Iberdrola ha enviado un escrito al Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional advirtiendo del daño reputacional que está generando su implicación judicial en el conocido como caso Villarejo, hasta el punto de torpedear la mayor operación de la compañía en Estados Unidos.

La compañía requiere al juzgado dirigido por el juez Manuel García Castellón la práctica de diligencias de investigación solicitadas, que podrían suponer hacer innecesaria mantener la declaración como investigado del presidente Ignacio Sánchez Galán, citado para declarar el próximo 18 de enero. "En este caso se estén traspasando las líneas imaginables, hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia abiertamente anormal, encontrándose plenamente acreditado el daño causado", dice en su escrito al Juzgado la multinacional española, representada en este caso por el despacho González Franco.

"Circunstancia fácilmente comprobable con la mera lectura de las noticias publicadas, respecto de la inversión de Iberdrola en Estados Unidos", añade, en referencia a la posible suspensión de la compra por parte de Iberdrola del grupo estadounidense PNM Resources, valorada en 8.000 millones de dólares.

Como ha publicado este periódico, el organismo que debe aprobar la operación en Estados Unidos se ha opuesto a la misma por, entre otras razones, la situación judicial del grupo y Sánchez Galán en España por el caso Villarejo.

En su escrito al juzgado, Iberdrola requiere que se compruebe si el documento aportado por el exdirectivo del grupo José Antonio del Olmo, es falso. Dicho documento es una de las principales pruebas que incrimina a la empresa y a su presidente, y ha sido denunciado por la energética española, como ha publicado Vozpópuli.

Los abogados de Iberdrola requieren "la práctica de las diligencias de investigación solicitadas, ello con el objeto de confirmar si, tal y como sostenemos, el documento elaborado y aportado por Don José Antonio Del Olmo es falso, para con ello poder determinar qué consecuencias tendría para el desenlace de la presente causa dicha circunstancia". Y añaden que, a pesar de que se hayan acordado "la práctica de ciertas declaraciones judiciales pendientes para el próximo mes de enero de 2022", ello no impide que se "practiquen las diligencias de investigación que permitan confirmar la tesis defendida por esta representación.

"Tanto los representantes del Ministerio Fiscal, como el Ilustre Magistrado, han optado por relegar cualquier investigación al respecto (incluida la más inmediata, como es la toma de declaración del querellado, el señor del Olmo, autor del documento) e insistir, de forma contradictoria, en tomar declaración a aquellos investigados cuya imputación parte precisa y únicamente del documento pendiente de investigar, como es el caso de Don Ignacio Sánchez Galán, presidente de la Compañía, y otros destacados directivos", lamenta el grupo.

Esta situación procesal "pone de manifiesto que las últimas decisiones judiciales reflejan cómo la presente investigación penal se impulsa sólo en un sentido, obviando la necesidad lógica y jurídica de avanzar en la determinación de la punibilidad de la conducta del autor del documento, presuntamente falso, el también investigado Don José Antonio del Olmo", se queja Iberdrola en su escrito al Juzgado. Todo ello, destaca, "en claro perjuicio de Iberdrola que ve, así, cómo se va resintiendo su reputación, circunstancia que se demuestra en las noticias aparecidas en prensa en los últimos días sobre las dificultades para formalizar la operación de adquisición de PNM Resources por Iberdrola".

Iberdrola dice que hay que tener en cuenta que la adquisición de PNM Resources "está valorada en 8.000 millones de dólares" y afirma que, finalmente, esta "se ha visto frustrada como consecuencia del devenir de las presentes Diligencias Previas". A lo que hay que añadir la "caída en Bolsa de las acciones".

El grupo defiende su actuación en el proceso judicial pero lamenta que, "por desgracia", no se ha podido evitar "los daños reputacionales y económicos que se le están causando como consecuencia de una actuación judicial que, por el momento, no protege sus legítimos intereses y derechos". "La historia de la instrucción de los procedimientos penales en España -sobre todo en aquellos de mayor repercusión mediática- muestra toda clase de patologías, pero probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables", concluye.