Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán, archienemigos desde que el primero intentó destronar al segundo, tienen en común un punto llamativo: sus respectivas empresas pagarían muchos más impuestos si el sistema fiscal fuera más justo. Esta semana, los nombres de ACS e Iberdrola han aparecido, a su pesar, en un ranking oficial que mide lo que cada multinacional paga en la UE… y lo que realmente debería pagar.
La clasificación es obra del nuevo Observatorio Fiscal de la Unión Europea, nacido con la misión de avanzar hacia una fiscalidad equilibrada, que se adapte a una economía totalmente globalizada e hiperconectada. Ni siquiera los propios promotores de este organismo, que vio la luz en París hace tres meses, podían imaginar que su primer informe coincidiría con un acuerdo histórico entre las mayores potencias para transformar la fiscalidad mundial. Los ministros de Finanzas del G7 pactaron este sábado en Londres activar un impuesto de sociedades global que grave, como mínimo, un 15% a las multinacionales.
El primer trabajo del Observatorio Fiscal consistía, precisamente, en sacar los colores a las grandes compañías europeas. El informe analiza cuánto más recaudarían las arcas nacionales si hubiera un impuesto de sociedades idéntico en todos los países de la OCDE. El Observatorio diseña cuatro escenarios que se corresponden con cuatro tipos mínimos comunes: 15%, 21%, 25% y 30%.
El organismo -y también la Comisión Europea- se inclina por el tramo medio alto. O sea, el 25%. Y a partir de ahí desglosa las proyecciones, tomando como base la recaudación prevista del impuesto de sociedades en 2021. Si todas las empresas pagaran, de verdad, un impuesto mínimo del 25%, la UE ingresaría casi 168.000 millones de euros más. A España le corresponderían 12.400 millones extra. ¿De dónde saldría ese dinero? De las multinacionales que logran -legalmente- pagar menos gracias a la libertad para tributar en países con baja o nula fiscalidad y al abanico de deducciones a su alcance.
Una tasa común castigaría, sobre todo, a los gigantes tecnológicos -como Amazon o Google- cuya actividad facilita la elusión fiscal a gran escala. Pero también al resto de grandes compañías que aprovechan los resquicios y las grietas del sistema para pagar menos impuestos. Entre ellas, muchas españolas.
La más perjudicada sería ACS, seguida de Iberdrola y Telefónica. El Observatorio hace el cálculo aplicando un tipo mínimo real del 25% a los ingresos declarados en 2019. En este escenario, común para todos los países donde invierten las multinacionales, la constructora de Florentino Pérez tendría que pagar un 354% más (217,8 millones extra). Al gigante energético que lidera Sánchez Galán le subiría la tributación un 59,7% (488,3 millones); y al grupo de José María Álvarez-Pallete, un 70,3% (409,7 millones). El organismo europeo aporta otros ejemplos españoles. Repsol pagaría a Hacienda un 13,8% más (133,2 millones); Santander, un 21% (687,93 millones); BBVA, un 11,2% (205,72 millones); y Sabadell, un 45,2% (80,23 millones).
El informe no dejaría de ser un mero recordatorio de lo que ya se sabe -el ‘escaqueo’ fiscal está a la orden del día-, si no fuera por el momento elegido para su difusión. No es casual que la elusión fiscal sea el primer objeto de análisis del Observatorio, creado el pasado marzo bajo la batuta de Gabriel Zucman, un reputado experto en paraísos fiscales. Al contrario, el estreno de este organismo es parte de una campaña orquestada en Bruselas, con el apoyo de estados miembros de la talla de Alemania o Francia. El objetivo: agitar el debate sobre las 'injusticias' fiscales y empujar un acuerdo internacional para que las multinacionales tributen más.
Para darle peso y pompa al informe, acudieron a la presentación este martes el comisario de Economía, Paolo Gentiloni; y dos representantes del Europarlamento con altos cargos en materia impositiva (Sven Giegold y Paul Tang). Y el evento no se realizó en París, sede del ente, sino en Bruselas. Paralelamente, justo el mismo día, la Comisión Europea aprovechó el tirón informativo para airear otra propuesta: la UE prepara una directiva para que las grandes empresas publiquen obligatoriamente cuánto ganan y tributan en cada país, y qué actividad tienen en paraísos fiscales.
Sólo tres días después, los ministros de economía de Alemania (Olaf Scholz), Francia (Bruno Le Maire), España (Nadia Calviño) e Italia (Daniele Franco) firmaron una carta conjunta distribuida en medios de gran tirada. El objetivo era airear su contenido antes del encuentro que han celebrado este fin de semana en Londres los ministros de Finanzas del G7 (o sea, los países más poderosos del mundo). Titulada 'Una oportunidad que no podemos desaprovechar', la misiva apunta al corazón del asunto: "El 'dumping' fiscal no puede ser una opción en Europa ni en ningún país del mundo. Esta práctica solo llevaría a una caída aún mayor de la recaudación del impuesto sobre sociedades, más desigualdad y la imposibilidad de financiar los servicios públicos básicos".
En la capital británica, los ministros han preparado este sábado el terreno de cara a dos nuevos encuentros en los que debería clarificarse cómo poner en marcha el tributo universal. El primero tendrá lugar el próximo día 11 en Cornualles, donde se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno del G7. Un mes después, en Venecia, se verán las caras los ministros de Finanzas y Economía del G20. “No podemos seguir dependiendo de un sistema impositivo que fue diseñado en su mayor parte en los años veinte del siglo pasado”, aseguraba este sábado el ministro británico de Economía, Rishi Sunak, anfitrión de la cumbre londinense.
La campaña europea y el 'empujón' del G7 se produce apenas un mes después de que Joe Biden confesara que está dispuesto a aceptar un impuesto mínimo global del 15%. El paso hacia delante del presidente de Estados Unidos abre una ventana de oportunidad a un proyecto que lleva cociéndose cuatro años. En 2017, el G7 encargaron a la OCDE que trabajara en fórmulas para embridar a los gigantes tecnológicos desde el punto de vista fiscal. La propuesta del impuesto mínimo global vio la luz en noviembre de 2019, pero la pandemia obligó a guardarla en un cajón.
Quien realmente ha reactivado el proyecto es Washington. El pasado abril, la secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, anunció que estaba dispuesta a tomar medidas contra la sangría recaudatoria que sufre Estados Unidos desde hace 30 años. Un mes más tarde, Biden comunicó oficialmente a la OCDE su disposición a trabajar en un impuesto mínimo del 15%. La Casa Blanca necesita fondos para financiar su millonario plan de estímulos (1,9 billones de dólares), por lo que cualquier fuente de ingresos será bienvenida.
Lo cierto es que Estados Unidos, dentro de las dificultades que entraña el planteamiento, tiene más posibilidades de éxito que la UE. Básicamente, porque un cambio tan rotundo de reglas requeriría del respaldo de los estados miembros. Y en Europa hay países que llevan décadas haciendo 'dumping' fiscal. Es decir, atrayendo a las grandes empresas con sus laxas políticas tributarias. Un impuesto mínimo acabaría de un plumazo con la competencia desleal dentro de la Unión.
"Esta estrategia puede ser una buena oportunidad para Estados Unidos, pero la UE tiene un problema. Hay países que tienen nulo interés en cambiar el sistema fiscal. Y el ámbito de la fiscalidad directa pertenece a cada estado. Es decir, para cambiarlo se necesita unanimidad", recuerda Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro '¿Hacienda somos todos?'.
El experto recuerda quiénes son los países conflictivos y aporta algunos ejemplos. Holanda, Luxemburgo e Irlanda forman una especie de 'Triángulo de las Bermudas' fiscal donde tributan infinidad de multinacionales, muchas de ellas estadounidenses. Quienes declaran allí gran parte de sus beneficios lo hacen por su baja fiscalidad, pero también por las conexiones con determinados paraísos fiscales, que permiten pagar menos impuestos todavía. Por ejemplo, se conoce como 'sandwich holandés' al centrifugado de beneficios que facilitan los Gobiernos de Holanda y las paradisíacas -en términos fiscales- Antillas Holandesas.
De la Torre rescata los datos de 2018 del Bureau of Economic Affairs. La agencia con sede en Washington refleja que las multinacionales estadounidenses declararon en el diminuto Luxemburgo ingresos por valor de 246.763 millones de dólares, más del doble que en España (102.920 millones), cuya economía tiene un tamaño 23 veces mayor.
El inspector de Hacienda defiende que se impulsen mecanismos para que los gigantes empresariales -sobre todo los nativos digitales- no esquiven sus obligaciones fiscales. Sin embargo, aún ve frágil la fijación de un impuesto mínimo global. De entrada, "habría que aclarar cómo se fijan las bases imponibles y obligar a las compañías a tributar donde realmente generan los ingresos", explica. De nada sirve aplicar una tasa alta si el contribuyente puede moldear las bases. Y, hoy día, Apple puede vender un iPhone en Madrid y declarar la ganancia en Dublín.
Comparte la misma visión el abogado y fiscalista Félix Bornstein. "Propuestas como el impuesto mínimo ayudan a generar debate, a crear un clima propicio para que la reflexionar sobre el problema. Pero poco se puede hacer si no se toma una decisión sobre las bases imponibles y, sobre todo, si no existe una autoridad con poder sancionador que supervise el cumplimiento", recuerda.
De las iniciativas en marcha, Bornstein sólo le otorga cierto recorrido a la directiva para mejorar la transparencia de las grandes empresas. "Puede ser un primer paso para empezar a destapar cómo y dónde se tributa, para que las grandes empresas empiecen a tributar por el lugar donde realmente obtienen los beneficios".
La reunión de julio del G20 permitirá vaticinar si el impuesto global se queda o no en un brindis al sol. En cualquier caso, aunque los gobiernos se comprometan a ponerlo en marcha, al tributo le quedaría una larga senda de tramitación. Hasta entonces, Florentino Pérez, Ignacio Sánchez Galán y el resto de directivos que timonean grandes empresas seguirán aprovechando las muchas fisuras del sistema.
