Los caprichos del calendario han querido que Pedro Sánchez se desayune este jueves un dato económico bueno y otro malo. Y el bueno no es tanto como parece. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado, por un lado, que el empleo sigue recuperándose con vigor; y por otro, que el fantasma de la inflación empieza a enseñar, ahora sí, los dientes. Vayamos por partes.
En Moncloa ya sabían que la Encuesta de Población Activa (EPA) iba a aportar titulares positivos en una semana para olvidar, marcada por el choque entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El tercer trimestre suele ser positivo para el empleo en una economía como la española, donde los servicios tiran de la locomotora. Y más después del fatídico 2020, que arrasó, precisamente, el turismo, el comercio y la hostelería.
El fin de las restricciones ha regalado este jueves al Gobierno un hito para sacar pecho: España ha vuelto a recuperar el nivel de los 20 millones de ocupados y se acerca ya a los niveles previos a la crisis de 2008. El efecto rebote tras la pandemia se aprecia con claridad en términos interanuales: la ocupación creció en 854.100 personas, un 4,45% más en comparación con el verano del año pasado. En aquellas fechas no había ya estado de alarma, pero sí restricciones más o menos severas en buena parte de las autonomías.
Lo que está tirando de nuevo del mercado laboral son los servicios. Ese hecho entraña una noticia buena y otra no tanto. De entrada, España está recuperando buena parte del empleo perdido en el sector más castigado. Sin embargo, el mercado laboral que va aflorando tras el 'tsunami' refleja las mismas debilidades previas a la Covid: el peso excesivo de actividades donde domina la precariedad y el elevado grado de temporalidad.
El mercado laboral que va aflorando tras el 'tsunami' refleja las mismas debilidades previas a la Covid: el peso excesivo de actividades donde domina un elevado grado de precariedad
Bastan un par de datos para hacerse una idea. En los últimos 12 meses, el sector servicios ha ganado 739.000 ocupados, una cifra apabullante al lado de los poco más de 40.000 empleos generados en la industria o la construcción (30.400 en el caso de la agricultura). El total de nuevas nóminas registradas en el mismo periodo asciende a 808.300: 300.700 son fijas, pero ganan por goleada las temporales (507.800). Es decir, por cada nuevo asalariado con un contrato indefinido hay 1,6 con uno eventual.
Ese desequilibrio es, junto al paro juvenil, el asunto que más preocupa en Bruselas. Por eso, precisamente, la Comisión Europea está reclamando una reforma laboral decidida. No lo tendrá fácil Sánchez, preso por el compromiso alcanzado con Pablo Iglesias para gobernar en coalición. La promesa, por escrito, de derogar la ley de Mariano Rajoy introduce demasiados palos en las ruedas de la recuperación, en un momento sensible por los nubarrones que crecen en el horizonte.
Es más inquietante la subida de la inflación. Los ministros económicos de Sánchez llevan meses cruzando los dedos para que la escalada del recibo de la luz no contagie a otros productos de primera necesidad. El Índice de Precios al Consumo (IPC), publicado también este jueves por el INE, no refleja todavía esa realidad, pero sí desprende síntomas preocupantes. Si el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) no han dado hasta ahora la voz de alarma, se debe a que el aumento de la inflación estaba ligado totalmente a los precios de la energía. Crecía como la espuma el IPC general, pero no la inflación subyacente, el indicador que no tiene en cuenta la variación de los precios más volátiles, principalmente los energéticos.
El roto de la inflación será mayor si la subida persiste en los próximos meses. Inyectará presión al Gobierno con las pensiones y el sueldo de los funcionarios; y a las empresas a la hora de renegociar los salarios
Según el INE, el IPC se ha disparado en octubre hasta el 5,5%, el nivel más alto en 20 años. El encarecimiento de la energía -sobre todo, la electricidad- vuelve a ser la causa. El problema, lo que empieza a inquietar a algunos economistas, es que la inflación subyacente ha trepado desde el 0,0% de abril al 1,4% del mes pasado. Aún queda margen para alcanzar el objetivo que marca el BCE para mover ficha con su política monetaria (2%). Sin embargo, la tendencia intensifica la amenaza de que el 'tarifazo eléctrico' se traslade a la cesta de la compra.
El aumento imparable de la inflación tiene efectos dañinos para la economía y, por tanto, para las previsiones 'macro' del Ejecutivo. De entrada, elevará en varios miles de millones el sobrecoste de las pensiones en 2021, ya que el Estado debe compensar a los jubilados por el desvío. Pero el roto será mayor si la subida persiste en los próximos meses. Es lo que los expertos denominan "efectos de segunda ronda". El aumento generalizado de los precios inyecta presión al Gobierno con las pensiones y el sueldo de los funcionarios; y a las empresas a la hora de renegociar los convenios salariales.
Según los últimos datos del INE, los salarios pactados en convenio crecieron un 1,46% entre enero y septiembre. Esto implica que los trabajadores están perdiendo lentamente poder adquisitivo ante la subida del IPC. Hasta ahora, predominaba la idea de que el tirón de la inflación era una cuestión temporal, acotada en el tiempo y ligada exclusivamente a la crisis energética. Esa previsión ha servido para contener las demandas de los sindicatos. Sin embargo, si el problema se enquista, los líderes sindicales sumarán argumentos para reclamar subidas a las empresas. Y una parte muy importante de ellas aún se están reponiendo del latigazo de la pandemia. Demasiada cal para tan poca arena.
