Los más de tres millones de empleados públicos experimentarán en octubre una subida salarial del 0,5% que se suma a la del 2,5% aplicada desde enero. Ambas subidas elevarán la factura en 2023 hasta los 158.500 millones, 4.600 millones más que en 2022, ya en niveles récord.
Este gasto extraordinario en la remuneración de asalariados que pagan todas las administraciones públicas viene provocado por la fuerte inflación que sigue sufriendo España. En octubre del año pasado los sindicatos pactaron con el Ministerio de Hacienda una subida del 9,8% en tres años.
Las primeras se efectuaron ya en 2022, con una subida del 3,5% (un 2% a principios de año y un 1,5% adicional a finales, con efectos retroactivos desde enero). El año se cerró con un gasto total de 153.824 millones de euros en las nóminas de funcionarios y políticos.
En enero de este año, según lo pactado, los sueldos públicos subieron otro 2,5%, pero con un 1% variable según la evolución del IPC y del PIB. Los sindicatos ya dan por hecho que en octubre los funcionarios verán incrementadas sus nóminas en un 0,5% al superar el 6% "la suma de la variación del IPC armonizado del 2022 y de septiembre de 2023".
620 millones más sólo en octubre
Además, esta subida tiene carácter retroactivo desde enero, con lo cual junto a la nómina del mes de octubre, ya incrementada en un 0,5%, los funcionarios deberían recibir la subida retrasada de las diez nóminas anteriores (las de enero a septiembre, junto a la extraordinaria de junio).
Esto supondría sólo en el mes de octubre un gasto extraordinario para las administraciones públicas de unos 620 millones de euros. En el conjunto del año, la subida del 0,5% elevará la factura en 790 millones, que se suman a los 3.800 millones 'de más' que ya supondrá este año haberlas subido un 2,5% en enero.
En todo caso, como ocurrió en 2022 con la subida extra del 1,5% a finales de año, se podría dar más margen a comunidades autónomas y entidades locales para abonarla. En aquel momento se esperaba que la subida de todos los meses anteriores se pagara en la nómina de noviembre, pero las CCAA y ayuntamientos tuvieron hasta el 31 de marzo de 2023 para materializar el pago.
Más subidas a futuro
El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por UGT y CCOO en octubre del año pasado, contempla otra posible subida del 0,5% este año si el PIB nominal en 2023 es mayor o igual al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, esta última subida no se aplicará, en caso de cumplirse la condiciones, hasta 2024, tal y como informó Vozpópuli. Lo que sí es seguro es que los empleados públicos tienen pactado un incremento fijo del 2% para el 1 de enero de 2024, al que se podría sumar ese 0,5%.
Finalmente, "si no se ha recuperado poder adquisitivo en estos años", según apunta CCOO, se realizaría una última subida del 0,5% en 2024, que previsiblemente también se podría hacer efectiva ya en 2025. Esto ocurrirá, según lo pactado, si el IPC armonizado ha subido más de un 8% entre 2022 y 2024.
El gasto, en niveles récord
El gasto en las nóminas de funcionarios y políticos crece año a año y están en niveles récord. Hace cuatro años, en 2019, el gasto rondó los 134.800 millones, casi 24.000 millones menos que lo que se estima para este año con las subidas salariales. Se trata de una inmensa ‘bola de nieve’ que ningún Gobierno se atreve a deshacer.
Al ser preguntada por este asunto, Mª Jesús Fernández, economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) apunta a la "contención" que debería haber, "no tanto en la subida salarial como en el tamaño de la plantilla que trabaja en la administración pública".
"No me refiero a personal sanitario, policía y servicios públicos básicos; sino al personal administrativo; ni tampoco a despedir, que sabemos que no se puede, sino a no cubrir las plazas de los que se jubilan y reorganizar a los que quedan para buscar la eficiencia y reducción de personal", añade Fernández.
Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la OCDE. En términos absolutos, hay un margen de mejora de 60.000 millones de euros, calculan los expertos.
Por su parte, el Círculo de Empresarios cifra en 48.600 millones de euros el gasto público ineficiente en España. Entre otras medidas, propone ajustar los gastos de personal de las comunidades, donde más ha crecido el número de funcionarios, y los de sanidad y educación de acuerdo con la eficiencia, con planteamientos como las centrales de compras, manteniendo los servicios.
