Si el conflicto entre los transportistas y el Gobierno no se resuelve, España afrontará una huelga de camioneros el 20, 21 y 22 de diciembre. No es la primera vez que sucede. El sector ya se plantó en junio de 2008. Entonces, el miedo al desabastecimiento alentó atascos en las gasolineras y compras masivas de huevos, leche y fruta en los supermercados. Ahora, los transportistas exigen al Ejecutivo medidas para sanear a un colectivo dañado. La lista de reivindicaciones es larga. El parón amenaza, sobre todo, con castigar al suministro de las pymes y del pequeño comercio.
"Sólo un cambio radical y urgente por parte del Gobierno y clientes podría evitar este conflicto", señaló el Comité Nacional del Transporte por Carretera, el organismo que ha convocado la huelga y que reúne a confederaciones, federaciones y asociaciones profesionales de transportistas de todo el país. Hablamos, por tanto, de un cierre patronal. La situación podría complicarse aún más. CCOO cree que los problemas del sector son principalmente laborales, consecuencia de las prácticas empresariales de las últimas décadas. Si Gobierno y empresas no se sientan a hablar con la parte social, el sindicato participará en la movilización.
Por ahora, la pelota está sobre el tejado del Ministerio de Transportes, que dirige Raquel Sánchez. En los próximos días, presentará a las patronales un paquete de medidas para atajar la crisis del transporte de mercancías por carretera. Sobre esa hoja de ruta se negociará y de ella dependerá el futuro de la huelga. Si convence a los empresarios, el parón se desconvocará. Una cruz menos en el agitado calendario de protestas que atosigará al Gobierno en las siguientes semanas. Si fracasa, la huelga de los camioneros pillará a España con las compras de última hora de la Navidad.
La fecha del paro, según las patronales, no la han elegido de forma simbólica. Quisieron dar tiempo al Ministerio para negociar posibles medidas.
En esta partida, sin embargo, el Ministerio juega contra un rival que acumula años de reivindicaciones sin resolver. "Acumulamos un retraso tremendo en medidas que reclamamos desde hace tiempo", explica a Vozpópuli Dulsé Díaz, secretario general adjunto de CETM, una de las principales patronales del sector. "En 2018 teníamos un paquete reivindicativo encima de la mesa que negociábamos con el Gobierno [el de Mariano Rajoy]. Luego llegó el cambio de Gobierno, las elecciones y el nuevo Gobierno. En ese tiempo no se hace nada y [las medidas] eran vitales. Ese paquete está sin atender y se han generado nuevos problemas por motivos evidentes de la pandemia", añade.
Carburantes, peajes, falta de personal…
Entre la larga lista de problemas, hay cuatro sobre los que ya está trabajando el Ministerio, informa Europa Press. En primer lugar, el conflicto que existe entre los camioneros y los cargadores. Los transportistas se quejan de que en ocasiones les toca a ellos descargar la mercancía de sus camiones, y no al cliente. Como la ley deja la puerta abierta a que se negocie las descargas entre las partes, las compañías del transporte acceden a ello para competir frente a otras.
Las patronales también culpan a la escalda del precio del gasóleo de los últimos meses. En los últimos meses, el precio de la gasolina ha marcado picos máximos anuales hasta situarse en niveles no vistos desde 2012. Esta semana, por ejemplo, el litro ha alcanzado una media de 1,413 euros, lo mismo que hace una semana. El gasóleo ha descendido un 0,4%, hasta el 1,38 euros por litro. Los transportistas pueden establecer una cláusula de revisión de precios. Sin embargo, suelen renunciar a ella para ganar una ventaja competitiva y acaban asumiendo la subida. El Gobierno sólo puede aplicar una política de revisión de precios en las licitaciones públicas, como hace Adif.
Tampoco ha sentado bien en el sector los planes del Gobierno con los peajes. El Ministerio está estudiando implementar peajes en todas las carreteras españolas. En todo caso, la medida entraría en vigor en 2024, según lo comprometido con Bruselas. Los transportistas piden que se les tenga en cuenta a la hora de diseñar el sistema de pago de los futuros peajes. El Ejecutivo, por su parte, asegura que en los últimos tres años le ha ahorrado al sector 335 millones de euros con el levantamiento de peajes en más de 1.000 kilómetros de autopistas.
En cuarto lugar, los empresarios del transporte (y los sindicatos) reclaman áreas de descanso en las carreteras seguras y vigiladas.
Autónomos, pymes y déficit de conductores
Pese a estas cuatro reivindicaciones, el transporte arrastra otros dos grandes problemas estructurales. El primero tiene que ver con la propia composición empresarial del sector en España. Está muy atomizado, plagado de autónomos y pymes con una flota de entre 3 y 4 camiones. Ni siquiera todos los grandes operadores logísticos, empresas que se dedican a cubrir toda la cadena de suministro -almacenaje, transporte, paletería…- tienen sus propias flotas de vehículos. La madrileña DHL, una de las compañías más grandes, no contó en 2020 con ningún vehículo propio dedicado para la logística del gran consumo, y contrató a 850 vehículos externos. El Grupo Carreras, por su parte, dispuso de una flota de 750 vehículos propios y otros 730 contratados para el gran consumo, según las cifras de Alimarket.
El transporte también atraviesa una importante crisis de escasez de conductores. Un problema que no sólo sufre España, sino que afecta toda Europa. En nuestro país, en concreto, se calcula que faltan entre 5.000 y 10.000 camioneros para atender a la demanda. Las duras condiciones de la profesión la hacen poco atractiva para los jóvenes. Los permisos, además, son caros. Este déficit no es ningún secreto. Como adelantó Vozpópuli, la CEOE y el Ministerio de Defensa trabajan en un convenio para buscar salidas laborales a militares como transportistas, al entender que es un sector donde existe una demanda de personal.
La lista de reivindicaciones la completan las esperas en los almacenes, la media de pago de 90 días o los viajes de retorno sin mercancía.
¿A quién afectará la huelga?
España ya vivió una huelga de transporte en junio de 2008. En aquella ocasión, los transportistas protestaron por la subida del gasóleo, al escalar el litro de 0,95 a 1,30 euros en un mes. El parón se alargó durante cinco días. Fue violento, con piquetes en los accesos a las grandes capitales. Provocó cierto pánico entre los consumidores, que se lanzaron a las gasolineras y a los supermercados. Y terminó con decenas de transportistas detenidos y un camionero muerto atropellado por una furgoneta a la que trataba de cerrar el paso. Las anteriores huelgas de transportistas se produjeron en 2005 y en 1990.
Otro ejemplo -más extremo- de cómo afecta al suministro un parón del transporte se vio en Filomena. Las tormentas de nieve bloquearon carreteras, raíles y hasta el aeropuerto de Barajas. En Madrid, se cerró Mercamadrid, el mercado mayorista de la región, y algunos supermercados. Los que permanecieron abiertos sufrieron escasez de productos durante unas horas.
La movilización del 20, 21 y 22 de diciembre se anunció el 10 de noviembre, con un margen de tiempo suficiente para que negocien patronales y Ministerio. Si no llegan a un acuerdo, los peores parados serán las pequeñas y medianas empresas y, en general, el pequeño comercio.
"Esto afecta de forma muy diferente a grandes empresas, a la gran distribución o al pequeño comercio", apunta Ramón Vázquez, vicepresidente de CETM Multimodal y profesor de Logística y Transporte en la Universidad Camilo José Cela. Según Vázquez, un parón de estas características no afecta a la gran distribución o grandes fabricantes porque tienen capacidad de anticiparse los días anteriores. Un margen de maniobra que, sin embargo, no tienen las pymes. "Les afecta muchísimo, no tienen capacidad de anticipar aprovisionamiento por los volúmenes que maneja, duplicar las entregas es salvaje para ellos", explica.
La posible huelga afectaría "muchísimo" a las pymes al no tener una capacidad de aprovisionamiento como la de los grandes supermercados y fabricantes
Según Vázquez, podría afectar al producto fresco, a los pequeños supermercados o al suministro de pequeñas gasolineras o industrias de tamaño medio. "El taller de automóviles que tiene que hacer una reparación y que no puede tener un stock tan grande de recambios ante la posible demanda en estos tres días. Todo el que trabaja just in time va a sufrir, no tienen una solución alternativa como la gran distribución o las grandes fábricas", añade.
Juan José Gil, secretario general de la patronal Fenadismer, cree que un paro del transporte siempre puede provocar situaciones de desabastecimiento en supermercados o gasolineras, tiendo en cuenta el peso que tiene en España el comercio por carretera.
Fuentes del sector de la distribución de carburantes explican a Vozpópuli que esta huelga no "debería" suponer un problema para las gasolineras. "[Las gasolineras] estarían bien abastecidas, luego depende de la organización de cada uno de los suministros", agregan.
El Grupo Logístico Carreras, que no secunda la huelga "por una cuestión de principios", detalla a este diario que seguirá dando servicio a sus clientes durante los días 20, 21 y 22. "Pero entendemos completamente las muchas causas y justificadas razones de peso que la justifican. La situación actual es insostenible en el sector, a causa de los aumentos de todos los costes -gasoil, electricidad, materias primas, vehículos, costes laborables- así como la falta de conductores", indican fuentes de la compañía, que pide al Ejecutivo central y a las administraciones "mejorar la normativa y apoyar al sector en vez de dificultar más las cosas con incrementos adicionales de costes".
