Que sea Alberto Núñez Feijóo y no Pedro Sánchez el político que puede cortar la gangrena de la economía tiene una explicación: resultaría poco creíble confiar en el segundo, teniendo en cuenta que es el responsable de haberla extendido más todavía durante la legislatura. El mal crónico es nuestro déficit estructural creciente: un desequilibrio entre los gastos y los ingresos enquistado, que ya no varía en función de los ciclos y que traslada a nuestros hijos, de forma irresponsable, el pago de una hipoteca que no les corresponde.
Al nuevo líder popular todavía se le puede aplicar el beneficio de la duda. Llega al puente de mando de Génova 13 con ímpetu para intentar echar a Sánchez del Palacio de La Moncloa. El tiempo dirá si lo logra y, en tal caso, si se atreve a tomar decisiones impopulares que el líder socialista ha eludido. De momento, Feijóo arranca con buen pie. O, al menos, las señales alientan el optimismo de los empresarios, de los grandes y de los pequeños.
El flamante presidente del PP se ha estrenado con una declaración de intenciones en Sevilla: promoverá un partido menos ideológico, con un perfil más técnico y muy volcado en la economía. No en vano, al acto de proclamación invitó a quienes no sólo al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, sino a otros líderes patronales con capacidad de acción y movilización, como Miguel Garrido (CEIM), Lorenzo Amor (ATA) o Pedro Barato (ASAJA).
Los símbolos de Feijóo
Los símbolos son importantes y Feijóo los está cuidando de partida. Otra cosa es la realidad, dura y tozuda: primero tendrá que afianzar su liderazgo, luego llegar a Moncloa y -lo más difícil- plantarle cara a los problemas reales que atenazan desde hace años al PIB español.
La subida imparable de la inflación vuelve a poner el foco de nuevo en las enfermedades crónicas de nuestra economía. El déficit estructural es una de ellas y ha empeorado desde que el PSOE y Unidas Podemos formaron la coalición de Gobierno. Uno de los factores que más incide en ese desequilibrio es el gasto en pensiones, que crece de forma alarmante no solo por el cambio de la pirámide poblacional (se jubilan más trabajadores y con nóminas más elevadas), sino por la controvertida indexación al IPC.
Sólo un líder político con altura de miras puede combatir el déficit estructural que arrastra España y que Sánchez ha agrandado ligando las pensiones al IPC
Lo que ha puesto de relieve, precisamente, la escalada de la inflación son las consecuencias económicas de una decisión política que censuraron, en su día, el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este último organismo advirtió el pasado jueves -lo publicó Vozpópuli- que cada punto de inflación adicional suma otros 1.500 millones a la factura de las pensiones.
Si el calendario electoral no se altera, cuando los españoles acudan a las urnas a finales de 2023, el déficit estructural del Estado se habrá incrementado entre 25.000 y 30.000 millones de euros. Son cálculos de Funcas, que identifica claramente las nuevas partidas que conducen a ambas cifras. Están en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, en el apartado del gasto. Estos son algunos ejemplos: la vinculación por ley de las pensiones al IPC, la subida de los salarios de los empleados públicos, el aumento de la tasa de reposición de las plantillas de funcionarios (120%) o la mejora del Ingreso Mínimo Vital.
Las nuevas partidas de gasto -con independencia de que sean o no necesarias- se suman a la montaña de facturas superfluas que soporta el erario público desde hace décadas. ¿De verdad son necesarios los 21.000 entes públicos activos hoy día? ¿Y lo son también los casi 800 asesores que tienen en nómina el Gobierno?
“Esto nos deja en una posición vulnerable de cara a cuando terminen las compras de deuda por parte del BCE, o ante un posible incremento de las expectativas de inflación a largo plazo”, escribía la economista senior y especialista en coyuntura de Funcas, María Jesús Fernández, tres meses antes de la guerra… y de que el IPC escalara al nivel más alto desde 1985.
En los Presupuestos de 2022, el Gobierno consolidó gastos que se habían aprobado de manera excepcional por la pandemia. No olvidemos que la coalición presumió en su día de firmar las cuentas con el mayor gasto público de la historia (196.142 millones de euros). Sánchez creyó que se lo podía permitir: tenía a su disposición el 'maná' de los fondos europeos (27.000 millones presupuestados) y aún se veía lejos en el horizonte la retirada de estímulos del BCE y el regreso de las reglas fiscales. Y, por encima de todo, nadie contaba con que en Europa iba a estallar una guerra, ni que hoy estaríamos hablando más de la amenaza de estanflación que de la recuperación esperada.
El desequilibrio enquistado entre los gastos y los ingresos traslada a nuestros hijos, de forma irresponsable, el pago de una hipoteca que no les corresponde
Llegados a esta encrucijada imprevista, hay que ser muy optimista para prever que los ingresos generados por el Estado bastarán para cubrir los gastos. Así lo creen instituciones como la AIReF o el propio Banco de España, cuyos responsables recelan de que el Gobierno siga financiando el déficit con el instrumento más fácil, peligroso e injusto para las futuras generaciones: las emisiones de deuda.
“El importante aumento del stock de deuda pública legado de esta crisis, sumado a un elevado nivel de partida, sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas en una posición de gran vulnerabilidad, en un entorno de financiación inmejorable”, advertía la AIReF hace un año. Es decir, cuando el IPC apenas superaba el 2% y no estaba claro cuándo movería pieza el BCE. Ahora, con la inflación en el 9,8% y la subida de los tipos de interés a la vuelta de la esquina, conviene recordar que un incremento de 100 puntos básicos supondría un gasto adicional en intereses en 2024 superior a 15.000 millones de euros.
Si logra de verdad el vuelco electoral, a Núñez Feijóo no le quedará más remedio que meter la tijera. El Banco de España calcula que recortando el déficit estructural a un ritmo de 0,5 puntos anuales, “sería necesaria una década para completar el ajuste” necesario. Lo mismo ocurre con la duda: en palabras del gobernador, Pablo Hernández de Cos, “si no se adoptan medidas, se mantendrá alrededor del 130% del PIB para los próximos 15 años”.
Ante la ausencia de un supervisor independiente que examine el encaje de las promesas electorales con los recursos disponibles, la competición política entre partidos genera un claro incentivo a inflar compromisos de gasto"
Quienes estudian a fondo el déficit estructural y sus consecuencias sitúan la raíz del problema en los propios programas electorales. En un estudio reciente publicado por Funcas, el catedrático de economía aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago Peñas, habla de la “incoherencia presupuestaria implícita en el momento de génesis de las elecciones públicas”.
“Ante la ausencia de un supervisor independiente y capacitado que examine el encaje de las promesas electorales con los recursos disponibles, la competición política entre partidos genera un claro incentivo a inflar compromisos de gasto y orillar la discusión sobre la forma de financiarlos”, escribe el economista. “El déficit público intrínseco a los programas electorales acaba afectando de raíz la concreción posterior de los menús fiscales por los gobiernos”, concluye Lago Peñas.
No hay que irse muy lejos para buscar ejemplos. “Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente”, señalaba el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. “Estableceremos mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados y mejoraremos la eficiencia del gasto público”, recogía el mismo documento, firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 30 de diciembre de 2019.
La primera promesa se cumplió y la segunda está en lista de espera, a la vista del mencionado gasto récord y de que el Gobierno mantiene 22 ministerios tras una pandemia y en plena guerra. Hay que tener mucho valor para cortar la gangrena de la economía, sobre todo, cuando exige sacrificios y resta votos. ¿Se atreverá Alberto Núñez Feijóo?
