En el mejor año de los ingresos desde la gran depresión, las Administraciones Públicas han registrado un nuevo récord del gasto de personal. Según los datos de la Contabilidad Nacional, el pago de las nóminas de los empleados públicos y de los políticos alcanzó los 147.363 millones de euros en 2021 frente a los 140.454 millones del año anterior y los 134.729 millones de 2019.
Este incremento no se debe sólo al aumento del personal de sanidad de las autonomías, ya que la mayoría de las Administraciones Públicas también han aumentado las nóminas de los servicios generales. Mientras, las empresas privadas (sociedades no financieras) han registrado unas remuneraciones salariales totales de 362.536 millones frente a los 375.668 millones de 2019.
Las diferencias son notables: la masa salarial pública (incluye salarios y cotizaciones del empleador) ha crecido un 9,4% (12.634 millones más) desde que comenzó la crisis de la pandemia, con 222.000 empleados más (hasta casi 3,5 millones en 2021), mientras que ha bajado el coste de personal de las sociedades privadas en un 3,3% (la caída alcanzó en 2020 el 9%) y perdura el descenso de los ocupados (unos 4.200) hasta 16,7 millones también en 2021.
Se trata de 13.130 millones menos de remuneraciones privadas, que sumados a la pérdida también de masa salarial en este periodo de las instituciones financieras (bancos y compañías de seguros) supera con creces los 13.500 millones.
Las cifras de esta inmensa bola de nieve de gasto estructural en su mayor parte son importantes. Esos más de 147.300 millones de gasto de personal público equivalen a la suma de la totalidad de los ingresos por IRPF (94.596 millones), más los 26.627 millones del Impuesto de Sociedades, más los 19.729 millones obtenidos por los Impuestos Especiales (por los hidrocarburos, electricidad, vino o alcohol) y también a un 10% de la caja del IVA, cuya recaudación total ha sido de 72.498 millones.
Todo esto supone que las remuneraciones salariales públicas se comen el 66% (dos tercios) del conjunto de los ingresos tributarios en términos de caja que en 2021 alcanzaron los 223.000 millones. Es decir, esta partida, que crece año tras año sin que le afecte crisis alguna, impide actuaciones de las Administraciones para atajar situaciones de emergencia y evitar el colapso económico o, por ejemplo, un acusado proceso de hiperinflación como el que se vive ahora.
Plantilla ajena a los ajustes
No se ha hecho un solo ERE o ERTE en las Administraciones a lo largo de su Historia (la nueva reforma laboral del PSOE los impide directamente), ni siquiera una reforma, adecuación o reestructuración de las plantillas para atender la demanda de nuevos servicios que exigen los tiempos actuales o la mejora de la sanidad mientras crece espectacularmente el empleo a pesar de la incalculable inversión en procesos tecnológicos (aumentando la participación on line ciudadana).
Desde que comenzó la gran crisis en 2007, el coste en nóminas públicas ha subido un 37% (en más de 30.000 millones en términos corrientes) mientras que sólo ha crecido un 8% en las empresas privadas, que son las que se han visto afectadas por los vaivenes de los años más duros del ajuste y de la pandemia. Desde que el Estado comenzó las transferencias de las competencias a las autonomías en los primeros años del 2000 se ha duplicado con creces este gasto de personal público (113% más desde 2001), mientras que en el sector privado sólo ha aumentado a la mitad (53%).
Uno de cada cuatro euros de cada nómina que se paga en España corre a cargo de una Administración Pública
Esta falta de flexibilidad laboral, que confirma que cuánto más se recauda más se gasta en las Administraciones, deja poco margen para hacer más cosas (como, por ejemplo, incrementar la inversión pública, que genera actividad y empleo en la economía o habilitar la competencia en los sectores oligopolistas) evita que los Presupuestos sirvan para algo más que para cumplir un mero trámite parlamentario y político.
No hay que olvidar que el aparente ‘buen resultado’ del déficit en 2021, hasta el 6,8% del PIB, se debe al aumento de los ingresos totales consolidados (de más de 61.000 millones) respecto al año anterior (del 13,2% mientras que los tributarios suben más del 15%) y no al control o a la reducción del ingente gasto público improductivo (hay 21.000 unidades y entes públicos en todo el país), que ha crecido un 5% (unos 29.000 millones más).
Se trata de un inesperado resultado del ejercicio (los ingresos tributarios de 2022 son una inmensa nebulosa), que podría haberse utilizado para haber asestado una fuerte corrección al déficit para evitar que la deuda pública (118% del PIB) siga creciendo cuando ya hay más que indicios del repunte de los tipos de interés mientras que el BCE podría poner fin a medio plazo a su plan de compras de esa deuda.
El coste de los funcionarios
Esos 147.300 millones del coste del personal público en 2021 representan además el 25% del gasto total del conjunto de las Administraciones (incluye el pago de las pensiones). Es decir, cuatro de cada 10 euros de todos los Presupuestos se destina a abonar nóminas. Lo que deja poco margen de maniobra a la política presupuestaria para activar puntualmente la economía. Y llega al 26% del conjunto de las remuneraciones salariales en España (públicas y privadas, incluyendo a las entidades financieras y las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares), que se aproximan a 573.000 millones (2.000 millones menos que en 2019 y 65.000 menos que en 2007), cuando antes de la pandemia ese porcentaje era del 23% y del 21% al inicio de la gran crisis en 2007.
Por tanto, uno de cada cuatro euros de cada nómina que se paga en España corre a cargo de una Administración Pública. Ese porcentaje sobre el total de la masa salarial del país es del 63% en las empresas privadas cuando en 2019 llegaba al 65% y al 66% en 2007. Lo que pone en evidencia la pérdida de pulso salarial en las compañías (en el primer año de la reforma laboral del PP esa masa se situó por debajo de los 300.000 millones) mientras suben como la espuma las remuneraciones públicas, sobre todo por el incremento de efectivos. Ahora hay casi medio millón más desde la gran depresión, hasta los casi 3,5 millones, mientras que en el sector privado hay 1,1 millones de ocupados menos que en aquel año, hasta los 16,7 millones.
Desde que comenzó la gran crisis en 2007, el coste en nóminas públicas ha subido un 37%, mientras que sólo ha crecido un 8% en las empresas privadas
Esos 147.300 millones de gasto de personal público alcanzan además otro nuevo récord ya que representa el 12,5% del PIB. Es decir, ocho de cada 100 euros que se producen en España se destina a este gasto, casi dos puntos más que en 2019 y casi tres puntos más que en 2007. Mientras, la masa salarial de las sociedades no financieras se quedan en el 30% del PIB, una décima por debajo de 2019 y un punto menos que en el inicio de la gran depresión.
En cuanto al reparto de esa masa salarial pública, casi el 63% (91.738 millones) corresponde a las autonomías (5,6% más en el último año). Un 20% (29.348 millones) es de la Administración Central y la Seguridad Social, con un incremento del 3% sin tener competencia alguna en materia en sanidad o, por ejemplo, educación, y lo mismo sucede con los ayuntamientos, que tienen casi un 18% de este coste (26.277 millones) con un alza del 4,7%.
