Una propuesta sobre población ajustada como la que planteó el Ministerio de Hacienda el viernes que eleva la financiación en Sanidad y Educación y el peso de la población envejecida favorece en principio a las comunidades autónomas de la España vaciada y a las infrafinanciadas. Sin embargo, la gran mayoría de las regiones se manifestó en contra del documento, con la excepción de la Comunidad Valenciana, que habló de "victoria". Pues bien, a la espera de que el mapa de las intenciones del Gobierno se desarrolle, con este primer documento, uno de los mayores expertos en financiación autonómica, Ángel de la Fuente, de Fedea, ha analizado todas las variables propuestas, y concluye que las grandes beneficiadas son Aragón y Extremadura, y que además de Madrid y Cataluña, también la Comunidad Valenciana pierde, en concreto, es la tercera que sale más perjudicada, sólo por detrás de Canarias y Galicia.
De la Fuente valora que Hacienda mantenga las propuesta de los expertos que asesoraron al Ministerio cuando lo dirigía Cristóbal Montoro en 2017, pero advierte de que ha incluido "variables ad-hoc que introducen elementos de arbitrariedad en el cálculo de las necesidades de gasto de las CCAA". Así, señala que "la parte más discutible de la propuesta del Ministerio tiene que ver con la introducción de dos ajustes ad hoc que suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer “trajes a medida” en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas". Según detalla, "se trata en particular del peculiar reparto “por bloques” de la partida de costes fijos que se propone en base a un confuso e innecesario ejercicio de análisis de clusters y de la introducción con calzador de un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a determinadas comunidades".
En este sentido, De la Fuente avisa de que la propuesta del Ministerio comportaría "cambios significativos en relación con el modelo todavía vigente en términos de las necesidades de gasto reconocidas a algunas comunidades", modificaciones que cree que "resultarían difíciles de justificar en base a la evidencia existente sobre los determinantes de los costes de los servicios autonómicos". Y concluye: "En relación con el sistema actual, Aragón y Extremadura aumentarían sus necesidades de gasto en más de 7 puntos porcentuales, gracias fundamentalmente a las correcciones ad hoc por costes fijos por segmentos y por despoblación, mientras que Canarias y Galicia perderían casi tres puntos por una combinación de factores".
En su análisis, además de Extremadura (+8,62) y Aragón (+7,03), ganan La Rioja (+5,41), Cantabria (+4,51), Murcia (+3,28), Castilla-La Mancha (+3,14), Castilla y León (+2,54), Asturias (+2,72) y Baleares (+2). En cambio, aparte de Canarias (-2,95) y Galicia (-2,69), pierden Comunidad Valenciana (-1,70), Cataluña (-1,58), Madrid (-1,05) y Andalucía (-0,54).
Derrota de la Comunidad Valenciana
En este cuadro, sorprende la reacción del consejero de Hacienda de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, el viernes, que habló de "victoria". De entrada se refería a que el propio informe lo era, ya que plantear esta variable favorece a las comunidades infrafinanciadas en el actual sistema, como es su caso. Pero ya se sabía desde septiembre que Hacienda preparaba el citado informe, con lo que la única novedad era su contenido, y éste no le es favorable. Cuestión distinta será que esta región tenga más información sobre los planes del Gobierno en los que salga favorecida, como sugirió el síndic de Compromís, Fran Ferri, el 1 de diciembre.
