Los trámites burocráticos y el atasco que sufre la Seguridad Social dificultan la obtención del Ingreso Mínimo Vital. Hasta el momento, el Gobierno sólo ha dado respuesta a una de cada tres peticiones. En la mayoría de los casos, además, en un sentido negativo. El Ejecutivo admite dificultades en la puesta en marcha del plan y ya ha anunciado modificaciones en los requisitos para alcanzar a un mayor umbral de la población.
De acuerdo a los datos ofrecidos por el Gobierno ante una pregunta parlamentaria del Partido Popular, 1.017.104 personas han iniciado hasta el momento los trámites para obtener el Ingreso Mínimo Vital, una de las grandes medidas sociales lanzadas por el Ejecutivo. De ese total, la Seguridad Social considera válidos 975.559 expedientes; los 41.545 restantes son duplicados.
Es aquí donde se registra el cuello de botella. La administración ha resuelto 328.526 solicitudes. O lo que es lo mismo, un 32,3% de todas las que ha recibido hasta la fecha.
Como contó Vozpópuli, el desglose de esas respuestas arroja un resultado negativo. Se han denegado 192.113 expedientes, principalmente por no cumplir con los requisitos de renta y patrimonio exigidos, frente a las 136.413 que han logrado superar todos los trámites y se les ha concedido el subsidio mensual. El Ejecutivo preveía llegar a 850.000 hogares con un total de 2,3 millones de personas.
Según explican desde el propio Gobierno, los retrasos en las tramitaciones se deben a una carga de trabajo sin precedentes en la Seguridad Social derivada de la pandemia, a que la plantilla ya contaba con menos efectivos desde la anterior crisis económica y, además, a que la edad media de los trabajadores es de 58 años.
Refuerzo de la plantilla
Además de agilizar los trámites simplificando el procedimiento, el Ministerio de Seguridad Social ha anunciado este lunes que la Oferta de Empleo Público 2020 incluye 323 nuevas plazas que irán a reforzar su plantilla.
La convocatoria incluye también las plazas de promoción interna en cuerpos o escalas de personal funcionario así como las correspondientes al personal laboral, de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación. Aquí se incluyen 300 plazas ofertadas en el cuerpo de gestión de la Administración de la Seguridad Social o las 300 del cuerpo administrativo propio de la Administración de la Seguridad Social.
Diferencias en el Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado 23 de mayo -en uno de los momentos críticos de la pandemia del coronavirus y la incipiente crisis económica- la aprobación de esta medida: “Beneficiará a cerca de 850.000 hogares, de los que la mitad tiene niños a su cargo”. La apertura de plazo para su solicitud tuvo lugar unas semanas después, el 15 de junio. Y ahora, a mediados de noviembre, el alcance de la medida aún está lejos de las intenciones iniciales del Gobierno.
“Es inaceptable que no esté llegando el Ingreso Mínimo Vital”, aseveraba el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una entrevista reciente en la Cadena SER. En plenas negociaciones para cerrar el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, el líder de Podemos aseveraba que esta partida social había generado “tensión” en el seno del Gobierno de coalición: “Por eso ayer se esperó hasta las 23:00 horas para cerrar un acuerdo […]. La clave es abrir el cuello de botella y ampliar la cobertura”.
Palabras que levantaron ampollas dentro del propio Ejecutivo. “No, no tengo esa sensación -respondía José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el mismo espacio-. Lo que le puedo decir es que muchos de los cuellos de botella que identificamos nosotros hace un mes y medio, el ministerio responsable que es el nuestro los desatascamos ya hace tres Consejos de Ministros”.
Y en cuanto al “cuello de botella” en las tramitaciones, el Gobierno ya ha anunciado que relajará las medidas exigidas para los solicitantes. “El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social”, detalla la Seguridad Social. El objetivo, ahora, es evitar ese retraso en la gestión de las solicitudes y alcanzar la meta de los 850.000 hogares.
