El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desgranado el Plan de Choque contra la guerra que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros en el que sólo hay dos medidas nuevas: se darán ayudas directas en carburantes para familias y se pondrá un tope a la revalorización de alquileres del 2%. Todas las medidas estarán en vigor hasta el 30 de junio y se entiende que todas arrancan, aunque no lo ha especificado, el 1 de abril. Ante un auditorio de empresarios que han acudido al encuentro Generación de Oportunidades, organizado por Europa Press y por McKinsey & Company, Pedro Sánchez ha subrayado que el plan está dotado de 16.000 millones de euros pero el Estado sólo sufragará 6.000 millones, los otros 10.000 millones en créditos ICO que ha anunciado sólo se movilizan, ya que son avales a cargo de la banca.
Las ayudas directas para que las familias tengan un respiro a la hora de pagar los carburantes eran una demanda de Podemos, que pedía un cheque de 300 euros para todos los españoles que calculaba que supondría 5.700 millones de euros para las arcas públicas. La medida que ha anunciado Sánchez, que no ha cuantificado, se perfila muy inferior. Se trata de una subvención de 20 céntimos por litro, como la que se ha articulado para los transportistas, cuando la de éstos costará 650 millones. En el caso de dirigirse a "las unidades cuya renta conjunta anual no supere los 70.000 euros brutos anuales", la propuesta de Ione Belarra, y de rondar los 300 euros, esta iniciativa ya alcanzaría casi los 6.000 millones que pone el Estado encima de la mesa.
En plena crisis de la coalición, Sánchez ha adoptado la medida que exigía su socio, aunque con un impacto más reducido. Según el cálculo que ha hecho Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, hay un consumo anual de 34.000 millones de litros (datos de 2019, Agencia Tributaria), con lo que una rebaja de 15 céntimos que asume el Estado suponen 5.100 millones al año, unos 1.275 millones en tres meses. Tanto en la bonificación de carburantes al transporte como en la de las familias, una parte corre a cargo de las petroleras, en concreto, cinco céntimos por litro, cerca de 1.700 millones. A esto se añade la prórroga del bono social eléctrico.
A su vez ha anunciado que se pondrá un tope del 2% a la revalorización de los alquileres. El Gobierno había anunciado que estudiaba suspender su vinculación al IPC, ahora cercano ya al 8%, pero no estaba claro cómo iba a articularse. El Índice de Garantía de Competitividad que marca la nueva Ley de Alquiler en el caso de que el contrato no lo referencie a la inflación está ahora mismo en el 2,1%. El Gobierno ha decidido toparlo en el 2% en aras de que las familias que se sustentan como arrendatarios no sufran una pérdida mayor.
1.060 millones de euros para el transporte
El resto de medidas son los 1.060 millones de euros para el transporte a razón de 650 en subvención del gasóleo profesional por 20 céntimo litro y 450 millones en ayudas directas, además de otros 1.000 millones en ciberseguridad.
A esto se le añaden 500 millones en ayudas directas a la industria electrointensiva, más un incremento de recursos para compensar los peajes en un 80% y alcanzar el máximo en la compensación del CO2, 362 millones para la agricultura y 68 millones para la pesca, y mas ayudas, que no ha cuantificado, para industria y cultura, lo que supondría un total de cerca de 1.000 millones.
De esta forma, a estos cerca de 3.000 millones se le sumarían cerca de 1.500 millones que supondrá prorrogar entre dos y tres meses la rebaja fiscal a la luz a razón de la reducción del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto de generación eléctrica y la rebaja del Impuesto Especial a la Electricidad, que ha supuesto 2.000 millones en seis meses, entre julio y diciembre, pero que ahora se hace con un escenario de precios más elevados.
Asimismo, el presidente ha enunciado los ERTE que se ponen encima de la mesa, los de la reforma laboral, y una nueva prohibición del despido procedente por causa de la guerra, sin rastro del pacto de rentas entre patronal y sindicatos.
Todo esto se acompaña de una movilización de 10.000 millones de créditos ICO que la banca no ve bien en estos momentos, ya que le llevará a provisionar más. Se trata de 10.000 millones frente a los más de 100.000 que se movilizaron en la pandemia. Además de una batería de medidas de regulación energética que se basan en el pacto alcanzado el viernes en el Consejo Europeo para hacer de la Península Ibérica una isla energética en la que intervenir el mercado.
Los cinco ejes del plan
- Familias y trabajadores:
- Bonificación mínima de 20 céntimos el litro de combustible. 15 del Gobierno y 5 por parte de las petroleras.
- En el ámbito laboral se tomarán medidas para proteger el empleo como son las medidas de flexibilidad como los ERTEs.
- En materia de vivienda, las revisiones de los alquileres durante los próximos meses tendrán un límite del 2%.
- Aumentará un 15% la ayuda del ingreso mínimo vital.
- Más de 600.000 familias podrán acogerse al bono social de la electricidad.
- Se extienden las medidas sociales vinculadas a bajar la factura de la luz. El tipo de IVA seguirá al 10%, mientras que el impuesto especial de la electricidad seguirá al 0,5% y la suspensión del impuesto de generación eléctrica.
- Tejido empresarial:
- Nueva línea de avales de 10.000 millones en créditos ICO.
- Se extenderá el plazo de los créditos ICO.
- Importante paquete de ayudas valorado en 362 millones de euros para el sector de la agricultura y ganadería y 68 millones para la industria pesquera.
- Con respecto a la industria gran consumidora de energía, se compensarán los peajes en un 80% y se alcanzará el máximo en la compensación de CO2, lo que supondrá un paquete específico de 500 millones de euros.
- Otras medidas para el sector industrial, exportador y de la cultura se explicitarán mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
- Transporte:
- Será el beneficiario principal de esa rebaja de 20 céntimos el litro de combustible.
- El Gobierno pondrá en marcha ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. En concreto, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.
- Acortar de 3 meses a 1 mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos para aumentar la liquidez de los profesionales.
- Aprobar una ley de precios justos para los profesionales del transporte.
- Ciberseguridad.
- Nuevo plan de Ciberseguridad a escala nacional valorado en 1000 millones de euros con 150 actuaciones.
- Se va a constituir un centro nacional de operaciones de ciberseguridad de la AGE y de sus organismos públicos.
- Fortalecer la red de seguridad de la red de telecomunicaciones 5G.
- Energía:
- Portugal y España presentarán esta semana una medida temporal y provisional de establecer un precio de referencia del gas para generación eléctrica. La aprobación de esta medida por parte de la Comisión se prevé que sea lo antes posible y será aprobada por el BOE al día siguiente de la decisión europea, entrando así en vigor.
- La actualización del régimen retributivo de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (RECORE) supondrá una rebaja de cargos de en torno a 1800 millones de euros este año y permitirá que dichos cargos se reduzcan hasta el 55% al año.
- Extender el mecanismo que debe reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico marcado por el elevado precio de cotización del gas en los mercados internacionales.
- Otras medidas regulatorias para fomentar las renovables, el suministro y el almacenamiento energético.
