La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, impulsó la purga de los dos abogados de la formación que destaparon las irregularidades contables del partido, según recoge El Mundo. La sucesora de Pablo Iglesias promovió hace dos años la expulsión de José Manuel Calvente, coordinador entonces de Estrategia Jurídica de la formación, y de su compañera Mónica Carmona, exresponsable del Área de Cumplimiento Normativo.
El citado medio ha tenido acceso a los mensajes que Belarra envió a compañeros de partido, en los que les pedía que avalaran la expulsión de ambos. Sobre el primero, utilizando una falsa acusación de acoso sexual que ya ha sido desmontada por los tribunales. Y en el caso de Carmona, por ser una persona de la máxima confianza de Calvente y por "estar dando guerra", en referencia a las investigaciones internas que mantenía abiertas y que han terminado desembocando en el sumario judicial denominado caso Neurona, en el que se rastrea ya la supuesta financiación irregular de Podemos.
Belarra envió una serie de mensajes de móvil a compañeros de partido el 4 de diciembre de 2019. Dos días antes, el Consejo de Coordinación de Podemos había acordado el despido de Calvente, al que se atribuía falsamente haber acosado a la abogada de Podemos Marta Flor, personada en el caso Tándem, en el que se investigan las actividades del comisario José Manuel Villarejo. Ese mismo día se propuso también al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos el despido de Mónica Carmona.
Al tener conocimiento el 2 de diciembre de la decisión de despedirles, Carmona envió al día siguiente un correo electrónico a Belarra, que en esas fechas se encontraba al frente de la Secretaría del Consejo de Coordinación de Podemos. En su misiva, le instaba a que comunicara a todos los miembros del Consejo Ciudadano Estatal del partido que tanto su propuesta de cese como el despido de Calvente eran un "acto de represalia y posibles coacciones" contra ambos por "estar investigando graves irregularidades de Podemos en materia de Protección de Datos y Cumplimiento Normativo Penal, en los que se verían envueltos varios cargos internos".
A raíz de esta carta, que no fue contestada, Belarra se puso en contacto con miembros del Consejo Ciudadano del partido para que avalaran el relevo de Carmona. Les reclamó para ello un voto favorable. De esta forma, la actual ministra se dirigió a sus compañeros pidiendo que había que votar "sí, sin más", en el "CCE (Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección del partido)". "La persona que vamos a cesar está dando guerra", indicó, al tiempo que pedía el voto para ratificar la decisión. "Aparte de haber cometido irregularidades varias, esta mujer es la mano derecha de un señor que acosaba a una compañera y que también cesamos el lunes", añadía. Al mismo tiempo, la actual líder de Podemos pedía discreción a sus interlocutores: "No quiero ponerlo en el CCE por respeto a la compa y también porque todo lo que ponemos ahí acaba ya sabes dónde", escribió, en referencia al canal de Telegram que compartían los integrantes del consejo, algunos de cuyos miembros supuestamente acababan filtrando su contenido a otras personas o a los medios.
Investigados
Al día siguiente, la votación se saldó con una aplastante victoria del 'sí' a favor del despido de la jefa de Cumplimiento Normativo. De esta forma, votaron 38 personas a favor de "la propuesta de reestructuración organizativa que implica el cambio en la responsabilidad de cumplimiento normativo del partido", ninguna en contra y sin que hubiera ni una sola abstención. Entre las personas que aprobaron aquella decisión se encontraban, además de la propia Belarra, algunos de los investigados en ese momento por Carmona y Calvente, como es el caso del tesorero, Daniel de Frutos, o quien fuera la mano derecha de Iglesias, Juanma del Olmo, al frente de la Dirección de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno. Ambos están siendo investigados en estos momentos por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el marco del caso Neurona, en el que se rastrea el pago de unos 400.000 euros a esta consultora chavista por trabajos electorales que la Policía Judicial sostiene que no han sido debidamente justificados. También avalaron la decisión el portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, o Teresa Arévalo, asesora del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, investigada, también a raíz de las pesquisas internas de Calvente y Carmona, por ejercer de niñera de su hija con cargo a fondos públicos. Una función que ya ha admitido en sede judicial haber llevado a cabo puntualmente.
Finalmente, los despidos de Calvente y Carmona fueron revocados judicialmente. En el primer caso, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció que Podemos se inventó el caso de acoso sexual y subrayó que no existe una sola prueba de la conducta delictiva que se le atribuyó. Podemos se vio obligado a admitir que el despido de este letrado fue improcedente. Con Carmona, un juzgado de Granollers condenó al partido a readmitir e indemnizar a su antigua trabajadora, aunque no estableció una vinculación entre su despido y las irregularidades internas que estaba investigando. Cuando Calvente recibió la notificación de su despido ya advirtió de que existían "pruebas documentales" del "complot" urdido por Belarra contra él para desacreditarle y reiteró que se trataba de una "venganza" por las investigaciones internas que estaban llevando a cabo y que pusieron en manos de la Guardia Civil poco después.
