Indra, la mayor consultora tecnológica de España, ha decidido dar marcha atrás a su plan de impulsar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para 6.000 trabajadores de todas sus filiales y rebajas salariales para el resto de empleados en España (unos 22.000, para un total de 28.000), del que informó este medio, según ha reconocido la propia compañía.
La empresa "mantendrá abierto un canal de comunicación con la representación de los trabajadores en España para compartir la evolución de las estimaciones de la empresa, en la confianza de que en el momento que sea necesario apoyen las decisiones que se deban tomar".
Según apuntan desde la compañía dirigida por Fernando Abril Martorell y participada en un 18,75% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la empresa aplicará desde ya rebajas salariales para los consejeros ejecutivos y la alta dirección.
Quejas de los sindicatos
La empresa planteaba hasta ahora un ERTE combinado con rebajas salariales para el resto durante los próximos tres meses, lo que fue tachado por los sindicatos como "abusivo".
"Empezamos a sufrir caídas de la demanda de nuestros productos y servicios en algunas áreas, la imposibilidad de completar proyectos en el extranjero por el cierre de fronteras, retrasos sine die en la capacidad de pasar pruebas FAT (de aceptación en fábrica) y SAT (de aceptación en terreno) lo que nos impide certificar, cobrar, etc.", explicó en su momento Abril-Martorell a sus empleados. "Lógicamente, nuestra actividad comercial se ha visto drásticamente reducida. Y adicionalmente, algunos de nuestros clientes más fieles nos están pidiendo que flexibilicemos precios y/o plazos de cobro para ayudarles también a ellos para afrontar la situación".
"Una compañía como Indra, con una facturación de 4.500 millones al año, con beneficios en 2019 de 121 millones, y con un fondo de liquidez de 1.000 millones, no está en crisis y debe ser solidaria con el resto de la sociedad. Tratar de justificar estas medidas tan contundentes: reducción salarial, suspensiones y reducciones de empleo, por un incremento en la desasignación de menos del 2% de la plantilla o por un impacto en la facturación (que no en pérdidas) de menos del 1%, nos parece un fraude, no solo social, en estos difíciles momentos para todos, sino un fraude empresarial sin justificación alguna", habían afirmado desde la Coordinadora Estatal de USO en Indra Soluciones TI.
