Hacienda sigue intentando desentrañar el puzzle de organismos y entes públicos que han creado los ayuntamientos y diputaciones, y que siguen aumentando tras las últimas elecciones locales. Se trata de una ‘administración paralela’ de fundaciones, consorcios, sociedades y asociaciones, ajena a los servicios generales de las entidades principales (municipios y demás administraciones locales), que en muchos casos se utiliza para centrifugar el déficit real; y que los partidos emplean para recolocar a sus compromisos políticos y hasta familiares, porque tienen su propia contabilidad y realizan frecuentes contrataciones 'a dedo', ya que no se rigen por los criterios generales del empleo público.

En muchos casos desempeñan actividades que ya realiza la administración general de dichos ayuntamientos, con la consiguiente dotación de medios de personal y económicos, y además compiten con actividades que ya presta el sector privado. Por ejemplo, hay un enjambre de emisoras de radio y de televisión sin que se tenga en cuenta si es necesario o no el servicio. Abundan también centros de empleo, de música, universidades populares, centros deportivos, escuelas taurinas, conservatorios, residencias, entes para gestionar parques, jardines y servicios de limpieza, casas de cultura, juntas falleras, agencias para el empleo y de desarrollo económico, servicios de informática, museos, teatros, centros de idiomas, clubs de natación y de fútbol, polideportivos, parques tecnológicos, entidades para la promoción de suelo o de viviendas, aparcamientos, gerencias de urbanismo y de energía, y hasta mataderos o piscinas.

Muchos de estos servicios no tienen sentido y están duplicados o triplicados, ya que deberían ser realizados por la comunidad autónoma correspondiente o incluso el Estado. Es más, algunos de estos entes se crearon para realizar una obra pública y ya se han mantenido en el sector público. Hacienda lleva años investigando la titularidad y procede a su sectorización (traslado orgánico a las CCAA), pero no es nada habitual su supresión porque no determina su función. En todo caso, lo más grave de esta situación no es la inexplicable existencia de muchos de ellos, sino el ‘agujero negro’ que se ha creado, y que sigue creciendo, ya que se desconoce a qué ayuntamientos pertenecen uno de cada tres de estos entes. 

Así, según la información de este ministerio, a finales de septiembre había 4.257 entes creados que colgaban de las 12.990 entidades principales de las Administraciones Locales (8.131 municipios; 51 diputaciones; 3.685 entidades de ámbito inferior al municipio; 76 agrupaciones locales; 961 mancomunidades; 82 comarcas; tres áreas metropolitanas y una federación). En total, el sector público local suma 17.242 organismos, incluyendo las entidades principales y las dependientes con más de 750.000 empleados. Pero de esos 4.257 entes ‘paralelos’ creados, el Estado desconoce a qué ayuntamientos pertenecen nada menos que 1.241. Es decir, no se sabe de qué corporaciones dependen casi un tercio de estos organismos, que están operativos y que aparecen como ‘fantasmas’ para el Estado.

La red oculta de los ayuntamientos

Esto significa que los ayuntamientos siguen aumentando su creación tras las elecciones de mayo o que los servicios de Hacienda han detectado más entes que permanecían ocultos. Hace un año había 1.172. Se ha producido por tanto un alza del 6%. Es la primera vez que crece su número desde la gran depresión económica y de las Administraciones en 2008 en que se superó el récord de 1.300 entes de titularidad desconocida (de los casi 6.500 entes totales de los ayuntamientos que había en aquel momento). 

De esas 1.241 entidades de las que desconoce su dependencia administrativa orgánica, 668 son asociaciones (54%) frente a los 622 de hace un año; 442 son fundaciones (34%) frente a las 422 de septiembre de 2022; 84 corresponde a sociedades (7%), cuatro menos que hace 12 meses; y 66 son consorcios (5%), 10 más. En porcentaje, las asociaciones y los consorcios ‘fantasma’ son los que más han crecido en el último ejercicio (18%).

Todo esto significa que del total de entes de los ayuntamientos (esos 4.257), el 93% de las asociaciones no tienen dependencia conocida (91% hace un año), y lo mismo ocurre con el 58% de las fundaciones (55% en septiembre de 2022), el 14% de los consorcios (12% hace 12 meses) y el 6% de las sociedades.

Entre estos 1.241 entes que no se sabe a qué ayuntamiento o diputación pertenecen hay de todo. Hacienda tiene incluso dificultad para determinar su ubicación geográfica dentro de una provincia o de una comunidad autónoma.

Entre los consorcios no es posible saber a qué provincia o región pertenece el Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas o el Transfronterizo de Puig Cerdá-Bourg-Madame. Tampoco se sabe de qué ayuntamiento dependen el Consorcio de Abastecimiento de Agua del Campo de Calatrava (en Castilla La Mancha); el del Museo de Belenes de Cataluña; o el de Formación de Personas Adultas (Comunidad Valenciana).

Sociedades sin 'dueño'

Entre las sociedades no se conoce la entidad titular y principal del Club Deportivo Badajoz S.A.D. (Extremadura); de la Quesería de las Sierras Subbéticas S.L. (Andalucía); de Corcho y Tapones de Andalucía S.A; de la Sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón S.A. (Andalucía); del Hotel del Valle Jalance (Comunidad Valenciana); de Palencia Alta Velocidad S.A. (Castilla y León); o, por ejemplo, de Sat Bodegas Noroeste (Canarias). Entre las fundaciones sin titularidad municipal determinada se encuentra la Fundación de Estudio de los Dinosaurios (Castilla y León), la Fundación Consejo España-India (sin determinar en qué provincia o comunidad podría encontrarse); la Fundación Balneario de Cortegada (Galicia); la Fundación Estudios Parlamentarios y de Desarrollo Autonómico (Aragón) o la Fundación Privada Aplicación (Cataluña).

Entre las asociaciones sin matriz municipal se encuentran casi 300 ubicadas en Cataluña y en menor número en otras regiones con la denominación de Asociación para la Defensa Forestal. A las que hay que sumar, por ejemplo, la Asociación de Tierras Sorianas del Cid (Castilla y León), la Asociación Red de Ciudades del Cine (País Vasco), la Asociación de Micropueblos de Cataluña, la Asociación de Acción Local Dulcinea (Castilla La Mancha) o la Asociación Grupacional Deportiva de la Sierra (Madrid). Además, existe sin asignar una comunidad autónoma de referencia a la Asociación Red Española de Ciudades del Automóvil, la Asociación Española de Ciudades para el Reciclaje y, por ejemplo, la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. 

Se trata de otras de las asignaturas políticas pendientes ya que 45 años después de la instauración democrática todavía no se sabe siquiera cuál es el tamaño real de las Administraciones españolas. 

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