De la 'no amnistía fiscal' de Montoro al 'no cupo' de Montero: las mentiras de los ministros de Hacienda

El empeño de María Jesús Montero en negar desde este miércoles que el PSOE ha pactado con ERC un cupo o concierto para Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa para intentar acallar el enfado de propios y extraños recuerda al empecinamiento de Cristóbal Montoro en evitar la palabra "amnistía" fiscal para nombrar este perdón para evasores que aprobó en marzo de 2012. El Ministerio de Montoro se refería a la amnistía como "declaración tributaria especial" o "regularización", lo que argumentaba en que se exigía un pago del 10% -parecido al de otras amnistías-, que al final se relajó y el tipo efectivo fue sólo del 3%.

Lo que es novedoso es que desde el Gobierno y de quienes en el PSOE y sus afines justifican el acuerdo aseguren además que no es un cupo o concierto porque en el acuerdo no se mencionen estas palabras. Evidentemente en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público no se menciona la palabra "amnistía" pero nadie tuvo dudas en que lo era y al Ejecutivo del PP no se le ocurrió esgrimir como argumento de que no lo era el que no se mencionara el término en el texto legal. Las amnistías fiscales que hizo el PSOE tampoco se llamaron así.

El PSOE de Pedro Sánchez en cambio no ha tenido problemas semánticos con la amnistía a los condenados por el procés, aunque le ha añadido al nombre de la ley "para la normalización institucional, política y social en Cataluña".

¿Qué dice el acuerdo entre PSOE y ERC? Que se trata de un "nuevo modelo de financiación basado en una negociación bilateral con el Estado [...] Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea. La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña [es decir, como el cupo] y la aportación a la solidaridad".

Más adelante se incluye en el apartado "transitoriedad" la citada aportación de solidaridad. ERC ya advirtió cuando presentó su modelo de que así sería, que la supuesta solidaridad sólo se producirá al principio. El texto también prevé más fórmulas para engrosar las arcas catalanas en forma de "consorcio para inversiones" y atribuciones de "IVA de pymes" y de "arrendamientos turísticos".

¿Y qué dicen libros y manuales, incluso el Chat GPT, que es el concierto?: "Un acuerdo financiero entre una región o comunidad autónoma y el gobierno central de un país, en virtud del cual la región tiene autonomía fiscal para recaudar y gestionar sus propios impuestos. A cambio, esa región realiza una aportación al gobierno central por los servicios que este presta en su territorio, como la defensa o las relaciones exteriores".

Esta estrategia de negar lo que dice el acuerdo y su nombre lleva al Ministerio de Hacienda a argumentar como si de un debate filosófico se tratara, de que son meras cuestiones "nominalistas". Fiscalistas como Antonio Puentes e inspectores de Hacienda ironizan en redes: "Si anda como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, ¿qué es?".

Un debate en LinkedIn en el que no ha dudado en entrar Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMV, marido de Teresa Ribera e hijo de Enrique Bacigalupo, que hila muy fino para intentar justificar el acuerdo, pero no consigue rebatir que sea un cupo. De hecho, se agarra a que hay una "contribución solidaria" -a la que se renunciará en su debido momento- para intentar ahogar las críticas sobre la insolidaridad del modelo.

Bacigalupo alega que Cataluña, a diferencia de País Vasco y Navarra, no tendrá competencias normativas en los impuestos, cuando el acuerdo dice que la Generalitat será quien "aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea".

Respecto al aumento de capacidad de coordinación con la UE, el País Vasco no la tiene y muestra de ello es que es uno de los puntos del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el PNV, además de asumir la gestión de la Seguridad Social.

En Sociedades incluso el Gobierno de Sánchez ya ha prometido a Junts sanciones a empresas fugadas desde la Ley General Tributaria y la Ley de Sociedades de Capital.

En el IVA el acuerdo incluye además una "atribución de la recaudación del IVA PYMES en función de su domicilio en lugar de la estadística de consumo y análisis de la extensión de este mecanismo a otros tributos" que lleva a los expertos consultados por Vozpópuli a advertir de que se pretende emular la opacidad en el cálculo del cupo vasco respecto al IVA y a la compensación en este impuesto que se arrancó por ser una comunidad que produce más de lo que consume.

Bacigalupo también justifica la pretendida diferencia con el cupo en que lo pactado no será una competencia constitucional, y alude a que el Tribunal Constitucional (TC) avaló cuestiones del Estatut comprendidas en el pacto, cuando no el TC se pronunció sobre la Agencia catalana consorciada o delegada porque el PP no lo incluyó en el recurso.

Borrell y los inspectores de Hacienda ven claro el cupo

Josep Borrell se ha reafirmado este viernes en la entrevista con El País que se publicó tres días antes de las declaraciones de Montero en que el acuerdo es "un concierto", por lo que ha señalado que "no hay que tener miedo a las palabras" ni "refugiarse" en el término de "financiación singular". Y lo ha hecho después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda le acusara de parcialidad.

Tampoco tiene dudas sobre que estamos ante un concierto la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se manifiesta muy crítica contra el acuerdo y el cupo desde su rúbrica a finales de julio.

Ni Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House), que apunta en la tribuna "El concierto para Cataluña y el final del sistema de financiación autonómico", publicada en El Economista el 3 de agosto, es decir, 20 días antes de las polémicas palabras de Montero, sobre el IVA y la solidaridad que el acuerdo va a llevar a Cataluña: "No sólo es una cuestión de que el País Vasco y Navarra no participen en los grandes fondos del sistema de financiación, y tampoco aporten una cuota "de solidaridad", sino que en la práctica reciben financiación de los habitantes del resto de CCAA, que, salvo Madrid, son más pobres. Un par de ejemplos es que el ajuste del IVA que perciben todos los años el País Vasco y Navarra de la Agencia Tributaria es superior al cupo vasco y a la aportación navarra".

Otro caso más que aporta De la Torre es el de "los gastos impropios de la Seguridad Social, que en el último presupuesto ascendieron a la friolera de 38.000 millones de euros y que se financian con impuestos, pero sólo de los contribuyentes a la Administración General del Estado, no de los territorios forales. Pero, los pensionistas vascos (que tienen la pensión media más elevada de España) y navarros cobran sus pensiones de la Seguridad Social, que en parte se financian con impuestos…".

En este sentido, según los cálculos de Vozpópuli, el Gobierno exime al País Vasco de pagar 2.300 millones para costear las pensiones.

Un asunto sobre el que también ha advertido José Andrés Rozas en su entrada "Las medidas fiscales del acuerdo de investidura PSC-ERC" en FiscalBlog el 7 de agosto. Quieren quedarse "con las llaves de la caja, con los recursos fiscales, pero no, ¡hasta ahí podíamos llegar! con el déficit de la Seguridad Social en su territorio", que "se seguirá financiando mediante el creciente recurso del Estado al endeudamiento del Reino de España".

Tras un detallado análisis de las heterogéneas e "inconsistentes" medidas del acuerdo, a las que augura dificultades técnicas en su implementación, Rozas recuerda que la reforma "no depende ya de las juventudes de ERC sino de los conejos que de su chistera sin fondo logre -o no- extraer el presidente del Gobierno de España para apaciguar el patio de su propio partido y contentar a sus circunstanciales conmilitones de votaciones parlamentarias".

"Obviamente, era una cuestión de tiempo que Cataluña, otra autonomía rica y con fuerte presencia de partidos nacionalistas, quisiese imitar este modelo. Recordemos que Àrtur Mas, en 2014, proponía un pacto fiscal "que diese los mismos resultados económicos que el concierto económico vasco". Fue la negativa de Rajoy a acceder a esta exigencia lo que inició la fase final del procés per la Independència", remacha Francisco de la Torre.