mucho el precio" para compensar el ahorro de esas bonificaciones allí donde la ley no se aplique.
La doble velocidad de la vivienda
El anteproyecto de la ley que se ha aprobado en el seno del Gobierno de coalición facultaría a CCAAs para poner límites al alquiler en zonas donde el precio medio supere el 30% de los ingresos promedio.
La administración pública competente (en última instancia, siempre las comunidades) podría declarar zonas tensionadas para impedir que los caseros particulares puedan subir más del 10% del precio en un período de 10 años, y que estén obligados a renovar contratos por al menos un año sin subir el precio si lo requiere el inquilino.
Desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han remarcado que aquellas autonomías que se nieguen a aplicar la nueva Ley de Vivienda y sus límites a los precios no podrán beneficiarse de su bonificación estrella.
Arma arrojadiza
Lo anterior ha sido interpretado por fuentes del mercado como una medida de presión sobre las comunidades reacias a aplicar las rebajas a grandes propietarios y congelaciones a pequeños recogidas en el proyecto de ley estatal, como Madrid o Andalucía.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este jueves que no se acogerá bajo ningún término a la declaración de "zonas tensionadas" habilitada por el proyecto del PSOE y Unidas Podemos a nivel estatal, y que apuesta por el libremercado con colaboración público-privada. Además, ha esgrimido, en línea con agentes del mercado, que la aplicación de la Ley de Vivienda en los términos anunciados recortará en un 30% la inversión prevista por los fondos de inversión para España antes de 2025.
La Junta de Andalucía de Juanma Moreno, del mismo signo político (PP-Cs) que las autoridades de Madrid, ha informado que actuará igual que estas. La alcaldía de Sevilla, del socialista Juan Espadas, ha evitado criticar a sus compañeros de partido en el Gobierno pero ha incidido en que su problemática se centra más en la necesidad de nueva vivienda en el mercado.
Promotores y fondos esperan que la ley sea un 'bluff'
Al margen de las comunidades que finalmente se acojan a la ley, fuentes del sector promotor y financiero consideran que el proyecto de Ley de Vivienda puede acabar siendo un 'bluff' en lo referido a sus medidas más publicitadas: la imposición de quitas a los fondos y de un 30% de vivienda social a los promotores.
Entienden que el anteproyecto pende primero de una negociación política en la que esperan, por electorado e ideología, una seria resistencia del Partido Nacionalista Vasco. En segundo término, inciden en que las quitas a grandes propietarios no comenzarían a funcionar hasta 18 meses después de la entrada en vigor de la ley. "Antes de que pueda entrar en vigor, habrá elecciones y todo quedaría en nada", señalaron ya las mismas fuentes a este diario.
Finalmente, como han confirmado fuentes del ministerio, la ley fijará que la imposición de un 30% de vivienda social a los promotores vaya de la mano de una indemnización acordada por la Administración con cada uno de los afectados.
