Tras la sentencia este jueves del Tribunal de Justicia de la UE, tanto la Superliga que lidera el Real Madrid como la UEFA volvieron a reivindicar sus posturas sin apenas inmutarse, como si ambas partes hubieran obtenido razones a las que aferrarse. ¿Ha sido realmente así?
La realidad es que, como venían trasladando fuentes del sector, la fractura del fútbol ha comenzado a aflorar. El Nápoles ha sido el primero en romper una lanza a favor de la Superliga...y no sería el último. Y es que el proyecto que lidera Florentino Pérez ha conseguido dar un paso adelante en la línea de un respaldo legal desde el que poder empezar a negociar, en un plazo de año y medio, las condiciones del futuro sin correr, a corto plazo, el riesgo de represalias.
Como corroboran fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, el TJUE ha frenado las sanciones que la UEFA amenazó con cursar en 2021, deportivas y económicas, para todo aquel que siquiera coqueteara con un proyecto alternativo. El presidente del Real Madrid, sus socios y asesores como el despacho británico Clifford Chance han sabido encontrar un vacío legal en la UEFA: la falta de un reglamento de autorización previa de competiciones de terceros.
El ente suizo no lo tenía en 2021 y, ante el anuncio de los clubes díscolos, se vio en la necesidad de actuar con arbitrariedad, sin ningún otro marco en el que apoyarse más que el de su propia discrecionalidad. Un ejemplo patente del "abuso de posición dominante" censurado por el TJUE, que sin embargo no ha criticado acabadamente el monopolio de la entidad suiza.
¿Por qué? Del fallo desde Luxemburgo se desprende que la crítica de los jueces a la UEFA tiene más que ver con la falta de ese reglamento que con las sanciones en sí. En otras palabras, no con el hecho de que el ente suizo actúe como un monopolio que vele por salvaguardar sus competiciones y con ello el modelo europeo de la completa meritocracia desde las ligas, que según la Jurisprudencia comunitaria, podría precisar una protección especial… sino con cómo lo ejerció entonces.
El Gobierno inglés, al que no le alcanza la jurisprudencia europea, trabaja en una legislación que impondría a sus clubes el deber de ceñirse a las competiciones organizadas por la entidad suiza.
"Debe considerarse que la adopción de normas relativas a la autorización previa de competiciones de fútbol de clubes y a la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en estas competiciones puede quedar justificada, por principio, por objetivos de interés general consistentes en garantizar, con anterioridad a la organización de estas competiciones, no solo que estas se organizarán observando los principios, los valores y las reglas del juego propios del fútbol profesional, en particular los valores de apertura, mérito y solidaridad, sino también que estas competiciones se integrarán, de forma materialmente homogénea y temporalmente coordinada, en el 'sistema organizado' de competiciones nacionales, europeas e internacionales que caracteriza a este deporte", llega a razonar el TJUE.
"No obstante, dichos objetivos no pueden justificar la adopción de tales normas cuando estas no estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, preciso y no discriminatorio (...) En efecto, para que un régimen de autorización previa del tipo que estas normas instauran pueda considerarse justificado, este debe, en cualquier caso, basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, de forma que queden establecidos los límites del ejercicio de la facultad de apreciación que confieren a la instancia habilitada para conceder o denegar esta autorización previa y se evite que esta facultad se utilice de manera arbitraria".
Desde Nyon se reivindica haber desarrollado -aunque ya en 2022, después de que se creara la Superliga-, un reglamento de autorización de competiciones de terceros, que permitiría a estos más o menos saber a qué atenerse -lo que no ocurría al momento de iniciarse el juicio-. La nueva normativa supeditaría una eventual participación de los clubes en la Superliga a su exclusión de las competiciones de UEFA, pero en él, no se contemplarían castigos contra jugadores ni exclusiones de las ligas nacionales, otros de los objetivos perseguidos por los díscolos.
En cualquier caso, el mayor poder de negociación de la UEFA seguiría residiendo en sus vínculos con las ligas y federaciones nacionales. El Gobierno inglés, que tutela la que es hoy la liga financieramente más potente del mundo, trabaja en una legislación que impondría a sus clubes el deber de ceñirse a las competiciones organizadas por la entidad suiza.
Negociaciones de la Superliga
Así las cosas, el principal desafío tanto deportivo como económico que ahora plantea la UEFA para la Superliga a la hora de negociar con posibles adherentes pasa por las condiciones de acceso. ¿Por qué? Porque una vez celebrada la primera edición, solo dos equipos descenderían desde la primera división de 16 equipos de la Superliga a la segunda...¿pero cómo se clasifican los primeros 16 de la cúspide?
A la segunda se podría llegar desde la tercera, la única para la que se ha podido garantizar la total meritocracia en el acceso. Una liga de 32 equipos equivalente a la actual Conference League, a la que se llegaría desde las ligas nacionales -que hoy dan acceso a todas las competiciones y preservan el modelo deportivo que el TJUE ha considerado de especial protección.
"Una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada", se limitaron a señalar los quince jueces de Luxemburgo. "El posible impacto para las ligas nacionales es igual o peor que con el formato de 2021", aseguró el presidente de LaLiga Javier Tebas este jueves en un encuentro con periodistas, deslizando que la primera división del nuevo formato es equivalente a la Superliga de 2021 y con menos equipos.
El anunciado hace casi tres años -que se venía trabajando desde antes, como avanzó Vozpópuli- era un formato semi cerrado de 20 clubes que dejaba un margen de cinco plazas para la clasificación desde las ligas. Con ese formato, LaLiga corría el riesgo de perder hasta 2.000 millones de euros anuales en ingresos hasta dejar de ser un negocio en cinco años, según la consultora KPMG.
"En el primer año de la competición, los clubes serán seleccionados en función de un índice de criterios transparentes", se han limitado a señalar desde A22, la promotora de la Superliga, sin dar más detalles. Los impulsores del proyecto alternativo tienen por su parte otra baza: el cuestionamiento que el TJUE ha dejado en manos de la Justicia de Madrid -sede de la Superliga- sobre la legalidad o no del reparto audiovisual de las competiciones de la UEFA, que esta ha comercializado con un ajuste en el valor medio por partido para la próxima temporada.
Para la próxima campaña, el ente que preside Aleksander Ceferin ha prometido al centenar de clubes de todas las competiciones europeas una facturación total de 4.400 millones -de los que la UEFA deduce casi 600 millones entre "gastos de competición" y fondos propios-, por los 4.000 millones que la Superliga consiguió ya para 20 clubes en 2021. La apuesta de esta última con su nuevo formato sería garantizar un mínimo de 14 partidos a cada participante, frente a los 8 del formato de la UEFA.
El componente del reparto televisivo podría cobrar mayor relevancia en las próximas semanas en el marco de las conversaciones que la Superliga podría entablar con la UEFA y profundizar con los entre 50 y 60 clubes que ha contactado este último año en pos de un nuevo sistema, que se disputaría en el espacio temporal del calendario que hoy ocupan en exclusiva la Champions, la Europa League y la Conference League.
