El plan estaba listo, con sus cifras y sus fechas: la Generalitat regresaría a los mercados de deuda en 2023, tras una larga década alimentándose exclusivamente de los mecanismos estatales de financiación. Lo había diseñado en la primavera de 2022 el equipo del entonces conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró. El objetivo era captar, de entrada, un 5% de los ingresos; y ampliar progresivamente la cuota, hasta alcanzar el 20% en 2026, con emisiones a 10 años. Esa senda permitiría a Cataluña quitarse, al fin, el estigma del bono basura.

Dos años y dos meses después, la deuda catalana sigue asociada al mismo calificativo. El plan de Giró, bien acogido de entrada en la comunidad inversora, quedó en un cajón tras la autodestrucción del Govern de Junts y ERC. Y no hay visos de que el nuevo president, Salvador Illa, sea capaz de llevar a Cataluña de vuelta los mercados. Ni siquiera con el trato privilegiado que suponen el cupo pactado con ERC y la condonación de 15.000 millones prometida por el PSOE.

La deuda ingente contraída con el Estado, la inestabilidad política y la flaqueza de los apoyos parlamentarios anticipan una legislatura cuesta arriba para Illa y su consellera de Economía, Alícia Romero. Los datos que maneja la Generalitat son esclarecedores: entre 2025 y 2028 están programados vencimientos de deuda por valor de 32.518 millones de euros. Esa factura supera los 35.000 millones si se suman las devoluciones previstas en lo que queda de este año.

Casi toda la deuda fue contraída con los mecanismos estatales de financiación (fundamentalmente, el Fondo de Liquidez Autonómica). La parte cubierta con préstamos y bonos es testimonial. La factura es tan abultada que ni siquiera las concesiones de Pedro Sánchez a los soberanistas han servido para ablandar a las agencias de rating. Sólo ha habido tímidos avances.

El pasado marzo, tanto Fitch como Moody's mejoraron ligeramente sus perspectivas. Sin embargo, la primera agencia sigue englobando los bonos catalanes en el grado de especulación, mientras que la segunda los considera aún bono basura. La otra gran firma estaounidense de rating (S&P) ni siquiera puntúa ya la solvencia de la deuda catalana, tras romper Qim Torra el contrato en 2018, por su desacuerdo con las míseras calificaciones.

Fitch ha vuelto a pronunciarse a raíz de la promesa del cupo a Cataluña. Este lunes, Fitch explicó en una nota que el cambio fiscal es positivo -obviamente- para las arcas catalanas, que lograrán un sistema financiero "más parecido a la que tienen el País Vasco y Navarra". Eso sí, a costa de reducir "su contribución neta a los fondos de distribución con otras regiones".

Fitch confirma lo que niega la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: que la mejora de las finanzas catalanas vaya a perjudicar a otras autonomías. Pero la agencia duda, además, de que el cupo vaya a llegar a buen puerto, por los quebradizos apoyos parlamentarios. "No esperamos que la reforma sea implementada en el corto plazo", augura.

Trato favorable a Cataluña

La otra gran cesiónal independentismo -la condonación de 15.000 millones de deuda- tampoco ha desatado el optimismo de los inversores. El incendio interno en el PSOE, por la desigualdad de trato, ha obligado al Gobierno a posponer el perdón de las facturas. La propia petición de condonación de Cataluña, de hecho, traslada un mensaje negativo a los mercados: el del deudor que se resiste a pagar las deudas contraídas. Un motivo más mantener la calificación de los bonos catalanes en los peldaños más bajos de la escalera.

No es descartable que Illa vuelva a sacar del cajón en los próximos meses el plan de Giró. Pero el president lo tendrá difícil para demostrar que no es una mera declaración de intenciones. El enrevesado panorama politico emana una sensación constante de provisionalidad. Y si hay algo que disgusta a los inversores es la ausencia de certidumbres.

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