España ya ha mostrado sus cartas en la guerra por la Helms-Burton y asegura que defenderá a las empresas españolas que sean demandadas en Estados Unidos. En concreto, el Gobierno se va a escudar en el Estatuto de Bloqueo Comunitario para rechazar las notificaciones que procedan de tribunales norteamericanos. Y es que más allá de las indemnizaciones a las que se exponen las compañías demandadas, España podría ser demandada por sus propias compañías.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli recuerdan que España tiene la responsabilidad de velar por los intereses de las compañías. De no hacerlo, las empresas podrían presentar una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado y reclamar una indemnización, según se desprende de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
No obstante, en ningún caso se trataría de un procedimiento sencillo. Las mismas fuentes admiten que las posibilidades de que prospere son escasas y que una de las principales dificultades estriba en la demostración de que efectivamente el Gobierno no ha hecho todo lo que tenía que hacer para garantizar la protección. En cualquier caso, la posibilidad es real y las empresas pueden disparar esa bala si las cosas se tuercen.
En la actualidad, un total de 36 empresas con operaciones en el país caribeño han sido ya demandadas por Estados Unidos, de las que solo dos son españolas. En concreto, se trata del grupo Meliá, que cuenta ya con dos demandas; y la entidad bancaria BBVA, que de momento solo tiene un pleito en los juzgados estadounidenses.
Además, otras compañías nacionales como las aerolíneas Iberia y Air Europa o el grupo hotelero Iberostar también han recibido "avisos" de posibles demandas en caso de no cesar las operaciones e indemnizar a los demandantes en un plazo determinado. Por lo tanto, la lista de empresas afectadas puede crecer en los próximos meses.
Claves de la Helms-Burton
La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, se ha mantenido en suspenso desde que el Gobierno de Bill Clinton la aprobase en 1996. No ha sido hasta la llegada de Donald Trump cuando Estados Unidos ha activado los títulos III y IV, lo que ha abierto la puerta a una oleada de demandas en los tribunales norteamericanos que pone en jaque el motor económico de Cuba: el turismo.
La aplicación del título III permite que los norteamericanos y los cubanos nacionalizados puedan reclamar ante la justicia americana una indemnización a las compañías que presuntamente se han beneficiado de las propiedades que les fueron expropiadas o confiscadas.
Las demandas no buscan recuperar los bienes, sino negar el lucro a quienes explotan dichas propiedades expropiadas. Respecto al título IV, la ley permite restringir la entrada a Estados Unidos a quienes hayan confiscado bienes de norteamericanos en territorio cubano y/o hayan comerciado con ellos, lo que abre la puerta a que directivos de las compañías demandadas no puedan pisar territorio norteamericano.
Las empresas españolas y el Gobierno se amparan en la aplicación del Estatuto de Bloqueo Comunitario, que "prohíbe cualquier actuación ante tribunales de un Estado miembro frente a un nacional comunitario por sus lícitos negocios que pueda desarrollar en una jurisdicción tercera como es Cuba".
A este respecto, cabe recordar que en el Gobierno tuvo dudas de si este estatuto era aplicable, tal y como desveló Vozpópuli recientemente. Este análisis inicial generó un importante malestar entre las empresas, que alegaron sentirse desprotegidas por las autoridades. Finalmente, el Gobierno reculó y trasladó a las afectadas que todos los procedimientos que llegasen de Estados Unidos basados en la Helms-Burton serían rechazados.
