La inflación deja desiertas un millar de obras públicas en toda España

La inflación frena a la construcción pública. Unas 1.000 obras en todo el Estado se han quedado desiertas el último año. Cerca del 15% de las licitaciones han quedado en el aire, sin empresas capaces de pujar por ellas, según alertan a este medio fuentes del mercado.

El frenazo enlaza con la espiral de los costes de construcción que lleva golpeando al sector sobre todo desde mediados del 2021. Primero, por los problemas de suministro derivados de la pandemia -con impacto en los costes del ladrillo ya desde noviembre de 2020-, y luego, por el encarecimiento de la energía que ha disparado los precios a nivel general.

La guerra en Ucrania terminó de agravar una inercia que elevó los costes de las obras para las constructoras un 33,2%, según cifras de la Confederación Nacional de la Construcción. Un reciente informe de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poors incide en que la espiral inflacionaria de la construcción en España en la primera mitad del 2022 fue la más fuerte de toda Europa, rondando el 14% -por encima de la inflación general- frente al 9% de media en la eurozona.

Entre noviembre y diciembre del año pasado, la CNC ya contabilizó en medio millar el número de actuaciones presupuestadas que quedaron desiertas

Este escenario inflacionista de materiales como el aluminio, el hormigón y la madera, además de la energía, ha obligado a compañías constructoras a trabajar con pérdidas cada vez mayores. En el peor de los casos, las obras se están ralentizando e incluso abandonando, aseguran desde la CNC.

Entre noviembre y diciembre del año pasado, la patronal de las constructoras ya contabilizó en medio millar el número de actuaciones presupuestadas que quedaron desiertas. Todas las licitaciones sumaban 230 millones, por lo que por cada obra se quedaron unos 460.000 euros en el 'limbo'. Fuentes del sector estiman que en el primer semestre del año se acumularon otros 500 proyectos sin oferta alguna.

La inflación golpea a las constructoras pese a los decretos del Gobierno

Para atajar el problema de la inflación en la obra pública, el Ejecutivo introdujo en marzo una revisión excepcional de los precios en los contratos públicos de las obras a través del Real Decreto-ley 3/2022. A finales del mismo mes, aprobó otro RDL para incluir el impacto de la guerra y extrapolar así la revisión al año 2022.

La redacción del último decreto del 29 de marzo -que exige la duración mínima de un "ejercicio" y que la solicitud se presente durante la "vigencia" del contrato- ha dado pie a una interpretación por parte del ministerio de Hacienda que impide que las obras que no tengan una antigüedad de 15 meses se beneficien de la revisión de los precios, denuncian desde el sector de las constructoras.

"Esto significa que el 80% de las obras que se licitaron entre 2021 y 2022 queda inmediatamente excluida de la aplicación de los precios", señala Mariano Sanz, secretario general de la CNC, incidiendo en que el 80% de las obras licitadas desde 2020 tienen una duración inferior a doce meses. Entre 2021 y los cuatro primeros meses de 2022, se licitaron 6.679 obras, de las que 3.637 (el 47%) son de la Administración General, 1.128 de las Comunidades Autónomas y otras 1.914 de la Administración Local. De ellas, 5.307 tuvieron una duración menor a un año, de las cuales el 80% se licitaron por la Administración Central, el 13% por las CCAA y el 28% por los municipios.

Esperamos que esto se solucione con un tercer Real Decreto, aunque no sabemos cuándo va a llegar"Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción

Las exigencias de plazo, unidas a los requisitos sobre los materiales que exige la normativa - solo permite considerar el incremento de costes de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre- y a que "muchas entidades" locales y autonómicas no se han adherido al RDL, hacen que el mecanismo no llegue al 95% de las planificaciones, reivindican desde la CNC. En contrapartida, algunas constructoras estarían demorando sus plazos para acceder a la revisión, inciden fuentes del sector.

"Esperamos que esto se solucione con un tercer Real Decreto, aunque no sabemos cuándo va a llegar", incide el presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén. Desde la CNC piden un texto legal que "ayude a cumplir el objetivo inicial del primer decreto". Aseguran que una revisión de los precios bien aplicada podría suavizar un 8-9% de la escalada de los costes, al tiempo que denuncian que la actual inflación "podría disparar los cierres de constructoras" pequeñas y medianas. En cualquier caso, reclaman también que se baje el mínimo a compensar del 5% al 2%, que se incluya la energía entre las variables a considerar y se amplíe del 20% al 50% el máximo a compensar.

A preguntas de este medio, desde el ministerio de Transportes han preferido no hacer comentarios sobre una nueva normativa. Desde el ramo de Hacienda se han remitido al primero tras incidir en que no disponen de información sobre el presupuesto que requeriría la mentada revisión de precios.