El plan de Hacienda de cobrar el impuesto a las grandes fortunas la próxima primavera peligra. Quedan dos Plenos en el Congreso hábiles antes de que acabe el año y su intención de adelantar la entrada en vigor del impuesto a 2022, un año antes de lo anunciado inicialmente, para ingresarlo en 2023 puede fracasar por lo ajustado de los plazos. Es uno de los motivos por los que el Gobierno ha retirado de forma insólita sus vetos a varias enmiendas a la proposición de ley que crea los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas en menos de 24 horas, ya que esta censura alargaría el proceso, según explican fuentes parlamentarias. En el mismo sentido está operando el miedo a que se plantee una moción de censura a Pedro Sánchez, trasladan las fuentes citadas.

El Gobierno no teme la moción en sí misma, que podrían plantear el PP o Vox, que creen que superaría sin problema, sino el retraso que supondría en el calendario de tramitación. Una moción de censura congela la agenda legislativa, que queda paralizada una semana y mueve todo hacia adelante. En un momento en el que solo quedan dos plenos después del de la semana que viene, en el que se quiere que el Congreso apruebe la proposición de ley y la remita al Senado.

A su vez, en la Cámara Alta quedan sólo dos sesiones antes del 31 de diciembre y la proposición no se podría aprobar antes del 13 de diciembre. Si no hay cambios, quedaría validada definitivamente, pero se espera que en una norma tan sensible los haya. En su vuelta al Congreso sólo quedaría el último Pleno antes del final del año, el de la semana del 20 de diciembre, para dar luz verde a los impuestos. Todo esto, en un escenario normal, el previsto, que se ve ya muy ajustado. Una moción de censura trastocaría este esquema e impediría la probación de la proposición de ley en 2022.

Si se valida en enero de 2023, los impuestos a banca y energéticas, que se devengan a finales del año, pueden entrar en vigor y cobrarse. No es lo más ortodoxo y daría más argumentos a los recursos contra los impuestos, pero puede hacerse. Sin embargo, el impuesto a grandes fortunas, que se declara al año siguiente de su entrada en vigor, no podría cobrarse hasta la primavera de 2024.

El retraso del impuesto a los ricos desbarataría los planes de Hacienda de ingresar los 1.500 millones previstos en 2023 y de impedir que los grandes patrimonios afectados puedan planificar estrategias de elusión del impuesto o directamente, irse de España, ya que su entrada en vigor en 2022 no les deja margen de acción. Sólo caben planificaciones para 2023.

Compromiso con Bruselas

Asimismo, se quedaría sin el argumento político más potente que le ofrece estar ya cobrando el impuesto de cara a las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

A esto se suma que el Gobierno quiere utilizar este impuesto como muestra de que cumple el compromiso de reforma fiscal que acordó con Bruselas en el Plan de Recuperación, que tenía que estar en vigor en el primer trimestre de 2023.

La Comisión Europea ha recordado al Ejecutivo en septiembre que se comprometió a hacer una reforma fiscal y ha puesto el foco en la armonización fiscal para obligar a la Comunidad de Madrid y otras regiones del PP a subir Patrimonio y Sucesiones, uno de los componentes del Plan. Si esta reforma no está lista cuando se ha comprometido, España se arriesga a perder el tercer pago de fondos, ha advertido.

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